Marcha cruza San Julián, actúan vándalos y policías, detención domiciliaria a militares, otra marcha en la Llajta, Ley repudiada
Esto es lo importante de este lunes 20 de septiembre.
Escucha la noticia
Sin incidentes marcha indígena pasa por San Julián
300 personas que integran la marcha indígena cruzó sin incidentes este lunes el municipio cruceño de San Julián, bastión territorial del masismo. La columna retomó la movilización en la comunidad de Los Ángeles a las 14:45, pasaron por San Julián sin ser agredidos alrededor de las 16:00 y se detuvo para pernoctar 13 kilómetros después de San Julián, informó el dirigente Adolfo Chávez al programa Asuntos Centrales.
Willy Calderón, alcalde del municipio cruceño de San Julián, bastión territorial del MAS, aseguró al programa Encontrados de radio Fides que no se reprimiría la marcha indígena, aunque dijo que es un pequeño grupo de indígenas que no cuenta con el apoyo de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), cooptada por el gobierno, y busca “desestabilizar” a la administración de Luis Arce.
Usan vándalos y policías para la toma de Adepcoca
Entre la madrugada y la tarde de este lunes, grupos de vándalos de la facción cocalera afín al gobierno y efectivos de la Policía actuaron coordinados en la violenta toma de la sede de Adepcoca en la ciudad de La Paz, la elección irregular de un nuevo directorio encabezado por Arnold Alanes y la defenestración de Armin Lluta como Presidente de la Asociación Departamental de Comercialización de la Coca.
Después de consumar la estrategia de violencia resguardada por la Policía, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, escribió en su cuenta de Twitter: “Saludamos el espíritu democrático del pueblo yungueño que hoy posesionó al nuevo directorio de Adepcoca emanado de las urnas y ratificado en proclamación. Una prueba palpable de que los conflictos se resuelven en democracia”.
Militares bolivianos guardarán detención domiciliaria
La Corte de Apelaciones de Iquique decidió revocar la detención preventiva de los tres militares bolivianos acusados de presunto robo de vehículos con intimidación dentro de territorio chileno y dictaminó otorgar la figura de arresto domiciliario en un hotel del municipio chileno de Pozo Almonte, mientras avanzan las investigaciones fiscales en el vecino país.
Este lunes, la defensa de los efectivos militares que mantenían una detención preventiva de 90 días en una cárcel de Iquique presentó la apelación en una audiencia y destacó que los dos oficiales y un sargento bolivianos cruzaron por “error” la frontera hacia suelo chileno, mientras realizaban un operativo de persecución a contrabandistas.
Gobernación responde a Reyes Villa con otra marcha
La pugna política entre Manfred Reyes Villa y el MAS pasó a las calles. Luego de la masiva concentración de respaldo al Alcalde frente a la arremetida judicial que se realizó este lunes en la plaza principal de Cochabamba, el masismo anunció para este martes una marcha sobre salud y seguridad ciudadana, pero que se pronunciará sobre la situación de Reyes Villa.
El secretario departamental de Desarrollo Humano Integral, Carlos Solá, informó que la marcha departamental comenzará a las 08:30 en la plaza Colón, al final del Prado cochabambino, y se dirigirá a la plaza 14 de Septiembre, pero no mencionó que ocurrirá una vez que la marcha llegue al principal espacio público de la capital cochabambina.
Crecen los cuestionamientos a la Ley de Ganancias Ilícitas
Luego de que las asociaciones de periodistas y medios de comunicación cuestionaran artículos concretos del proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas que obligarían a levantar el secreto de la fuente y atentaría la labor del periodismo en Bolivia, sectores cívicos, privados y políticos hicieron conocer este lunes sus críticas y, en algunos casos, pidieron dejar sin efecto el proyecto de Ley.
“El Gobierno, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, atenta contra la libertad, la propiedad privada y el secreto profesional”, afirmó el Bloque Cívico del Sur que agrupa a comités de Tarija, Chuquisaca, Potosí y Oruro, mientras parlamentarios de Comunidad Ciudadana y Creemos cuestionaron el carácter extorsivo del proyecto de Ley que fue aprobado en Diputados y pasó al Senado para su consideración.
