Conoce las 17 conclusiones de la comisión legislativa que pide procesar penalmente a Trump
El grupo bipartidista plantea cambiar la ley de elecciones presidenciales.
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La comisión de la Cámara de Representantes estadounidense que investiga el ataque al Capitolio concluyó este lunes 18 meses de trabajo durante los que hicieron más de mil entrevistas, revisaron un millón de documentos y citaron a unos 100 testigos, según informó el diario El País de Madrid.
A esos números, hay que añadir otros nuevos: al término de la última sesión, antes de su previsible desmantelamiento con la llegada, a principios de 2023 del nuevo Congreso, de mayoría conservadora, sus nueve miembros publicaron un resumen ejecutivo de 154 páginas de su investigación en el que sus nueve miembros detallan 17 conclusiones que consideran probadas y que les han llevado a pedir al Departamento de Justicia que procese penalmente a Donald Trump por cuatro delitos: incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial de Congreso, conspiración para difundir falsedades electorales e intento de fraude a Estados Unidos.
En la página 7 del resumen ejecutivo, se puede leer: “La causa última del 6 de enero fue un solo hombre, el expresidente Trump, al que muchos otros siguieron. Nada de lo que pasó en aquella jornada habrían sucedido de no haber sido por él”.
El documento ofrece un repaso a las pruebas que han ido compartiendo con el público en las 10 audiencias televisadas que han organizado entre junio y octubre. No hay grandes novedades, aunque sí algunos detalles jugosos, como un inventario de las armas confiscadas aquel día en el mitin convocado por Trump en las inmediaciones de la Casa Blanca.
“El Servicio Secreto se hizo con un verdadero botín entre los 28.000 espectadores que pasaron por los arcos de seguridad: 242 botes de gas pimienta, 269 cuchillos o cuchillas, 18 puños americanos, 18 pistolas de electrochoque, seis chalecos antibalas, tres máscaras de gas, 30 porras o instrumentos contundentes y 17 artículos misceláneos como tijeras, agujas o destornilladores. Miles de personas permanecieron deliberadamente alejados de esos arcos de seguridad. Otros muchos portaban armas de fuego”. En esa lista había rifles, AR-15 y revólveres Glock.
Estos son los 17 puntos que resumen las conclusiones de la investigación.
1. La comisión acusa al expresidente de difundir “deliberadamente acusaciones falsas de fraude relacionadas con las elecciones de 2020 con la intención de anular esas elecciones” y, de paso, pedir dinero a sus seguidores. También vincula esos esfuerzos con “la violencia el 6 de enero”, que acabó con un asalto que causó cinco muertos y centenares de heridos.
2. Asimismo, el líder republicano sabía que “él y sus aliados habían perdido docenas de demandas electorales”, y aún así se negó a aceptar su derrota. “En lugar de cumplir con su obligación constitucional de ‘velar porque las leyes se cumplan fielmente’, el presidente Trump conspiró para anular el resultado de las elecciones”, sentencia el documento del comité.
3. La comisión también considera que Trump presionó a su vicepresidente, Mike Pence, para que hiciera algo que no estaba a su alcance: negarse a certificar el 6 de enero el recuento de los votos electorales en el Congreso. Durante la insurrección, los seguidores de Trump llegados de todas partes de Estados Unidos desfilaron hacia el Capitolio entre gritos de “Colguemos a Mike Pence”, mientras el aún presidente lo veía todo por televisión sin mover un dedo, pese a que sabía que era el único con capacidad para detener esa violencia.
4. “Trató de corromper al Departamento de Justicia de los Estados Unidos” al tratar de empujar a sus funcionarios para “hacer declaraciones deliberadamente falsas y así ayudar en su esfuerzo por anular el resultado electoral”. No solo eso: Trump luego “ofreció el puesto de fiscal general interino a Jeff Clark sabiendo que Clark tenía la intención de difundir información fraudulenta”.
5. Según las pesquisas hechas públicas este lunes, Trump presionó a funcionarios y legisladores estatales para que alteraran el resultado legítimo de las elecciones de noviembre de 2020. Esos intentos fueron especialmente agresivos en Georgia, donde un gran jurado designado por un tribunal de Atlanta investiga las intenciones espurias del magnate, que llegó a llamar por teléfono al secretario de Estado para pedirle que buscara “11.780 votos”, uno más de los que lo separaban de Biden.
6. Trump También “supervisó un esfuerzo para obtener y transmitir certificados electorales falsos al Congreso y a los Archivos Nacionales” en Washington.
7. Y presionó a varios miembros del Partido Republicano en el Congreso para que lo ayudaran en su cruzada para no certificar los votos electorales.
8. La investigación concluye que el expresidente dio por buena información falsa en un escrito dirigido a un tribunal federal.
9. A partir de esas teorías falsas del robo electoral, convocó a miles de sus partidarios a un mitin el 6 de enero en Washington. Sabía que muchos de ellos iban armados “y estaban furiosos”, y aún así los alentó a marchar hacia el Capitolio para “recuperar su país”. Este lunes, día en el que el comité pidió el procesamiento de Trump, era también el del segundo aniversario de uno de sus tuits más famosos (y la competencia es realmente dura ahí): “Gran protesta en D.C. el 6 de enero. No faltéis. Será salvaje”, escribió entonces.
10. Una vez empezó el asalto, se negó repetidamente a mandar un mensaje a los insurrectos para que cesaran con la violencia. “En lugar de eso, vio el ataque violento en televisión”, dice el informe. En concreto, pasaron 187 minutos, que centenares de parlamentarios pasaron escondidos en el interior del Capitolio, hasta que Trump grabó y emitió un video en el que llamaba a los suyos a irse a casa.
12. También considera probado que todas esas acciones formaban parte de una “conspiración en varias partes” para mantenerse en el poder.
13. El comité entiende que los servicios de inteligencia supieron que algo se estaba fraguando antes del 6 de enero, y que compartieron la información de la que disponían con el Ejecutivo, el servicio secreto y el consejo de Seguridad Nacional.
14. Esa información era clara sobre una cosa: no había planes de grupos de extrema izquierda, como Antifa, de participar en una contraprotesta violenta el día de la certificación el triunfo electoral de Biden, un trámite que siempre se había desarrollado pacíficamente.
15. El resumen ejecutivo, que cuenta con medio centenar de páginas de notas, también da cuenta de lo que la inteligencia estadounidense y las fuerzas del orden ignoraban: el alcance de la “planificación en curso del presidente Trump, John Eastman, Rudolph Giuliani y sus asociados para anular los resultados electorales certificados”. Tampoco “anticiparon la provocación que el presidente Trump ofrecería en la multitud en su discurso de aquel día”.
16. El comité destaca la “valentía” con la que los miembros de la Policía del Capitolio y la Policía Metropolitana de la capital. Ninguno de los dos cuerpos vio venir la violencia que se produciría”.
17. Por último, los nueve miembros de la comisión consideran que “Trump tenía la autoridad y la responsabilidad de dirigir el despliegue de la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia, pero nunca dio ninguna orden para desplegar la Guardia Nacional el 6 de enero ni ningún otro día”. “Tampoco ordenó a ninguna agencia federal que ayudara. Debido a que la autoridad para desplegar la Guardia Nacional había sido delegada al Departamento de Defensa, el secretario de Defensa podía desplegar la Guardia, cosa que finalmente hizo”. “El Comité no ha encontrado evidencia de que Defensa retrasara intencionalmente el despliegue de la Guardia Nacional, aunque reconoce había algunos en el departamento con preocupaciones genuinas, que aconsejaron precaución, de que pudiera dar una orden ilegal para usar el ejército en apoyo de sus esfuerzos por anular las elecciones”.
El texto de la comisión bipartidista también apoya la modificación normativa que contempla la Ley de Reforma de Elecciones Presidenciales. Se trata de un proyecto presentado dos miembros del comité: la republicana Liz Cheney, de Wyoming, y la demócrata de California Zoe Lofgren. Persigue dificultar la anulación de una elección presidencial al enmendar la ley de Recuento Electoral, de 1887. También limita el papel del vicepresidente a meramente testimonial durante el proceso. Tras pasar el trámite en septiembre de la Cámara de Representantes, está previsto que se vote en el Senado este miércoles, como parte de una ley ómnibus de gasto.
