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Fernando Asturizaga: “El INRA ha perdido credibilidad y los avasallamientos crecen ante la falta de sanción”

Fernando Asturizaga habló sobre la inseguridad y el conflicto por la tierra, el análisis de la responsabilidad del INRA en los asentamientos ilegales y el impacto negativo de los avasallamientos sobre el sector productivo y el desarrollo nacional.

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Asturizaga es uno de los mayores expertos del país en derecho agrario y en políticas de desarrollo rural, con amplia experiencia en el ejercicio de la profesión privada, el servicio público y el asesoramiento a sectores de productores.

“Estos avasallamientos no son nuevos. La violencia tampoco es novedad. Años atrás, el gerente general del IBCE y varios periodistas fueron emboscados por un grupo de avasalladores. Desde el 2002-2003 empezaron las tomas de tierras a nivel nacional y durante el gobierno del MAS se han ido profundizando, porque los responsables no han sido sancionados. No ha habido una investigación profunda, no se ha identificado a quienes organizan a esta suerte de grupos irregulares. Ante la falta de sanción van creciendo, masificando sus actividades y atacando un mayor número de predios”, aclaró.

El experto dijo que en junio de este año varias cámaras agropecuarias habían denunciado múltiples avasallamientos, y agregó que en predios de San Julián y en anteriores tomas en Guarayos se registraron heridos de bala. “Hace más de un mes y no hay resultados de la investigación. Los fiscales que estaban a cargo han manifestado que ya tenían un hilo conductor, cuando fueron relevados sin mayor argumento”, remarcó.

“Sumemos a eso que el director departamental del INRA fue recibido con guirnaldas por el grupo avasallador que fue filmado en una acción paramilitar. Pareciera que el origen de todo está en el mismo INRA. Tiempo atrás denunciamos el tráfico de información desde esa entidad. Los mismos interculturales han dicho que antes que se emita una resolución ellos ya conocen dónde se van a declarar tierras fiscales para poder ingresar”, cuestionó.

Asturizaga dijo que el Ministerio Público, la Policía y el INRA no tienen una visión imparcial ni objetiva de los hechos, y agregó que “llama la atención que recién dos días después del hecho (secuestro en Guarayos) fue un contingente policial, que obviamente no encontró a nadie. De acuerdo a la Ley de reconducción comunitaria, las personas que avasallan no pueden ser beneficiarias de tierras fiscales, por lo que el INRA debería tener una base de datos de avasalladores”.

“El director del INRA Santa Cruz se ha deslegitimado al no asistir a la Comisión Agraria Departamental (CAD), que es el espacio de control social institucionalizado donde debiera informar sobre los conflictos, los avances en el proceso de saneamiento y la dotación de tierras fiscales”, subrayó.

El analista consideró que la gravedad de los conflictos “puede llevar a un baño de sangre” y cuestionó que la fiscalía no hubiera incluido entre los delitos cometidos en Guarayos los de alzamiento armado y terrorismo.

“Los avasallamientos provocan diferentes daños. Uno son las quemas, porque los avasalladores ingresan y queman cortinas rompevientos y áreas de bosque que precautelan las servidumbres ecológicas de los predios. Hay delitos ambientales, además de vulneraciones directas al derecho al trabajo y a la producción. Se merma la posibilidad de producir más alimentos y de mayores inversiones en el campo. Las torturas y vejámenes son situaciones diarias para muchos productores. Hay trabajadores golpeados, destrucción de maquinaria y quema de cultivos. Si pensamos que el sector productivo puede ser el pilar de la reactivación económica del país, hay que darle condiciones mínimas, como la seguridad jurídica”, detalló.

Asturizaga opinó que lo primero que debe hacerse es “sancionar a los culpables: el Ministerio Público y la Policía deben cumplir su mandato constitucional, identificar a los responsables y llevarlos a la cárcel”.

“Lo segundo es que el INRA debe recuperar credibilidad. El director departamental tiene que concurrir a la CAD a informar lo que están haciendo con las tierras en Santa Cruz. Por ley del 2006 se establecieron requisitos para la selección del director nacional y de los directores departamentales del INRA, que nunca se cumplieron. La CAD debe elegir una terna de profesionales para que de ahí se designe a una autoridad institucionalizada en el INRA Santa Cruz”, sugirió.


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