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Los estados que cuentan con un servicio exterior profesional saben que nunca es bueno anunciar una iniciativa de política exterior cuyas probabilidades de fracaso son mucho mayores que las de éxito. En Bolivia, sucede lo contrario, tanto durante el gobierno de Evo Morales como en el actual de Luis Arce, ambos se embarcaron con entusiasmo en todos los barcos con posibilidades de naufragar. Parece que se ha hecho una costumbre de la política exterior del MAS eso de ir por lana y salir trasquilados.
Empezó con la estrategia marítima fallida diseñada por el gobierno de Evo Morales, de iniciar un litigio contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), bajo la peregrina premisa de que lograrían una sentencia en La Haya que obligaría a Chile a negociar una salida soberana al Océano Pacífico en virtud de compromisos unilaterales que histórica y unilateralmente habría contraído Chile con Bolivia. Esa maniobra, parecida a la de comprar un billete de lotería o apostar a la ruleta, la publicitaron urbi et orbi y pensaron que su éxito atornillaría a Evo Morales en el poder hasta el fin de los tiempos. El resultado fue que Evo Morales pasará a la historia como el sepulturero del tema marítimo.
Esta tendencia a desgraciar la política exterior continua con el actual gobierno. Anuncian una serie de acciones internacionales y lo único que obtienen son reveses bochornosos. Montan un show político y mediático para anunciar la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) sobre los sucesos de violencia ocurridos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, hasta que se encuentran con la desagradable sorpresa de que entre los hallazgos del GIEI, también hay graves violaciones de derechos humanos atribuibles a Evo Morales y una recomendación de que se deben establecer responsabilidades en todos los hechos de violencia ocurridos durante los dos últimos gobiernos. Como si fuera poco, el GIEI añade que el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de estructura y en particular de su integración y que “verificó la falta de independencia del Ministerio Público, el abuso de la detención preventiva y su uso con fines de persecución política“. Por eso, no extraña el silencio y el olvido en el que han confinado las recomendaciones del GIEI.
Estos fracasos hubiesen llevado a la reflexión a cualquier gobierno sensato, no al boliviano. Hace pocas semanas inventaron otra estrategia internacional destinada a fines de política interna: acudir al Consejo Permanente (CP), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para denunciar al Secretario General de la OEA, Luis Almagro y a la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia (SFD) por un comunicado público donde se ratifica que el gobierno de Evo Morales cometió graves manipulaciones dolosas en las elecciones presidenciales de octubre de 2019, en todas las etapas del proceso. El fallido intento de atacar a la OEA fue contraproducente para la delegación boliviana conformada por los ministros de justicia y de relaciones exteriores. Salvo los apoyos de Argentina, México y de la dictadura de Nicaragua, el resto de los países se deshicieron en elogios a las Misiones de Observación Electoral de la OEA (MOEs) por el inmejorable papel que cumplen en la región en defensa de la democracia. Como si eso fuera poco, Francisco Guerrero, Secretario de la SFD, les recitó el rosario de manipulaciones dolosas cometidos a lo largo de esa elección, cada una de ellas comprobadas y documentadas por los peritos forenses electorales que fueron a Bolivia a realizar la auditoria vinculante de la OEA y desestimó con solidez el poco o ningún valor del informe del solitario profesor de la Universidad de Salamanca y dos de sus estudiantes, quienes desde hace algún tiempo tomaron la sabia decisión de desaparecer del mapa.
Finalmente, como parece que a las actuales autoridades no les sirve la experiencia de sus continuos desastres y que, para colmo de males, carecen de diplomáticos de carrera desde que al principio de su gobierno diezmaron la Carrera Diplomática, se dedicaron a anunciar por todos los vientos, que en la Cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) en México presentarían una iniciativa conjunta con Cuba, Venezuela, Nicaragua y México, para sustituir la OEA por otra organización y así acabar con Luis Almagro. Cómo era de suponer, nuevamente quedaron en ridículo y nada de eso sucedió. La OEA, más bien, salió fortalecida frente a una organización incoherente como CELAC, que se reclama defensora de la democracia y que invita a su Cumbre a las dictaduras de Diaz Canel, Ortega y Maduro y al aspirante a ser admitido en ese club, el amanuense de Evo Morales, Luis Arce.
Estos fracasos constantes dañan la ya precaria imagen del país y su capacidad para actuar de buena fe en sus relaciones con el mundo.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
