El movimiento cívico en Nicaragua después de la represión

Es bastante conocido que en el año 2018 se produjo un estallido social en Nicaragua de dimensiones nacionales y con multitudinarias marchas de protesta en contra del gobierno encabezado por Daniel Ortega. Las primeras expresiones de protesta fueron protagonizadas por grupos pequeños de personas que se sentían directamente afectadas por las reformas a la seguridad social, el acontecimiento catalizador del estallido.

La forma en que fueron reprimidos los protestantes, muchos de ellos personas de la tercera edad, por la policía y grupos de simpatizantes gubernamentales conocidos como grupos de choque, provocó que miles de personas se lanzaran a las calles de manera espontánea y autoconvocada.

Las movilizaciones no cesaron en todo el año y siguieron en 2019, hasta que la policía y fuerzas paramilitares organizadas por el Gobierno las frenaron a punta de violencia letal. Esta dejó como saldo más de 355 personas asesinadas, miles de heridos, centenares de personas encarceladas y miles de exiliados. Desde entonces hasta la actualidad, el movimiento social y las acciones colectivas han tenido un intenso recorrido.

De autoconvocados a movimiento cívico organizado

Los grupos autoconvocados tenían formas y composición diversas. Voces, mensajes y canales de comunicación distintos, eran autónomos, horizontales y con liderazgos propios. Compartían tres demandas que no han variado en el tiempo: justicia, libertades ciudadanas y cambio político democrático. En la medida en que las acciones colectivas se diversificaron, se volvieron multitudinarias y se extendieron por todo el país, los grupos autoconvocados comenzaron a adoptar formas más estructuradas de organización.

La convocatoria de Ortega a un diálogo nacional con la mediación de la Iglesia católica, en mayo de 2018, dio lugar a un proceso de estructuración del movimiento, particularmente de los grupos juveniles que fueron protagonistas principales de las protestas. Poco tiempo después, los diferentes actores y sectores participantes en ese diálogo conformaron la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). Meses más tarde, numerosas organizaciones y movimientos sociales dieron vida a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) como una plataforma amplia para sostener las acciones colectivas. En ambos espacios, los partidos políticos, actores tradicionales de la política, quedaron al margen. Algunos de ellos fueron abiertamente rechazados por su falta de credibilidad y legitimidad entre la población.

La unidad que no fue

Desde que iniciaron las protestas, en 2018, la ciudadanía en Nicaragua demandó a las organizaciones sociales y fuerzas de oposición un esfuerzo unitario que, hasta el momento, no se ha producido. Después de la conformación de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, ambas organizaciones promovieron la creación de la Coalición Nacional, en 2020, de cara al proceso electoral presidencial previsto para noviembre del año siguiente. La Coalición además integraba al movimiento campesino, una parte del movimiento juvenil, una organización vinculada con la antigua Contra, dos partidos políticos nacionales y un partido regional.

Sin embargo, la Alianza Cívica decidió abandonar la Coalición, en medio de tensiones y conflictos para conformar la Alianza Ciudadanos con el partido Ciudadanos por la Libertad. Las dos plataformas dieron espacio al resurgimiento del protagonismo de los partidos como actores políticos, junto con los actores emergentes de lo que se ha llamado la insurrección cívica de abril.

Las dos alianzas comenzaron a preparar las condiciones para participar en la competencia electoral con candidatos y casillas propias, mientras la ciudadanía hacía una fuerte presión para que se unieran en un frente amplio de oposición. Desde la perspectiva de la opinión pública, entre las dos plataformas existía una especie de competencia, que generó muchas críticas, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por abrir espacios de diálogo y consenso entre ambas. Uno de los momentos más álgidos fue en mayo de 2021, cuando en medio de una intensa exposicion mediática, las dos organizaciones no lograron ponerse de acuerdo y solamente la Alianza Ciudadanos se inscribió para participar en las elecciones.

Malestar en la ciudadanía

El malestar de la ciudadanía en Nicaragua no se hizo esperar, pero se disipó cuando el Gobierno de Ortega decidió incrementar la represión y encarceló a siete candidatos presidenciales, líderes de partidos y organizaciones sociales, líderes juveniles, periodistas, empresarios privados y defensores de derechos humanos, entre otros. Además, inhabilitó a tres partidos políticos —dos de ellos integrantes de la Coalición y la Alianza Ciudadanos— para que no pudieran participar en los comicios, y decidió controlar todas las variables de la contienda electoral para asegurar la continuidad de Ortega en el cargo a toda costa.

Sin competencia justa, condiciones ni garantías, la ciudadanía decidió abstenerse de acudir a las urnas el día de las elecciones, a pesar de que Ortega mantuvo la persecución, los encarcelamientos y las amenazas contra personas vinculadas a organizaciones del movimiento social y la oposición. Una vez asegurada su permanencia en el poder, Ortega ha avanzado imponiendo un estado policial sobre los nicaragüenses.

La recomposición después de la represión

La fuerza y capacidad de movilización del movimiento ciudadano y de las fuerzas de oposición ha colocado en serios problemas a Daniel Ortega y ha elevado la contienda política al más alto nivel. Por esa razón, en 2018 ordenó ejecutar la Operación Limpieza, un plan que se extendió durante varios meses y consistió en descabezar el liderazgo del movimiento, además de frenar a toda costa las acciones sociales. En efecto, la operación logró golpear fuertemente a las organizaciones y sus liderazgos, así como contener las protestas. Pero el movimiento y la resistencia se mantuvieron en pie.

En 2021, Ortega ejecutó un plan similar a la Operación Limpieza, pero esta vez sin violencia letal. El repertorio de acciones represivas incluye encarcelamientos, juicios espurios, cancelación de personerías jurídicas de partidos políticos, persecución, secuestro, extorsión, destierro, amenazas, hostigamiento y vigilancia sobre activistas, líderes, periodistas y defensores de derechos humanos, así como la masiva eliminación de organizaciones sociales, la confiscación de medios de comunicación independientes y ataques contra la Iglesia católica.

Todo ello ha provocado temor entre la ciudadanía y el exilio masivo. Nuevamente, el propósito es golpear al movimiento ciudadano y a las fuerzas de oposición, para eliminarlas. Es innegable que la represión los ha debilitado. Dentro del país es prácticamente imposible expresarse libremente, organizarse y menos todavía protestar.

Perspectivas

De esta manera, a pesar de la fuerza organizada que todavía existe, las posibilidades de realizar acciones colectivas son mínimas. Aún así, la ciudadanía ha adoptado un conjunto de pequeños actos de resistencia cotidiana y una corriente de descontento e insatisfacción se está acumulando nuevamente. En el exterior existen numerosas organizaciones activas con incidencia internacional, pero están fragmentadas y entre ellas persisten los conflictos y contradicciones.

La ciudadanía sigue demandando la unidad de las fuerzas de oposición, porque considera que es un paso necesario para una ruta de salida democrática a la crisis. En la medida que la represión de Ortega las ha golpeado a todas, hay mayor claridad y disposición en relación con esta demanda. El proceso de construcción de consensos es lento y complejo, en tanto los actores son diversos, así como sus perspectivas, posicionamientos ideológicos e intereses. No hay recetas ni soluciones mágicas, pero el punto de llegada es inevitable.

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¹Socióloga y bloggera. Investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Nicaragua.

*Este artículo fue publicado en dialogopolitico.org el 05 de octubre de 2022