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Herrera es profesor de derecho constitucional en la UAGRM, además de autor de numerosas publicaciones y libros especializados.
“La representación política en la Cámara de Diputados, los escaños, van a depender de los números que arroje el Censo de Población y Vivienda. En Santa Cruz deberían aumentar unos cuatro diputados. Dada la alta migración a Santa Cruz, se patea el Censo con la intención de que los resultados estén para el 2026 o 2027, después de las elecciones. Tendríamos elecciones con datos del 2012. Hay un problema de inconstitucionalidad”, remarcó.
El jurista dijo que “en este momento debería haber una ley y no un decreto, que se puede cambiar al gusto del gobierno. En esa ley se debería establecer la fórmula de distribución de la representación política y de la redistribución económica. El gobierno no quiere esta reconfiguración que se dará con el Censo. Ya nos deben el Pacto Fiscal desde el 2010, cuando se aprobó la ley de autonomía, donde se establecía la redistribución en función de la nueva densidad demográfica. El Censo es un documento básico para conocer la realidad boliviana y para establecer una serie de políticas públicas”.
“No es un capricho, es una necesidad de tener información actualizada. Hay poblaciones urbanas subrepresentadas. Según el Censo 2001 había un 62% de pueblos indígenas, eso bajó a 40% en el Censo 2012 y ahora, según las últimas estadísticas del INE, ha seguido bajando. La narrativa del Estado Plurinacional queda vaciada de contenido. Se ha pintado un Estado que no se corresponde con la realidad”, indicó.
Herrera consideró que con la postergación del Censo “se está vulnerando el principio de igualdad, con una discriminación grosera contra determinadas poblaciones y regiones. Además, el Censo es una obligación internacional, hay un compromiso del Estado con las Naciones Unidas para que se lleve a cabo cada diez años. No hay que esperar a que pasen los diez años para empezar a trabajar en el Censo”.
“Carlos Valverde ha lanzado con documentación en mano que toda la información (precensal) está y que simplemente hay una decisión política del gobierno, que no quiere dar luz verde. El MAS nunca ha comulgado con la autonomía. Se la impuso en la Constitución del 2009 con paros en Santa Cruz y el Ministerio de Autonomías lo que hacía era trancarlas. El Consejo de Autonomías casi nunca se había reunido antes, lo hizo ahora para tomar una decisión en contra del Censo. ¿Por qué no funciona igual en relación al Pacto Fiscal? Es viable que se lleve a cabo el Censo en el primer semestre del 2023. Hay un estudio del Comité Interinstitucional en ese sentido. Los recursos están, hay créditos del BID y del Fonplata”, subrayó.
Según el constitucionalista, el tema de fondo es que “el gobierno ha venido manejando el 88% del Presupuesto General del Estado y sólo el 12% se distribuye entre gobernaciones, alcaldías, universidades y pueblos indígenas”.
Herrera también se refirió a los problemas de la justicia boliviana, remarcando que de acuerdo al relator de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, “su estado es un desastre. La reforma o transformación es urgente. Arce ni lo mencionó en su informe del 6 de agosto. El que está quedando indefenso es el ciudadano, mientras gana la impunidad. No hay condiciones jurídicas para dar seguridad a los inversores que vengan de afuera. La justicia es transversal a todo”.
