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Tercer intento de reforma judicial en general y propuesta de nuevo Consejo de la Magistratura en particular

Resumen de los editoriales de Los Tiempos y El Deber, y del artículo de Juan Del Granado.

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Tercer anuncio de reforma judicial en 13 meses – Los Tiempos

De entrada su editorial de este martes precisa las tres ocasiones en las que el polémico Ministro de Justicia anunció llevar adelante la reforma judicial en Bolivia, la primera en noviembre de 2020, la segunda en septiembre de este año y la tercera el pasado fin de semana. “Su anuncio ocurre justo cuando se han cumplido los 90 días que él había anunciado a principios de septiembre —cuando arrancaba su segunda iniciativa— para que tengamos una nueva justicia”, pero muy pocos se hubieran dado cuenta del plazo si no se hacían públicas, el viernes, las observaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés).

Los Tiempos recoge el documento del CAT que insta al gobierno boliviano “llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, (…) adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito”, por lo que se deja entrever que la nueva iniciativa del Ministro de Justicia busca hacer buena letra con los organismos internacionales preocupados por la calamitosa situación de la justicia en Bolivia.

El editorial del diario de Cochabamba refleja en su parte final el escepticismo que existe en el país sobre las reiteradas iniciativas de Iván Lima. “El reciente anuncio acerca de una reforma judicial tiene todas las chances de no ser el último ni de pasar de anuncio”, intenta predecir Los Tiempos porque al gobierno de Luis Arce la conviene mantener sometidos a magistrados, jueces y fiscales bolivianos con fines persecutorios sin importarle la inevitable degradación de la institucionalidad democrática del país.

Cumbre de la Justicia – El Deber

El editorial de este martes del diario cruceño también relaciona el anuncio de la Cumbre de la Justicia para marzo de 2022 con las preocupaciones de organismos internacionales como el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, que pidió un urgente reforma judicial  tras realizar un estudio en Bolivia que concluyó en que las graves fallas del sistema judicial boliviano quedaron en evidencia en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y en la actual administración de Luis Arce.

Para El Deber, “la reforma de la justicia debiera hacerse tomando en cuenta las recomendaciones del CAT y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, en lugar de tratar de imponer caprichosamente los seis ejes del Ministro de Justicia o los cuatro planteamientos surgidos desde las oposiciones parlamentarias. “El menos indicado para llevar adelante la reforma de la justicia boliviana es precisamente el ministro Iván Lima, porque es quien acentuó el carácter persecutorio de la justicia”, señala el editorial tomando las palabras de la diputada Luisa Náyar.

El texto de opinión recuerda que ya hubo una Cumbre de Justicia en una de las gestiones de Evo Morales, pero  que “no sirvió para nada” porque se excluyeron a expertos y partidos políticos de la oposición. “Ahora, la anunciada cumbre de 2022 corre el mismo riesgo”, advierte porque se intentará darle un ropaje de “acuerdo nacional” con la participación de sectores afines al masismo.  “Si el Gobierno no es consciente de que uno de los mayores problemas de la justicia es el uso político que de ella hacen las propias autoridades nacionales desde el Ministerio de Justicia, de Gobierno y desde la Procuraduría General del Estado, entonces no habría que esperar nada de la cumbre”, concluye el editorial.

Urge un nuevo Consejo de la Magistratura – Juan Del Granado

El destacado jurista repasa en su último artículo de opinión el nacimiento en 1994 del Consejo de la Judicatura con atribuciones de elaborar y ejecutar el presupuesto judicial, administrar el escalafón judicial y ejercer poder disciplinario; su transformación en Consejo de la Magistratura en 2009 con el “grave retroceso” de quedar como una instancia de control y fiscalización de las finanzas judiciales mediante una Dirección Administrativa y Financiera dependiente de los jueces supremos; y su penoso desempeño, en la última década, salpicado por denuncias de corrupción, venta de cargos judiciales y extravío de procesos disciplinarios.

“Seguramente por ello, en un inicial impulso reformador, el ministro Lima propuso la eliminación del Consejo de la Magistratura, luego pidió la renuncia de sus miembros, seguidamente los amenazó con enjuiciarlos y finalmente llegó a ‘acuerdos’ que, al parecer, no satisfizo al gobierno, porque el Órgano Ejecutivo remitió al Legislativo el proyecto de Ley 212-210 por el que se pretendía poner bajo control directo del Poder Ejecutivo, tanto la administración presupuestaria como la carrera judicial”, advierte Juan Del Granado, quien como integrante de un grupo de juristas independientes, reitera la propuesta de reformar el sistema judicial mediante un referéndum popular y del Consejo de la Magistratura en particular.

Dicha propuesta consiste en que lo consejeros sean designados “previa rigorosa calificación de méritos en la Comisión Nacional de Postulaciones, que remitirá ternas cerradas para que se elijan siete miembros entre el Órgano Judicial, la Asociación Nacional de Jueces y el Sistema Indígena Originario”. Los postulantes deben reunir idoneidades profesionales gerenciales, administrativas, contables y de manejo de recursos humanos. La restitución de las atribuciones de formulación y ejecución presupuestaria sobre la base de una partida constitucional mínima del 3% anual. Y la ratificación de su pertenencia al Órgano Judicial, pero con independencia y autonomía en el ejercicio de las funciones, respecto a los propios magistrados supremos y a todo otro órgano de poder.


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