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La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por actos probados de corrupción. En contra de ella existen varias acusaciones, en algunas de las cuales fue, al menos por ahora, sobreseída. Sin embargo, la líder del peronismo kirchnerista tiene inmunidad hasta diciembre de 2023, cuando termina su mandato como vicepresidenta. Aunque todavía existe un largo camino judicial por recorrer, entre recursos y recursos, la sentencia en la causa Vialidad –llamada así en referencia a las construcciones de carreteras que su Gobierno adjudicó a un empresario amigo en el sur del país– marca un hito en su larga pelea judicial porque llegó a juicio oral y terminó con una condena a la actual vicepresidenta de la República.
Para el fiscal argentino Diego Luciani, Cristina Fernández de Kirchner ha sido la jefa de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, y pidió 12 años de prisión y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y la acusó de liderar una estructura de corrupción “extraordinaria”, en la que Lázaro Báez recibió contratos millonarios de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó antes de que él y su esposa se sucedan en la Presidencia. También difundió, durante sus alegatos orales, mensajes de WhatsApp donde los acusados mencionan a la por entonces presidenta de direccionar los contratos públicos. El fiscal detalló la existencia de una estructura de corrupción al más alto nivel, donde el empresario Lázaro Báez monopolizaba contratos millonarios de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
La estructura criminal estaba conformada por varios funcionarios públicos de alto rango que, en una estricta separación de roles, se beneficiaron del Estado, y adoptaron las medidas necesarias para buscar la impunidad. La organización mafiosa fue creada durante el mandato de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007), y continuada bajo su Gobierno.
El fiscal Luciani estimó en 1.000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones, una empresa creada por Lázaro Báez, que en pocos meses se convirtió en millonario. Como argumento del fraude, la Fiscalía estableció que el patrimonio de Báez creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa un 46.000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez solo tuvo como cliente al Estado; mientras su fortuna se multiplicaba, por una veintena de acuerdos comerciales privados con la familia Kirchner.
La mayoría de las licitaciones públicas tenían sobreprecio, no se terminaban las obras contratadas o cuando se construía eran de tan mala calidad que había que repetirlas. Entre varias acusaciones que tiene la exmandataria, en este juicio se tiene demostrado que no se trataba de simples “hechos aislados” de corrupción, sino de una organización criminal incrustada en el mismo Gobierno argentino.
Que la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se encuentre condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por actos de corrupción, evidencia, por un lado, que este fenómeno ha trepado alto y, por otro, la voluntad política de luchar contra este flagelo universal. En el juicio ha quedado en evidencia que la corrupción ha sido dirigida, en unos casos y consentida en otros, desde la misma Presidencia de la República. La reacción de la exmandataria ha sido declararse inocente, víctima del revanchismo y perseguida política.
La corrupción siempre florece en la oscuridad del totalitarismo, del autoritarismo, del populismo y de las dictaduras, que no admiten la separación de poderes, los controles institucionales cruzados, menos la fiscalización de los medios de comunicación social. La mayoría de los argentinos esperan que se sancione con todo el rigor de la ley a la exmandataria, que se afanó la “guita” y le sacó el pan de la boca a los más necesitados que dice representar y defender.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
