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Contundente, definitivo, aberrante: análisis y reacciones del informe ratificatorio de la OEA sobre el fraude electoral

Los editoriales de El Deber y Página Siete de este martes son contundentes. La Razón muestra hacia dónde piensa ir el gobierno con el polémico tema.

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El Deber – Ratificación de la OEA sobre el fraude de 2019

Después de poner en contexto el informe de la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos, que causó un remezón en Bolivia, el editorial de El Deber d este martes afirma con contundencia que “el documento de la OEA destruye, pulveriza el informe de la consultora española contratada por la Fiscalía porque contiene errores, omisiones, contradicciones, inconsistencias, falta de sustento técnico y finalmente porque tienen comprometido el grado de profesionalismo del dictamen pericial”. Además, señala que lo valioso del nuevo informe es que detalla una a una las “graves falencias” de la pericia dirigida por el docente español Juan Manuel Corchado.

Uno de los aspectos dolosos que resalta El Deber, a la luz del informe ratificatorio de la OEA, es que el Tribunal Supremo Electoral de 2019 ocultó información sobre la manipulación del sistema informático de procesamiento de resultados. “El informe advierte que las evidencias destruidas tras la elección de 2019 no desaparecieron solas ni por un simple error, sino con el propósito claro de ocultar hechos incriminatorios y recuerda que fue la OEA en su trabajo de campo la que descubrió la existencia de dos servidores ocultos, los mismos que no habían sido incluidos en la documentación entregada por el Tribunal Supremo Electoral de entonces”, sostiene el texto de opinión.

“Pocas veces se leyó algo tan firme y contundente de la OEA con relación al fraude electoral de octubre de 2019”, puntualiza El Deber luego de marcar una frase del informe de la OEA por demás demoledora: los estudios a pedido ‘marcan el fracaso de aquellos que intentan de cualquier manera validar lo imposible’. “Con ese documento, que viene de la principal organización de las naciones del continente, es absurdo que el Gobierno persista en su fábula del golpe de Estado o que la Fiscalía continúe con su estrategia para dejar sin efecto el caso fraude electoral”, finaliza el editorial del diario de Santa Cruz.

Página Siete – La OEA desbarata la pericia española

El editorial del diario paceño marca una certeza ya establecida en el informe ratificatorio de la OEA. Que la revisión de las bases de datos de los sistemas realizada por el grupo español encabezado por Juan Manuel Corchado, a pedido de la Fiscalía General, “carece de valor”. Y para sustentarla, rescata la siguiente afirmación del documento: “El estudio pericial, pagado por la Fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019”, amén de lo remota y extemporánea que fue la cuestionada pericia que contiene “12 deficiencias, ocho omisiones, y cuatro contradicciones”.

Página Siete anota que lo más interesante del informe de nueve páginas de la OEA es la incongruencia del Grupo Bisite de Corchado. “En síntesis, el informe del análisis pericial reconoce que el trabajo realizado fue acotado, que fueron posibles las alteraciones manuales de los sistemas y bases de datos, que personas no identificadas podían efectuar cambios y no dejar rastros, que no existió supervisión, y que no se puede garantizar la integridad y autenticidad de la evidencia. A pesar de ello y con base únicamente en una simple comparación de las bases de datos, en el informe se afirma que no existió manipulación”. Es la conclusión textual de la OEA destacada por el editorial de Página Siete.

“Es realmente vergonzoso que el fiscal Juan Lanchipa haya tomado una decisión tan importante basado únicamente en una pericia tan cuestionada. Es decir, la Fiscalía contrató a un equipo extranjero para que investigue su propia investigación, lo que lleva a colegir que en vez de Ministerio Público, esa instancia es juez y parte en este caso”, sostiene el diario de La Paz y saca una conclusión política que consiste en que el MAS pretende “borrar las irregularidades del proceso de 2019, para terminar de instaurar la posverdad del ‘golpe de Estado’ y, con ello, aplastar a sus rivales políticos que osaron sacarlo del poder e instaurar un gobierno transitorio”.

La Razón – El gobierno analiza llevar el caso a la ONU

Una nota informativa de La Razón sobre la base de una entrevista realizada por Cadena A al embajador boliviano en la OEA, Héctor Arce, da cuenta de que el gobierno boliviano evalúa el traslado de la “defensa de las elecciones de 2019” a la Organización de Naciones Unidas, es decir de Washington a Nueva York. “No tenemos el menor inconveniente en llevar esto a las instancias más elevadas si fuera necesario (…) vamos a estudiar la posibilidad de llevar este tema incluso al pleno de Naciones Unidas, si el organismo regional es incapaz de conocer la verdad y actúa sesgada y políticamente por el accionar de una persona y un grupo de personas que tienen secuestrada a la organización”, advirtió Arce en el programa Noches Sin Tregua.

La Razón resume las palabras que utilizó Arce para intentar descalificar el informe ratificatorio de la OEA. “Páginas calumniosas”, “desesperado exabrupto”, “aberrante”, “ilegal” y “estupidez” conforman la lista de calificativos del Embajador de Bolivia ante la OEA, el organismo continental al que el país pertenece por decisión soberana desde el siglo pasado. “Almagro y un grupo de personas tienen secuestrada a la OEA, los Estados se dan cuenta de su accionar político y este es un informe sin ningún contenido técnico (…) no tiene argumentos (…) ¿Quién es Almagro para cuestionar?”, sostuvo Arce en la entrevista y es destacado por la nota informativa del diario paraestatal.

“Somos un país soberano y hay un pueblo que pide justicia (…) y en ese marco de memoria, de verdad y justicia se va a establecer el nefasto papel de la OEA en el golpe de Estado que derivó en masacres de bolivianos, en cientos de heridos, criminalizados y perseguidos”, finaliza la nota de La Razón citando textualmente lo dicho por el Embajador boliviano a la televisora Cadena A.


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