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Si tuviéramos que adivinar cuánto le costó a Santa Cruz de la Sierra pasar de una sociedad tradicional a una urbana durante el período más crítico de su historia, ¿a cuánto ascendería esa cifra? Además de montos o números, ¿podemos saber en qué se invirtió exactamente? Gracias a la prolijidad de las instituciones matrices del desarrollo urbano y regional—Comité de Obras Públicas y Corporación de Desarrollo—hoy sabemos qué, cuánto, y cómo se invirtió en obras de la ciudad y del departamento mientras éstas existieron.
Antes de lanzar cifras, debemos demarcar el contexto en el cual se produjo la modernización cruceña, entendiendo el papel desempeñado por los actores en cuestión. Las principales inversiones públicas para la ciudad fueron gestionadas no por la alcaldía cruceña, no por la otrora prefectura, ni tampoco por el gobierno nacional. La principal gestora de las mayores obras públicas urbanas de la ciudad fue el Comité de Obras Públicas. Esta institución, compuesta por un cuerpo técnico de jóvenes profesionales en su mayoría, contó con un directorio representativo de la sociedad civil organizada. Esta institución se encargó de administrar las regalías de petróleo adeudadas a Santa Cruz desde 1938. Si bien estos fondos comenzaron a ser desembolsados en 1964, los mismos demoraron hasta 1966, casi una década después de concluida la Lucha por las Regalías.
Cuando el Comité de Obras Públicas consiguió su añorada autonomía económica, ya había licitado los estudios para un plan maestro urbano realizados por la consultora ítalo-brasileña Techint. El plan en cuestión planteaba transformar el pequeño ejido urbano de Santa Cruz de la Sierra en una ciudad radio céntrica, con anillos, avenidas radiales y jardines. El plan maestro, también conocido como Plan Techint, fue la hoja de ruta para la ejecución de obras de diseño urbano y arquitectónico, pavimentación de calles y avenidas, alcantarillado, electrificación, estudios topográficos, de agua potable y más. Las primeras obras para garantizar agua potable, los primeros canales de drenaje (Isuto y Cotoca), el trazado de los primeros dos anillos (después serían cuatro), la pavimentación del centro y luego el diseño y replanteo de barrios, zonas y servicios fueron llevadas a cabo por el Comité de Obras Públicas.
Pero pasar de la teoría del plan a la acción—a la inversión y ejecución real de los recursos—no fue sencillo. La razón: no existía una oficina o departamento encargado de organizar las obras a ser ejecutadas. Por muchos recursos que existieran, por muchos buenos deseos, era necesario crear un proceso y ordenar las labores requeridas, ya que la cantidad de trabajo técnico y administrativo era cuantioso. Por lo tanto, crearon un organismo exclusivo dedicado a estas labores. Esa es la historia del por qué nació el Consejo del Plan Regulador (CPR) y la Oficina Técnica del Plan Regulador (OTPR). El CPR replicaría el modelo de gobernanza del Comité de Obras Públicas, mientras que la OTPR se convertiría en su brazo ejecutor. A cargo del arquitecto Carlos González Lack, las mentes más lúcidas y brillantes de la arquitectura cruceña trabajarían junto a él en el rediseño del Techint y en llevar adelante los trabajos de coordinación para que las secciones del Comité de Obras Públicas pudieran coordinar y trabajar en armonía.
En 1966, cuando el ritmo de ejecución de obras comenzó a acelerarse, el plantel técnico del Comité de Obras Públicas apenas superaba los veinte profesionales. Unos años más tarde, a comienzos de 1970, aumentó el personal a un poco más de treinta funcionarios, todos contratados por concurso de méritos. De este total, menos de diez personas trabajaron en la OTPR. Para maximizar su capacidad de recaudación y apoyo técnico, el Comité de Obras estableció excelentes relaciones con agencias de cooperación y financiamiento internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo y la cooperación alemana. Estas colaboraciones ayudaron a establecer las bases para la transición del Comité de Obras Públicas a Corporación de Desarrollo unos años después. Asimismo, la inyección de las regalías más los créditos y apoyo internacional fue bien aprovechada. Gracias a ello, se crearon y diversificaron nuevas empresas asesoras, compañías importadoras, casas comerciales, empresas constructoras, empleados de la construcción, transportistas y hasta prensa oral y escrita.
Aclarado este contexto, volvamos a la pregunta inicial. ¿De cuánto estamos hablando entonces cuando nos referimos a la ejecución de las primeras obras públicas de envergadura para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? Durante el período de mayor inversión en desarrollo urbano (1964-1972), el mismo que duró menos de una década, las inversiones en cuestión alcanzaron la cifra de apenas $us. 18.7 millones. Este monto incluye obras de agua potable ($us. 4,9 millones), alcantarillado ($us. 6,8 millones), pavimentación ($us. 4,3 millones) y obras de arquitectura y urbanismo ($us. 1,8 millones). Esto promedia una inversión de $us. 2,3 millones anuales. Si ajustáramos esa cifra a la tasa de inflación entre 1972 y 2022 y al poder adquisitivo actual, estaríamos hablando de sólo $us. 16 millones por año. Si comparamos eso con los $us. 400 millones invertidos el año pasado por la alcaldía cruceña, queda en evidencia que un municipalismo sin contraparte ciudadana en la toma de decisiones—o de gobernanza formal—nos termina resultando más caro de lo que imaginamos. Esa diferencia es pues, el costo de adherirse a un modelo de democracia sin democracia, impuesto desde arriba.
¿Qué cambió en el modelo de gestión urbana en Santa Cruz? El Comité de Obras Públicas revigorizado, aquel con recursos económicos y competencias necesarias para realizar estas obras de envergadura, existió entre 1963 y 1978. Durante este período, destinó el 75% de las regalías a obras urbanas para la capital entre los años de 1964 y 1972 y el 25% restante para las provincias. A partir de 1972, la distribución de estos recursos se invirtió, destinando el 80% a las provincias y un 20% a la ciudad capital. Desde ese momento hasta 1995, la ciudad dejó de ser una prioridad, dada las necesidades del campo. Y a partir de la implementación de la participación popular en 1994, serán los gobiernos municipales, reproductores de las estructuras dominantes de poder nacional, quienes diseñen políticas urbanas, sin el aval técnico y urbanístico que caracterizó la ciudad en su fase de modernización efectiva primigenia.
Volviendo a la pregunta original, los cambios sociales, económicos y políticos propiciados por el Comité de Obras Públicas son en realidad, incuantificables. Esto se debe a que consagraron la transición definitiva de una sociedad cruceña tradicional a una moderna. Hoy podría parecer inverosímil que, con relativamente pocos recursos, se pueda generar un impacto tan mayúsculo y significativo como el que logramos cincuenta años atrás. Y aunque los cambios demográficos y físico-territoriales que se sucedieron inmediatamente después parecieron abruptos, éstos solo fueron posibles porque se consolidó exitosamente una estructura urbana capaz de recibir y gestionar los influjos poblacionales que la ciudad recibió de forma permanente y constante varias décadas después.
La experiencia de planificación cruceña aún no ha sido estudiada con el mérito que ésta merece. Si bien ha pasado más de medio siglo desde la creación del Comité de Obras Públicas, estudiar los procesos e impacto generados por esta institución matriz del desarrollo urbano es una tarea pendiente. Hacerlo nos ayuda a entender cómo podemos modular soluciones a los problemas actuales de la ciudad. Y nos recuerda que podemos innovar y trabajar de forma coordinada, haciendo que la otrora ciudad afable se transforme de tal manera, que nunca más sea la misma.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
