Tres diarios editorializan sobre la impunidad, desconfianza e incongruencia que provocan los fiscales
Aquí un resumen de los editoriales de El Deber, Página Siete y Los Tiempos
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Impunidad – El Deber
A casi dos meses del secuestro y torturas a 17 personas en el predio cruceño Las Londras, “el único resultado es la impunidad”, afirma el editorial de El Deber de este lunes que recuerda el vencimiento de media docena de órdenes de aprehensión por no haber sido ejecutadas y el que “nadie mueve un dedo para emitir otras y hacer justicia”. El único detenido es el avasallador de predios Heber Sixto Canaza. Sus cómplices están refugiados en San Julián y “claramente tienen la protección del Gobierno nacional, a cuyas autoridades no parece indignarles ni preocuparles la presencia de grupos irregulares armados en el país, siempre que sirvan a sus objetivos de poder”.
Otros elementos que marcan la impunidad en el caso Las Londras, señalados por el editorial, son los 20 policías y fiscales enviados a San Julián para detener a seis integrantes del grupo irregular armada en comparación a los 2.000 policías para detener a un dirigente cívico opositor que no estaba armado y no había torturado. “No faltaron los dirigentes del MAS que justificaron las armas en Las Londras señalando que los empresarios también las usan”, agrega El Deber y puntualiza que hasta los responsables del INRA “intentaron relativizar el gravísimo hecho” premiado hasta el momento con la impunidad.
Con cierta ironía, El Deber señala que “si hubiera quedado el registro de los encapuchados disparando y de las cámaras de filmación destrozadas a balazos, el Gobierno habría puesto su aparato mediático y discursivo para desvirtuar lo que atestiguaron periodistas y productores, víctimas de las torturas” y afirma que una cosa es que el Gobierno no quiera sancionar a los avasalladores armados en el oriente del país y otra es que “la población, particularmente los periodistas, los productores del agro y los policías conscientes, hayan olvidado que están operando grupos irregulares armados y que la necesidad de sanción es un imperativo que no se puede olvidar”.
Indignación y desconfianza – Los Tiempos
Su editorial de domingo aborda la desconfianza ciudadana sobre el tratamiento que darán las instancias judiciales al escándalo de los ítems fantasmas “y la casi certidumbre de que no habrá reparación del daño económico infligido al Estado”. La desconfianza radica, según Los Tiempos, en que hubo negligencia o complicidad en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. “El caso de los ítems fantasmas en la Alcaldía cruceña fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en mayo de este año (…) Y ahí quedó”, afirma el editorial
Los Tiempos reafirma que la desconfianza se agudiza entre la gente porque la denuncia sobre el mismo tema realizada por la exesposa del principal involucrado en el escándalo, en septiembre de este año, también fue desechada. “¿Por qué no siguieron el proceso en la Fiscalía si tenían conocimiento del archivo completo (del caso) desde hace dos meses?”, se preguntó Valeria Rodríguez mientras la Directora de Transparencia de la Alcaldía cruceña señalaba que se trata de una red de corrupción instituida en esa institución hace más de 10 años.
Para el editorial del diario cochabambino, hay “certidumbre colectiva de que la mayoría de funcionarios fiscales y judiciales carecen de escrúpulos” y agrega que la desconfianza de la población “se incrementó muchísimo en los casi 14 años de gestión de Morales, con las decenas de casos de corrupción y daño económico al Estado que jamás fueron resueltos y cuyos responsables están libres de proceso e incluso premiados con altos cargos”. Los Tiempos tiene claro que el daño mayor que provoca la corrupción es “la impunidad para los involucrados” y la disolución y olvido de los hechos delictivos “en los laberintos judiciales”.
Pumari, un preso político – Página Siete
El editorial del diario de La Paz de este lunes analiza la cuestionada conducta del Ministerio Público desde otra perspectiva y a partir del caso del expresidente del Comité Cívico Potosinista, quien “deberá permanecer en prisión hasta junio de 2022, acusado de obstaculizar un proceso electoral que fue anulado, es decir que no es válido”. Critica la actuación de los fiscales que imputaron a Marco Pumari obedeciendo el interés político del Gobierno y en ningún caso la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido en Potosí, en 2019.
Página Siete explica la incongruencia de la acusación del Ministerio Público por el supuesto delito de “obstaculización de procesos electorales”, estipulado en el artículo 238, inciso h, de la Ley de Régimen Electoral, con una pena de dos a cinco años de cárcel, cuando en varias capitales del país el malestar popular se había desbordado por el fraude electoral de 2019 confirmado por la OEA. “Justamente debido a ello, el 24 de noviembre de ese año fue aprobada la Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, que en su artículo 2 establece: Se deja sin efecto legal las elecciones generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados. O sea, Pumari habría obstaculizado un proceso que no es válido”.
El editorial recuerda que los fiscales que acusaron al cívico potosino sostuvieron que existen testigos entre los funcionarios del Tribunal Departamental Electoral que pueden atestiguar que Pumari alentó la quema de las instalaciones de esa entidad, pero el expresidente del TED Julio Mujica aseguró que nadie pudo ser identificado por los vocales departamentales. Página Siete anota además que una senadora del MAS se reunió con el juez que luego dispuso la detención preventiva del expresidente cívico. “Con estos antecedentes, se podría considerar a Pumari otro preso político, tal como lo es la expresidenta Jeanine Añez”, concluye el texto de opinión.
