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La dictadura de Daniel Ortega

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Con todos los candidatos opositores presos y una normativa reformada a su medida, el dictador Daniel Ortega ha sido reelegido para un nuevo mandato presidencial en Nicaragua. El control absoluto del poder, la persecución política y los abusos del régimen, genera miedo y la población no quiere usar las redes sociales, comunicarse por WhatsApp, que suene el teléfono a medianoche o cruzarse con soldados y policías armados en estado de alerta en cada esquina. Miedo a ser señalado por los miembros del Consejos del Poder Ciudadano (CPC), delatores creados a imagen y semejanza de los comités de Defensa de la Revolución cubana para el espionaje vecinal. 

Al sandinismo lo sostiene ahora apenas un 20% de la población, según medios internacionales. El resto, incluyendo a sus aliados de antaño, le dieron la espalda a inicios de los noventa. Y ahí están los cientos de asesinados durante la represión de las protestas de 2018, los 120.000 exiliados o los casi 200 detenidos, mientras Ortega se presenta como feminista en un gobierno paritario que decidió nombrar a su esposa copresidenta de Nicaragua. Los miembros del Consejo del Poder Ciudadano se movían puerta a puerta, listas en mano para arrastrar a las urnas al mayor número de gente posible. La estrategia era el 1×10 consistente en que cada simpatizante, trabajador público o militante sandinista debía llevar a 10 personas a votar, algo que siempre le ha dado buenos resultados al chavismo en Venezuela. 

El régimen de Daniel Ortega se enfrente al repudio nacional e internacional. Cuatro expresidentes latinoamericanos han exigido a los gobiernos de Latinoamérica que desconozcan los resultados de las elecciones presidenciales en las que Ortega participó sin competencia y de las que se ha proclamado ganador, a la vez que piden que se aisle al régimen de Managua. La solicitud está firmada por Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, Laura Chinchilla, de Costa Rica, Juan Manuel Santos, de Colombia, y Ricardo Lagos, de Chile. Los comicios nicaragüenses carecen de legitimidad y ex mandatarios llaman a suspender el financiamiento que organismo internacionales otorgan al gobierno de Ortega. 

Los expresidentes exigen el desconocimiento de los resultados de las elecciones por todos los gobiernos democráticos del continente. La OEA ha invocado la Carta Democrática Interamericana que busca, precisamente, proteger a los países americanos cuanto se rompe el orden constitucional. La defensa de la democracia, los derechos humanos, los valores y principios constitucionales, pasan a ser una responsabilidad de todos los países miembros. La protección de los derechos humanos debe prevalecer al principio de la no intervención, que proclama Maduro y sus seguidores.  

La democracia es imprescindible para la convivencia ciudadana. El artículo 3 de la Carta reconoce que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La comunidad internacional recuerda que el régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del poder. La defensa real de los derechos humanos, en efecto, es una tarea de todos, por la sencilla razón que son ―universales y sagrados― y su protección no debe tener fronteras. Ningún gobierno democrático debe quedar indiferente ante los abusos del régimen delincuencial de Daniel Ortega, que lejos de proteger a sus ciudadanos, se encarga de polarizar y enfrentar a los nicaragüenses, que están además bajo estado de excepción permanente. 

La comunidad internacional tiene que garantizar elecciones democráticas, restituir la institucionalidad y la convivencia pacífica y civilizada en Nicaragua. 

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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