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Salarios para el siglo XXI

Pablo Mendieta Ossio

Economista en el campo de políticas públicas

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Como humanidad tenemos una crucial similitud sobre el recurso más escaso como es el tiempo: dura lo mismo para todos, ni un segundo más u otro menos.

Pero respecto al valor del tiempo existe una diferencia entre países y al interior de éstos. Según la OIT, en Alemania una hora vale en promedio Bs20, en Japón Bs10, en Costa Rica implica Bs5 y en Mali (África) vale Bs1,5, todos en términos comparables al nivel de vida del país.

En términos mensuales implica Bs14.450 en Alemania, Bs7.060 en Japón, Bs3.850 en Costa Rica y Bs1.100 en Mali.

Si todos compartimos la misma naturaleza humana, ¿no debería valer lo mismo el tiempo para todos? Esta pregunta y similares han marcado la discusión filosófica, política, económica de los últimos siglos.

En nuestro país, una hora vale Bs4,6, lo cual implica al mes en promedio Bs3.340. El ingreso mensual por persona en Bolivia es aproximadamente similar al de Corea del Sur, Brasil y Chile a inicios de los setenta, Perú de los ochenta y Malasia de los noventa, todos del siglo pasado.

En términos pragmáticos debemos discutir cómo subir los salarios y, por ende, los ingresos de las familias del país.

La forma incorrecta de hacerlo en esta coyuntura post-pandemia es mediante un incremento forzado del haber básico y, mucho peor, del salario mínimo. Existen al menos cinco razones que respaldan esta noción.

La primera es que la actividad económica del país no se ha recuperado plenamente de la pandemia. En promedio estamos 3% por debajo del nivel de 2019, característica que la mayoría de los sectores comparte, donde sobresalen restaurantes y hoteles (19% menos) y transporte (9%). Y en términos comparados, somos el país más rezagado en recuperación en el entorno sudamericano, junto con Ecuador, Uruguay y Argentina.

En segundo lugar, un aumento agravaría mucho más la pérdida de empleo en las empresas, que entre 2015 y 2019, antes de la pandemia, cayó en torno a 100 mil puestos de trabajo, una quinta parte del total. Esto es negativo porque un trabajador que no trabaja en una empresa gana 30% menos, no tiene seguridad social (médica y de jubilación) y tiene más del doble de posibilidades de ser pobre.

Tercero, porque los incrementos salariales, en particular del mínimo, no se han reflejado en el bienestar de la mayoría de los trabajadores en el país      . Las alzas salariales sólo llegan a un millón de personas en el país, dejando de lado a más de cinco millones que están fuera de las empresas.

En cuarto lugar y ligado con lo anterior, porque las remuneraciones en las empresas se han mantenido en general los últimos años e incluso subieron en los estratos más bajos; mientras que los ingresos de los trabajadores independientes y de emprendimientos familiares cayó más de 10% y no se han recuperado.

Y finalmente, porque el aumento del índice de precios al consumidor (IPC) fue apenas 0,9% en 2021, la más baja de Sudamérica. Por tanto, la reposición del costo de vida no debiera superar ese porcentaje.

Soy un convencido de que debemos mejorar agresivamente los ingresos familiares del país para que nuestros conciudadanos podamos tener condiciones dignas de vida.

Para ello, desde mi perspectiva profesional se requiere aumentar la productividad e impulsar la creación de una verdadera red de protección social, no una artificial y nominativa. Lo primero se logra principalmente promoviendo el crecimiento económico, mientras que lo segundo se alcanza formalizando el mercado laboral para que más trabajadores tengan salud y educación en cantidad y calidad, además de una sólida institucionalidad.

Requerimos políticas laborales y salariales que favorezcan a la mayoría. En torno a dos millones y medio de personas en el país gana menos que el salario mínimo, de las cuales sólo el 5% corresponde al sector formal. Actualmente un alza salarial en vez de mejorar sólo perjudicaría.

Necesitamos un buen mercado y un excelente Estado para hacer que los salarios suban en el país genuinamente a estándares internacionales del siglo XXI.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Pablo Mendieta Ossio

Economista en el campo de políticas públicas

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