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Bolivia frente a la criminalidad y mercados ilícitos – Henry Oporto

Henry Oporto sostiene que Bolivia ha experimentado una transformación profunda en su participación dentro de la economía criminal internacional.

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Henry Oporto sostiene que Bolivia ha experimentado una transformación profunda en su participación dentro de la economía criminal internacional. El sociólogo explica que el país dejó de ser principalmente un productor de hoja de coca y pasta base para convertirse también en un importante productor de cocaína destinada a mercados internacionales. A diferencia de otros países donde predominan grandes carteles, Henry Oporto señala que la producción nacional continúa organizada mediante redes familiares y clanes que funcionan como pequeños carteles, conectados con organizaciones criminales transnacionales encargadas de la exportación y comercialización.

La economía ilegal ya representa cerca de un tercio del PIB

Henry Oporto revela que el narcotráfico ya no es el único mercado ilícito de gran magnitud en Bolivia. La minería ilegal del oro, el contrabando, la corrupción sistemática y el lavado de activos forman parte de una economía criminal diversificada que se encuentra profundamente interconectada. Según las estimaciones presentadas por la Fundación Milenio, el conjunto de estas actividades mueve aproximadamente 15.000 millones de dólares anuales, una cifra equivalente a cerca de un tercio del Producto Interno Bruto del país, lo que demuestra el enorme peso económico alcanzado por estos mercados.

La expansión de la informalidad fortalece a las economías criminales

Henry Oporto explica que el crecimiento de la economía ilegal alimenta directamente la expansión del empleo y de la actividad económica informal. Con una informalidad que supera el 80% de la fuerza laboral, Bolivia enfrenta una realidad donde importantes flujos de capital provenientes de actividades ilícitas terminan financiando negocios aparentemente legales. Esta situación dificulta las acciones estatales de control, debido a la estrecha relación existente entre la economía informal y los recursos generados por el crimen organizado.

El Estado pierde presencia sobre parte del territorio nacional

Henry Oporto advierte que uno de los efectos más preocupantes del crecimiento de los mercados ilícitos es la pérdida progresiva de autoridad estatal en diversas regiones del país. Explica que numerosas organizaciones sociales y sindicales han adquirido un fuerte control territorial, limitando la capacidad del Estado para imponer la ley y garantizar la seguridad. Esta situación se refleja en conflictos recientes, bloqueos prolongados y en la creciente dificultad de las instituciones públicas para ejercer plenamente su autoridad en determinadas zonas.

Dos décadas de debilitamiento institucional facilitaron la expansión criminal

Henry Oporto considera que durante los últimos veinte años se consolidaron condiciones políticas e institucionales que favorecieron el crecimiento de las economías ilegales. A su juicio, la captura de diversas instituciones públicas por organizaciones afines al poder permitió la formación de redes de protección, corrupción e impunidad que facilitaron la expansión del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Además, señala que estas economías lograron consolidar una amplia base social al involucrar a miles de familias vinculadas a la producción de coca, la explotación aurífera y el contrabando.

Policía, justicia y organismos de control fueron infiltrados

Henry Oporto afirma que la infiltración alcanzó a instituciones clave encargadas de combatir el delito, como la Policía Boliviana, el Ministerio Público, el sistema judicial y entidades responsables de controlar la comercialización de minerales y el lavado de activos. Para el investigador, recuperar la capacidad del Estado exige rescatar estas instituciones mediante profundas reformas orientadas a restablecer la independencia, la transparencia y la eficacia en el cumplimiento de la ley.

La minería ilegal del oro ya supera al narcotráfico

Henry Oporto destaca que la minería ilegal aurífera habría alcanzado un movimiento económico cercano a los 4.000 millones de dólares anuales, incluso por encima del narcotráfico, estimado entre 3.000 y 3.500 millones. El contrabando, por su parte, movilizaría alrededor de 2.750 millones de dólares. El investigador advierte que estas actividades no funcionan de manera aislada, sino que mantienen un constante intercambio de capitales, bienes y mecanismos de financiamiento, generando una compleja red criminal que dificulta enormemente su persecución.

Bolivia se convierte en un centro regional del mercurio

Henry Oporto señala que Bolivia también habría adquirido un papel estratégico en el comercio regional de mercurio, insumo utilizado en la minería del oro pese a sus graves efectos ambientales. Según el estudio, organizaciones criminales internacionales participan en la importación de este mineral hacia Bolivia para abastecer tanto al mercado interno como a países vecinos, consolidando aún más el carácter transnacional de estas actividades ilícitas.

La respuesta requiere una estrategia integral de seguridad democrática

Henry Oporto plantea que el país necesita construir una nueva estrategia nacional de seguridad pública basada en principios democráticos. Entre las prioridades identifica la reforma del sistema judicial, la regeneración institucional de la Policía, el fortalecimiento de los mecanismos de control del lavado de dinero, una mayor transparencia en la administración pública y la aprobación de normas que garanticen el acceso ciudadano a la información y una efectiva rendición de cuentas.

El crecimiento económico formal es la principal barrera contra el crimen

Henry Oporto sostiene que ninguna política de seguridad será suficiente mientras Bolivia continúe perdiendo capacidad para generar empleo formal e inversión privada. El investigador afirma que la crisis económica amplía los incentivos para que miles de personas ingresen a actividades ilegales como mecanismo de subsistencia. En consecuencia, considera indispensable impulsar políticas que fortalezcan la economía formal, atraigan inversiones y generen oportunidades productivas que reduzcan la dependencia de los mercados ilícitos.

La cooperación internacional será decisiva para recuperar la soberanía

Henry Oporto concluye que Bolivia no podrá enfrentar por sí sola organizaciones criminales que operan mediante redes internacionales. Propone reconstruir la cooperación con gobiernos y organismos especializados para combatir el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de mercurio y otras actividades ilícitas. Advierte que, de no revertirse esta tendencia, el país corre el riesgo de reproducir escenarios de violencia y debilitamiento institucional similares a los registrados en otras naciones de la región.


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