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Recientemente el gobierno nacional presentó, en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, las bases de su Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), una especie de hoja de ruta que señala las prioridades del país para la próxima década. Más allá de ser un requisito formal, el PGDES 2025 – 2035 adquiere una gran importancia porque debiera perfilar con claridad el nuevo paradigma de desarrollo que reemplazará al modelo del MAS.
El Plan se estructura en siete pilares: economía, comercio internacional, autonomías, seguridad jurídica, transparencia, desarrollo humano y medio ambiente. Aunque es pertinente y coherente, no ha priorizado de manera explícita a la educación, el tema más estratégico para el futuro del país, que aparece diluido dentro del pilar “Bienestar para todos” junto con áreas como salud, vivienda, inclusión y seguridad ciudadana.
Esta subvaloración muestra que al parecer no hay una clara consciencia de que la educación, es una de las áreas devastadas con más saña por el anterior régimen, y que su reconstrucción es indispensable para asegurar la sostenibilidad de cualquier modelo de desarrollo, y para garantizar un futuro con unidad, democracia, justicia, transparencia y libertad.
La educación no puede entenderse únicamente como transmisión de conocimientos ni debe interpretarse solo como una entidad con reglas, sujetos y objetivos de gestión. Su objetivo es transversal y estructural ya que Implica la formación de ciudadanía, es decir, de personas capaces de convivir, deliberar, respetar normas y ejercer derechos y deberes.
En el ámbito de la economía y la sociedad, la educación tiene relación directa con el desarrollo de capacidades productivas, científicas, tecnológicas y creativas; es el principal factor de movilidad social y reducción sostenible de la pobreza; es fundamental para la calidad institucional, la transparencia y la forja de valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la disciplina, la solidaridad y la libertad. No hay mayor responsabilidad que educar personas para la libertad ni mayor despropósito que modelar voluntades para el sometimiento.
La deformación educativa del MAS
Debemos recordar que, desde el inicio de su gobierno, el MAS utilizó la educación para reproducir su proyecto político. No la concibió como un espacio autónomo, plural y orientado al pensamiento crítico, sino como un mecanismo para moldear ideológicamente a la niñez y la juventud. “Toda revolución necesita una nueva educación, un nuevo sistema educativo», arengaba García Linera para justificar este despropósito, mientras que sus parlamentarios aprobaban la Ley Siñani Pérez, que imponía una educación “descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antimperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales…” al servicio de “la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien” (Art. 3.1).
Para los ideólogos del “proceso de cambio” la formación de los jóvenes no podía ser neutral, y debía convertirse en un mecanismo de legitimación del poder. Por ello, sus estrategas impusieron en el país una educación centralizada y controlada por el Estado; relegaron el pluralismo y la libertad de pensamiento; descartaron la búsqueda de la excelencia por considerarla burguesa y elitista; reinterpretaron la historia desde una narrativa oficial; y, sobre todo, subordinaron el conocimiento técnico y científico a los valores y principios de la “revolución democrática y cultural”.
El “Texto de Aprendizaje” del 6° año de secundaria, que aún se aplica en colegios, y que está publicado en la página web del Ministerio de Educación, es un claro ejemplo de cómo la educación se volvió propaganda. En el capítulo de “La Revolución Democrática y Cultural” (Pags. 472 y siguientes) los autores señalan por ejemplo: “El año 2005 se enmarcó un evento histórico en la democracia nacional. (…)”. “La llegada del MAS-IPSP a la presidencia de Bolivia marcó un hito importante en la lucha y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina, antes de este hecho, indígenas y diferentes sectores populares de la sociedad estuvieron marginados de la vida política del país”. “Este cambio no solo fortaleció la identidad cultural de los pueblos originarios, sino que también promovió políticas inclusivas y de desarrollo sostenible”.
Al referirse al Modelo Económico, que nos ha conducido a la peor crisis de las últimas décadas, el señalado documento afirma “El MESCP en Bolivia ha impulsado una serie de políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y la desigualdad”, “El aumento sostenido del salario mínimo ha beneficiado a millones de trabajadores, especialmente en el sector informal. Se han implementado programas de vivienda social, como el programa “Vivienda para Todos”, que han permitido a miles de familias acceder a una vivienda digna. “La expansión del Sistema Único de Salud ha garantizado el acceso gratuito a servicios de salud de calidad, especialmente en áreas rurales”.
Sin embargo, el plan educativo–ideológico fue más allá. Impuso la uniformidad de contenidos; precarizó la educación privada; usurpó la autoridad pedagógica de los maestros empoderando a los consejos escolares; impuso la enseñanza de un idioma originario en todos los niveles; proscribió la enseñanza de la materia de religión y moral; redujo las horas de aula a cambio de actividades complementarias muchas veces intrascendentes; omitió la evaluación de la calidad; minimizó el valor de las pruebas y exámenes y; opuso artificialmente el conocimiento científico “occidental” a los saber ancestrales de los pueblos indígenas.
La educación en su peor momento
Los resultados de los 20 años de control masista de la educación son devastadores. Un estudio de MILENIO publicado en 2023 señala que hoy en día “La mayoría de los estudiantes de primaria que asisten a escuelas en el país no tienen niveles mínimos de competencia en materias básicas para su formación, y los escolares bolivianos se encuentran en los niveles más bajos de rendimiento a comparación de países vecinos”. La investigación señala también que “Un alto porcentaje de bachilleres tienen un dominio deficiente de la producción escrita, evidenciado por dificultades en la organización de ideas, cohesión textual y corrección gramatical”.
Por su parte, la investigación denominada “Situación de la educación en Bolivia”, publicado en 2024 por la Campaña Boliviana por el derecho a la educación (CBDE)” concluye que “7 de cada 10 niños de 3er grado y 8 de cada 10 en 6to grado de primaria no logran ser capaces de comprender el sentido de lo que leen, no pueden localizar o relacionar información explícita en los textos, reflexionar y emitir juicios sobre los recursos y las características del contenido”. El estudio de la CBDE incluye otros datos preocupantes: «En el área rural únicamente el 64% de los jóvenes culmina sus estudios y, a nivel general, solo el 3% de los estudiantes está preparado para entrar a la educación superior».
Las unidades educativas son cada vez más inseguras. Un informe de 2022 elaborado por UNICEF concluye que en Bolivia 4 de cada 10 estudiantes sufren algún tipo de violencia y acoso escolar, con graves daños sicológico, físicos y emocionales. También la matrícula está disminuyendo en algunos departamentos como La Paz, Chuquisaca y Potosí a consecuencia de la crisis, e incluso la narrativa sobre el acceso pleno de las poblaciones indígenas no se cumple. Al respecto, el estudio CBDE señala que “En relación con la tasa de finalización de secundaria, se observa que algo menos de un tercio de la población indígena no culmina secundaria, mientras que entre sus pares no indígenas esta tasa llega a 85%. Esto implica que por cada adolescente no indígena que no culmina secundaria existen dos adolescentes indígenas en similar situación”.
En resumen, tenemos un sistema educativo colapsado, ineficiente y errático, que ya no es capaz de cumplir con las necesidades y demandas ciudadanas, pero sobre todo de garantizar la formación de las generaciones que administrarán el país en los siguientes años. Ese es el tamaño del problema que debemos solucionar.
Hacia la libertad educativa
Es evidente que para enfrentar este desafío no basta con mencionar la educación de manera marginal en los planes de desarrollo. Es imprescindible colocarla en el centro de la agenda nacional y avanzar hacia una verdadera liberación educativa, basada en el reconocimiento de la diversidad de opciones y el respeto a la educación privada, regional y sectorial.
La libertad de educación es el derecho efectivo de las familias y estudiantes a elegir proyectos educativos diversos, sin restricciones ideológicas, culturales o pedagógicas impuestas por el Estado. Esta libertad se sostiene sobre una base común obligatoria de conocimientos fundamentales (lenguaje, matemáticas, comunicación, ciencias exactas, historia, tecnología, pensamiento crítico, capacidades blandas y competencias cívicas) que garantice cohesión nacional y estándares mínimos de calidad, pero permite que cada institución desarrolle su propio enfoque: religioso, indígena, anarquista, unisexual, extranjero, técnico, empresarial, artístico o especializado. El rol del Estado no es homogeneizar ni controlar contenidos ideológicos, sino asegurar reglas claras, igualdad jurídica y estándares académicos verificables para todos los sistemas educativos.
La calidad educativa debe medirse prioritariamente por resultados cognitivos y formativos: dominio técnico y teórico, capacidad de análisis, abstracción, disciplina, reflexión crítica, creatividad, ética y competitividad en contextos nacionales e internacionales. Una reforma basada en libertad educativa debe estimular la excelencia, no solo compensar vulnerabilidades, sino también potenciar a estudiantes con altas capacidades, promoviendo entornos de alto rendimiento y mérito.
En este marco, la educación privada, regional y sectorial no solo debe ser respetada, sino reconocida como un motor legítimo de innovación, diversidad y mejora continua del sistema, con autonomía pedagógica, estabilidad normativa y un sistema de evaluación transparente que incentive el crecimiento, la competencia sana y el desarrollo del capital humano del país.
No existe mayor responsabilidad con el futuro de un país que garantizar un sistema educativo que forme en valores y principios humanistas, fortalezca la identidad colectiva, desarrolle las capacidades individuales y siente las bases de un modelo de desarrollo equilibrado, justo y libre. Este es un deber ineludible del Estado, pero también un compromiso que interpela a toda la sociedad boliviana.
