Derechos humanos y guerra política: represión en 2019 o torturas en 2021
El caso Sacaba y Senkata puede ayudar o perjudicar a la teoría del “golpe de Estado”. La denuncia de torturas a un dirigente juvenil puede complicar al gobierno de Arce.
Escucha la noticia
Dos hechos sobre una misma temática chocan en Bolivia en medio la guerra política. Ambos tienen que ver con la presunta violación de derechos humanos, uno en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y otro en la administración de Luis Arce. Represión en el primer caso y torturas en el segundo. Son importantes porque, por un lado, puede fortalecer la teoría oficialista del “golpe de Estado” y, por el otro, mostrar que el gobierno de Arce, como el de Evo Morales, pisotea los derechos protegidos por la Constitución.
Concretamente se trata del informe de un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) en noviembre de 2019, y la denuncia de torturas contra Mario Bascopé, integrante de una organización juvenil que se movilizó en Cochabamba, durante la rebelión de los 21 días que derivó en la renuncia y huida de Morales tras el fraude en las elecciones presidenciales de ese año.
En el primer caso si el informe del grupo de expertos confirma que en Sacaba y Senkata hubo “masacres”, como pregonan el gobierno y el MAS, sería el mejor respaldo al tambaleante relato de un inventado “golpe de Estado”. Quedaría apuntalada la idea de que el de Áñez fue un gobierno de facto, represor, responsable de la muerte de al menos 37 personas y merecedor de un Juicio de Responsabilidades.
En términos de discurso político, el gobierno de Arce podría diseminar que Bolivia vivió durante un año entero bajo el yugo de una “dictadura”. Sin embargo, puede ocurrir lo contario. Si el informe final de la CIDH no refleja lo que le interesa al gobierno, puede ser otro golpe a la retórica del “golpe” a nivel internacional, ámbito en el que el evismo quiere dejar sentado que Morales es un demócrata a toda prueba y que jamás encabezó un fraude electoral.
¿Qué pasa con el otro hecho de supuesta violación de derechos humanos pero en este gobierno? Por el momento es una denuncia de la esposa, la madre, del abogado y del propio Bascopé de haber sido torturado por efectivos policiales luego de ser detenido a la salida del penal de Palmasola y trasladado a la ciudad de Sucre para enfrentar otro proceso judicial por supuestos actos vandálicos en la capital del país.
Si la denuncia de Bascopé y sus allegados llegara a ser confirmada, puede etiquetar a Arce y su administración como #dictadura, similar a las dictaduras militares que vivió el país, en las que los presos políticos eran torturados sin piedad por policías, militares y paramilitares para que incriminen a otras personas o finalmente se autoincriminen en delitos que nunca cometieron.
Este viernes, Miriam Revuelta, madre de Bascopé, reveló un dato en esa dirección. En una entrevista con el periodista John Arandia del grupo Fides dijo que durante la detención preventiva de su hijo en el penal de Palmasola, fue trasladado sin notificación de por medio al municipio de Buena Vista, donde fiscales y policías quisieron que firme un papel en blanco, además de informar que Bascopé tiene “un vaso sanguíneo roto” producto de la presunta tortura en Sucre y que ese martirio le provocó una hemorragia interna.
Organizaciones de derechos humanos y bancadas opositoras podrían ayudar al entorno de Bascopé en el esclarecimiento pero la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia se limitó a enviar una carta al Comandante de la Policía pidiendo que esa institución respete las leyes y los parlamentarios de oposición no muestran interés en la defensa de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política.
En el caso de la supuesta represión en Sacaba y Senkata, queda esperar que el informe definitivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no sea torpedeado por el representante boliviano en la Organización de Estados Americanos junto con otros países del socialismo del siglo XXI. Y en cuanto a la denuncia de torturas al miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, se espera acciones enérgicas de organizaciones e instituciones democráticas del país.
