José María Cabrera: “Hay que impulsar una cultura de la honestidad”
En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, José María Cabrera habló sobre la transparencia de la gestión pública, los sistemas de fiscalización y la rendición de cuentas. También, sobre cómo contrarrestar la cultura de la impunidad por la corrupción.
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Cabrera es abogado formado en la UPSA, con muchos años de experiencia como especialista en derecho constitucional. Ha sido Procurador General del Estado y asesor del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Forma parte del Centro de Conciliación y Arbitraje de CAINCO y dirige el estudio jurídico Cabrera Dalence & Asociados.
Sobre la manera de encarar la lucha contra la corrupción, el experto señaló que “falta voluntad política, una férrea decisión de las clases dirigentes en los tres niveles de gobierno”, pero también “compromiso de toda la sociedad, porque vivimos en una cultura de la deshonestidad”.
“Un primer paso para la recuperación es reconocer una realidad. La honestidad no es un valor muy apreciado por nuestra sociedad y debemos trabajar mucho en ponderar la verdad y la transparencia, los méritos que genera una conducta honesta. Se magnifica como inteligente al corrupto que toma el atajo para generarse prosperidad económica”, subrayó.
Otro elemento principal que destacó fue la “accountability”, la rendición pública de cuentas. “La ley de participación y control tiene 7 años, es una buena ley, pero se ha fallado en el nivel reglamentario. Hoy las audiencias de rendición pública de cuentas han sido rebasadas por prácticas oscuras”, señaló.
“Tiene que ser la ciudadanía, a través de los comités cívicos y los colegios profesionales, la que controle y fiscalice”, dijo, remarcando que las instituciones públicas deben transparentar sus presupuestos y planes de contrataciones en sus páginas web, “para que todos los ciudadanos controlen por medio de sus celulares”.
Respecto a la situación del sistema judicial, Cabrera indicó que de acuerdo a ley se debería asignar un 3% del Presupuesto General del Estado a ese órgano, pero se destina menos del 1%. También planteó “sanear la idoneidad de jueces y fiscales”, recordando que la mayoría de estos últimos son interinos.
“La Contraloría General del Estado es un tigre de papel, está en las cosas chicas pidiendo devoluciones de 500 Bs., pero hace la vista gorda en las cosas grandes”, dijo, agregando que en el caso del Procurador General su nombramiento debería salir de un procedimiento más complejo, similar al sistema de ternas de Colombia, “para que no sea un abogado acólito del presidente de turno”.
En las conclusiones, Oscar Ortiz coincidió en la existencia de una “cultura permisiva” y enfatizó en la necesidad de impulsar la lucha contra la corrupción “de una forma práctica”, con una gestión pública abierta al escrutinio de los ciudadanos, con “información disponible sobre cada contratación del Estado”, y acabando con los interinatos en las fiscalías que llevan a nombramientos por favores políticos.
