La sociedad civil en las Américas: entre la sumisión autoritaria y la autonomía democrática
Distinguir las organizaciones y movimientos paraestatales, que en última instancia sirven para legitimar la autocracia al enturbiar las aguas del trabajo de desarrollo de la sociedad civil, es fundamental para no desperdiciar fondos y atención en instituciones y redes democráticamente vacías.
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Por: Armando Chaguaceda1 y Alex Elnagdy2
Distinguir las organizaciones y movimientos paraestatales, que en última instancia sirven para legitimar la autocracia al enturbiar las aguas del trabajo de desarrollo de la sociedad civil, es fundamental para no desperdiciar fondos y atención en instituciones y redes democráticamente vacías. Los niveles de libertad respecto a la coacción gubernamental marcan esta distinción.
En Rusia o China, los gobiernos están clausurando numerosas organizaciones que promueven derechos y agendas distintas a las oficiales. En las Américas, por ejemplo, el grado en que las organizaciones sociales leales a los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) pueden criticar la política en Cuba, Nicaragua y Venezuela, en comparación con la sociedad civil en las democracias desarrolladas, resalta este espectro. El costo de la disidencia también estratifica la autonomía de la sociedad civil dentro de las democracias, aunque en una escala menos pronunciada.
Estas distinciones entre la sumisión autoritaria y la autonomía democrática se hacen más claras durante las crisis. El mundo democrático ha sufrido nuevas pérdidas en su competencia global contra la autocracia, bajo el peso combinado de la pandemia, las crisis económicas resultantes y la exacerbación de los conflictos existentes. Según lo rastreado por entidades como Freedom House, las derrotas cívicas en sitios como Hong Kong, Venezuela, Tailandia, Turquía, India y Brasil, combinadas con las pérdidas relativas de las democracias avanzadas, tuvieron un grave costo para la libertad en todo el mundo. A nivel global, los países que experimentaron cierto deterioro democrático superan, en número, a los que registraron mejoras. La recesión democrática se está profundizando y extendiendo. La relativa resiliencia de las democracias y la capacidad de la sociedad civil para salvaguardar los principios democráticos han sido aun más cuestionadas.
Esta tendencia global llegó a un punto crítico en la América de Trump, cuando organizaciones emblemáticas de la sociedad civil estadounidense —Open Society, The National Endowment for Democracy y Freedom House, entre otras— adoptaron diversas posturas públicas en defensa de la ciudadanía estadounidense. Cuando desde la Casa Blanca se amenazó con reprimir las protestas en Washington D. C. y en otras ciudades, estas organizaciones, y muchas más, condenaron las tendencias autoritarias del presidente Trump. Se solidarizaron con los manifestantes, declararon su compromiso contra el racismo y denunciaron los intentos de erosionar la democracia. Simultáneamente, apoyaron a activistas y organizaciones con objetivos democráticos a nivel internacional, incluso dentro de gobiernos de derecha que recuerdan a la doctrina Trump. Estas organizaciones enfrentaron las pulsiones del poder ejecutivo, retórica y políticamente.
Estas declaraciones vinieron con su propio riesgo de consecuencias políticas, particularmente para aquellos que reciben fondos del gobierno. Incluso la sociedad civil estadounidense está sujeta a cierta coacción gubernamental, a pesar de ser una democracia avanzada. Las deficiencias de las democracias comprometidas no deben impedir el examen reflexivo de las desarrolladas. El precio de la disidencia en las autocracias es categóricamente más alto, pero la financiación y las redes siguen siendo un alto costo para cruzar líneas políticas en Estados Unidos. De todos modos, todas ellas tomaron una posición dentro de los límites de sus mandatos organizativos.
La National Endowment for Democracy y sus cuatro instituciones asociadas siguieron esta agenda después de los violentos incidentes en Washington del 6 de enero. Afirmaron que «un principio fundamental de la democracia es la competencia pacífica de ideas entre conciudadanos bajo la ley. Después de una elección libre y justa, cuando los titulares son derrotados, debe resultar una transferencia pacífica del poder. Es a través de estos procesos democráticos que se protegen las libertades fundamentales, y las oportunidades y la justicia son posibles para todos»». Si bien no es inflamatorio ni controvertido, el posicionamiento de National Endowment for Democracy fue claro —pese al riesgo de ser acusada de entrometerse en los asuntos internos, algo explícitamente fuera del mandato del Congreso— y defendió los principios democráticos. Trump fue derrotado electoralmente en términos inequívocos, alentó el asalto a la capital y amenazó con romper el legado de Estados Unidos de transiciones pacíficas de poder.
La National Endowment for Democracy también financia numerosas organizaciones en América Latina, no pocas de las cuales de agendas progresistas, que promueven la democracia frente a notorios gobiernos de derecha. En Guatemala, apoya a organizaciones como la Asociación Diálogos y Guatemala Visible y Sociedad Civil No-Ficción (que abordan la seguridad ciudadana, la supervisión de los tribunales electorales y constitucionales, y las amenazas contra el Estado de derecho). En la Colombia de Duque, ha apoyado a la Fundación Paz y Reconciliación (enfocada en la transparencia gubernamental), a la Corporación Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (apoyando a los medios comunitarios contra las amenazas por su trabajo), y a la Corporación Casa de la Mujer (empoderando a las mujeres líderes y defensoras de sus comunidades), entre otras organizaciones. Además, en el Brasil de Bolsonaro, recientemente ha apoyado al Instituto Tecnológico e Equidade (contrarrestando la desinformación en las elecciones locales) y al Politizar, Instituto de Educación Política (promotor de una cultura tolerante y de un diálogo constructivo) en agendas claramente en contra de la agenda populista del presidente.
Paralelamente, la Open Society aprobó un apoyo extraordinario para el empoderamiento de las comunidades afroamericanas después de las protestas de Black Lives Matter. La organización, financiada por George Soros, declaró que «con el fin de apoyar el movimiento histórico de esta nación hacia la justicia racial, las Fundaciones de la Sociedad Abierta anuncian inversiones por un total de USD 220 millones en organizaciones y líderes emergentes que empoderan a las comunidades negras en todos los países, apostando su capacidad para llevar el impulso de hoy hacia un futuro mejor». Dicho esto, la Open Society opera con una libertad comparativamente mayor que la National Endowment for Democracy en virtud del respaldo financiero privado.
La respuesta de la Open Society a la insurrección del 6 de enero dice: «Hemos visto escenas asombrosas cuando cientos de matones incitados por un presidente criminal invadieron las cámaras legislativas de un país y causaron caos y muerte en un esfuerzo por anular el resultado de una elección democrática… Fundada para promover los derechos humanos y la justicia en todo el mundo, la Open Society nunca ha estado ciega a la mota en el propio ojo de Estados Unidos, una sociedad con su brutal participación de injusticia racial y exclusión económica, pero nosotros, como muchos, habíamos contado con la autoridad del proceso democrático de Estados Unidos para proporcionar un camino a seguir». La Open Society llamó directamente a un presidente criminal, a pesar del peso debilitantemente partidista de involucrar a la Casa Blanca en ese momento.
La Open Society también ha apoyado proyectos e instituciones con agendas progresistas como la Unión Americana de Libertades Civiles (reconocida defensora de los derechos civiles y crítica de la erosión de las libertades civiles por parte de la Guerra contra el Terrorismo), la Fundación del Instituto Árabe Americano (que denuncia la ocupación israelí y la represión a los palestinos), el Movimiento de Base Malcom y NACCP Legal Defense and Education (defensores de los afroamericanos en América del Norte), el Consejo Nacional de La Raza (centrado en los derechos de los inmigrantes), Planned Parenthood (que promueve los derechos de las mujeres), la fundación Tide (identificado con la agenda izquierdista), y Voto Latino (grupo que fomenta la membresía electoral entre la comunidad latina), entre otros colectivos. También ha financiado entidades que trabajan con instituciones oficiales cubanas, como el Proyecto Archivo de Seguridad Nacional y el Programa Cuba de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Este último instituto es reconocido por su colaboración académica con la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales.
Freedom House, otro objetivo permanente de Beijing, La Habana y Moscú, también disintió cuando la Administración Trump más tarde se movió para descalificar las elecciones. Michael J. Abramowitz, presidente de Freedom House, afirmó: «De acuerdo con la ley y la Constitución de Estados Unidos, la presidencia de Donald Trump terminará al mediodía del 20 de enero. Pero mientras mantenga sus falsas afirmaciones sobre el fraude, y sus intentos de imponer esas ficciones a otros políticos, instituciones gubernamentales y estadounidenses comunes, socavará los cimientos de nuestra república constitucional y dañará la causa del autogobierno libre en general». A pesar de su dependencia de los fondos federales, Freedom House coincidió con la denuncia inequívoca de Open Society de las acciones de la administración Trump; El 91 % del apoyo e ingresos totales de Freedom House provino de subvenciones federales sin restricciones de donantes en el año fiscal 2020.
Los ejemplos anteriores de disidencia de la sociedad civil elevan el listón para las organizaciones humanitarias con vínculos con regímenes autocráticos y populistas de cualquier signo ideológico. Revelan niveles y modos de autonomía —siempre relativos, pero aquí palpables y reales— para los que el gobierno centralizado no da espacio. Esta autonomía existe en la democracia bajo diversas calificaciones y limitaciones, por supuesto, pero la sociedad observa el poder y los ciudadanos critican al gobierno a su vez. Esto está ausente en las tiranías donde los líderes, el Estado, el gobierno y el partido son una sola cosa, exigiendo lealtad absoluta de sus súbditos.
Lo que sucede en Latinoamérica con las organizaciones no gubernamentales gubernamentales (conocidas en inglés por sus siglas GONGOs) es lo mismo que ocurre en Rusia o China con los movimientos, think tanks y organizaciones paraestatales, que pretenden mimetizarse como sociedad civil autónoma de los gobiernos. ¿Alguna vez los movimientos paraestatales del ALBA han condenado la violación de la Constitución bolivariana por parte del presidente Maduro? ¿Acaso organizaciones como la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba denuncian la censura a artistas de la isla? ¿La Unión Nacional de Juristas rechaza el aplazamiento del calendario legislativo previamente aprobado por la Asamblea Nacional? ¿Los Comités de Defensa de la Revolución cuestionan los aumentos en los precios de bienes y servicios que afectan a familias cubanas ya empobrecidas? Organizaciones de la red bolivariana —el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Asamblea de Movimientos Sociales del ALBA, por ejemplo— también están lejos de adoptar posturas de oposición en cualquier parte del espectro entre National Endowment for Democracy, Open Society y Freedom House. Hasta que puedan cuestionar un estallido o error de los gobiernos de Díaz-Canel, Ortega o Maduro sin sufrir amenazas de cerrar sus sedes, cortar sus fondos y ser clasificados como mercenarios y agentes de potencias extranjeras, la democracia bolivariana lleva un asterisco.
Mientras, en el frente de las democracias desarrolladas, aún se puede hacer más por empoderar a la sociedad civil para desafiar el deterioro democrático. El listón para la autonomía debe ser la censura sin coacción, independientemente de los fondos de financiamiento público. Corresponde a las instituciones democráticas evitar mezclarse con redes asociativas, causas supuestamente humanitarias o iniciativas académicas que comprometen la supervivencia y el reconocimiento de la sociedad civil como espacio de sujetos y causas autónomos. La recesión democrática se intensificó durante la pandemia, pero la sociedad civil activa se puso de pie donde pudo. Comprender, en lo analítico y lo práctico, la distinción entre la sumisión autocrática y la autonomía democrática puede hacer una crucial diferencia en las luchas por venir.
1Politólogo, historiador y profesor de El Colegio de Veracruz e investigador de Gobierno y Análisis Político AC. Estudia la relación entre la sociedad civil, las instituciones políticas y la democratización (y la desdemocratización) en América Latina y Rusia.
2Licenciado en Asuntos Internacionales de la Universidad de Colorado. Especializado en el estudio de la promoción y defensa de la democracia de activistas y líderes de la sociedad civil.
*Este artículo fue publicado originalmente en dialogopolitico.org el 20 de octubre de 2021.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
