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Chile hacia la segunda vuelta

En pocas semanas se definirá quién será el nuevo presidente de Chile. ¿Podrá construir un camino de diálogo sobre los enfrentamientos y la polarización que parecen signos de esta época?

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Por Jaime Abedrapo1

Desde octubre de 2019 quedó de manifiesto la necesidad de transformación en Chile, a través de movilizaciones multitudinarias en todo el país que fueron acompañadas de actos violentos que no se habían observado desde la década del setenta del siglo XX.

El cambio de época irrumpía en la agenda del país con una ciudadanía empoderada, que reclamó por la incapacidad de las instituciones de la República para procesar sus demandas, encendiendo un cuestionamiento a la propia democracia representativa desde la calle, ya que los partidos políticos tradicionales del centroizquierda y la centroderecha, que habían gobernado el país desde el retorno a la democracia (1990), parecían no tener la capacidad para canalizar y responder a las demandas sociales y políticas. Además, las elites políticas cuestionaron su propio legado y avanzaron peligrosamente hacia el populismo con la esperanza de ganar aceptación entre los ciudadanos, cuestión que tendió a legitimar aún más el malestar social.

Desde la perspectiva del derecho al desarrollo de los pueblos, a través de movimientos sociales se expresaba y exigía concordar la agenda política del país con los temas de interés ciudadano. Esta situación, que puso en jaque a la institucionalidad de Chile (y por cierto al gobierno de turno), creó las condiciones para la búsqueda de una salida institucional a la crisis de legitimidad y confianza mediante una discusión constitucional, la que permitiría crear un nuevo consenso respecto a las trasformaciones que el país demandaba en los ámbitos políticos, sociales y, sobre todo, culturales.

En definitiva, la realidad de un Chile posmoderno levantó banderas identitarias en un marco de ampliación de la autonomía subjetiva del individuo, que exige o demanda respuestas en clave de cambios normativos y actitudinales que provienen desde grupos animalistas, medioambientalistas, de diversidad sexual y un sinfín de temáticas que representan distintas asociaciones y movimientos. A estos también se han adherido agrupaciones que durante décadas no han tenido respuestas satisfactorias a sus demandas, tales como las pensiones para los jubilados, déficit habitacional de viviendas sociales, calidad y oportunidad de atención en la salud pública, reformas que apunten a mejorar la educación pública y enmendar el crecimiento inorgánico de la sociedad que tiende a segregar a la población más desposeída, carencia de reconocimiento de los pueblos originarios, entre otros asuntos.

Esto explicaría que en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 el 78 % de las personas haya votado por la opción apruebo (recordando que en Chile existe una abstención estructural que, desde que el voto es voluntario, supera al 50 %). Con este antecedente, los movimientos sociales se organizaron para votar por los independientes (no partidos tradicionales), ya que se había internalizado que el problema era fundamentalmente de la elite política que se había desacoplado de la ciudadanía, y se habían transformado en parte de los privilegiados de la sociedad.

Así, y contra todo pronóstico, en las elecciones de la Convención Constituyente de mayo de 2021, fueron elegidos representantes que posteriormente se conocen como los de la Lista del Pueblo, entre otros independientes, situación que manifestó una voluntad de cambios profundos en la morfología de la distribución del poder en Chile.

Sin embargo, debido a la propia atomización de la sociedad y, fundamentalmente, a los niveles de violencia que se han registrado en el país, se puede entender la respuesta que la ciudadanía expresó en la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre de 2021, en la cual se manifestó un aumento de votantes que se han identificado con fuerzas políticas que representan la estabilidad y, sobre todo, que proponen un mensaje de orden y respeto al Estado de derecho.

En efecto, el triunfo en la primera vuelta de la candidatura de José Antonio Kast, del naciente Partido Republicano, por sobre Gabriel Boric, del pacto Apruebo Dignidad (PC + Frente Amplio), por un 28 % a 25 %, marca un punto de inflexión en la tendencia de las elecciones precedentes, las cuales expresaron un mandato de transformación social.

¿El cambio de orientación en la voluntad de los electores significa que las transformaciones ya no son necesarias?

En los comicios recién pasados, el ciudadano parece haber apreciado más el valor del orden como respuesta a la violencia que se manifiesta en distintos ámbitos de la vida nacional, desde la delincuencia ordinaria pasando por el fortalecimiento de las organizaciones de narcotraficantes que evidentemente se han extendido en dominio y control sobre el territorio nacional, la violencia política luego de cada manifestación pública y la conflictividad cada vez mayor en la macrozona sur del país, en el contexto de las reivindicaciones de representantes «de la causa mapuche».

Este factor parecería ser esencial en el cambio de voluntad de la ciudadanía, que significó un alza en la votación de la derecha en el Senado (alcanzando el 50 % de los escaños), la irrupción del Partido de la Gente liderado por el independiente Parisi con 6 diputados, más los 18 diputados y un senador del Partido Republicano que lidera Kast. Debe recordarse que estos partidos no contaban con representantes en el Congreso y que sus espacios se han conseguido en desmedro de los partidos tradicionales autodefinidos como de centro (izquierda y derecha).

Es decir, la violencia, en sus diferentes expresiones, estaría condicionando el mandato de las transformaciones a un segundo lugar, anteponiendo una exigencia de estabilidad política, económica y social que estaría creciendo entre los electores. De hecho, Gabriel Boric, con posterioridad a los comicios, ha estado intentando soslayar la necesidad de estabilidad política y social y ha criticado la violencia en todas sus formas.

Por su parte, la candidatura de José Antonio Kast, que precisamente creció sorpresivamente desde la derecha política tras una promesa de paz social y respeto al Estado de derecho, ha centrado su esfuerzo en presentarse como un actor de unidad nacional en vista a «combatir» la violencia política en el país.

En consecuencia, el país se ha polarizado entre dos fuerzas que se alimentan entre sí, situación que dificulta el camino del diálogo, ya que pone cuesta arriba la consecución de acuerdos que permitan proyectar un país con una visión de futuro e integrado. Este escenario dificulta las transformaciones en comunión que demanda el cambio de época.

Pese a las vicisitudes, debemos insistir en que el país necesita templanza, prudencia y justicia en el seno del proceso constituyente. Por lo tanto, sea quien sea el que llegue a la Casa de Gobierno, deberá realizar sus mejores esfuerzos por pacificar los ánimos, rechazar la violencia y renovar su compromiso con el diálogo y el entendimiento social. De otro modo, la polarización y su consecuente conflicto político y social pueden desencontrar más al Chile de hoy y del mañana.

1Director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, Chile. Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (Instituto Universitario Ortega y Gasset, España). Cientista político. Periodista

*Este artículo fue publicado originalmente en dialogopolitico.org el 30 de noviembre de 2021.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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