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Nicaragua: una política exterior de autoaislamiento

La calificación de Nicaragua como «dictadura» no es sorprendente. Pero que la denuncia salga de su propio embajador fue un golpe inesperado. ¿Se mantendrá el régimen de Ortega en su aislamiento? ¿Es esto un indicador de cambios?

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Por Elvira Cuadra Lira1

El 23 de marzo de 2022 ocurrió algo completamente inesperado en la Organización de Estados Americanos (OEA), uno de los foros hemisféricos más importantes. Ese día, el embajador de Nicaragua, Arturo McFields, inició su intervención en la sesión del Consejo Permanente de la organización con una declaración en la que manifestó que hablaba en nombre de «más de 177 presos políticos y más de 355 personas que han perdido la vida desde el año 2018». Afirmó que hablaba también en representación de los empleados públicos atemorizados y calificó al gobierno de los Ortega-Murillo como una dictadura.

La declaración provocó un cisma en el momento mismo de la reunión y en los círculos más altos del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, porque se trató de un hecho sin precedentes, que confirmó las preocupaciones de la OEA y de organismos internacionales de derechos humanos respecto a la situación de Nicaragua y reveló las dimensiones del descontento entre los propios allegados a la pareja presidencial que ya alcanza a funcionarios del más alto nivel.

Antecedentes históricos

El antecedente más cercano se produjo en 1979 cuando Panamá le cedió su asiento en la OEA a la oposición para denunciar a la dictadura de Anastasio Somoza.

Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega ha mantenido una política exterior de cierre respecto a las iniciativas de la comunidad internacional para contribuir a encontrar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que desde entonces vive Nicaragua. A la vez, niega reiteradamente los informes que en diferentes oportunidades han presentado la Secretaría General de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la situación del país y las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido. Los representantes del Estado de Nicaragua en diferentes foros internacionales siempre han calificado los informes como mentiras y se han negado a reconocerlos.

En 2018 decidió expulsar del país a las misiones internacionales de la CIDH que llegaron para constatar y dar seguimiento a las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social de ese año. Más recientemente, decidió expulsar al delegado residente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Se ha negado sistemáticamente a que los organismos de derechos humanos regresen, a pesar de que se le ha solicitado reiteradamente.

Denuncias internacionales

Tampoco ha querido reconocer los informes de actualización que se presentan cada cierto tiempo en la CIDH y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No ha permitido visitas del CICR ni de otros organismos humanitarios a las personas prisioneras de conciencia. No ha acatado las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la liberación de las personas prisioneras políticas, ni las medidas cautelares de la CIDH para defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo.

Esta actitud se acentuó durante 2021, en el contexto del proceso electoral y frente a las demandas de la comunidad internacional de garantizar las condiciones necesarias para que los ciudadanos ejercieran el derecho al voto en plena libertad y en una competencia justa y transparente.

Daniel Ortega también ha cerrado las puertas a distintas iniciativas promovidas desde la OEA y otros gobiernos latinoamericanos para encontrar una salida negociada y pacífica a la crisis. Ese fue el caso del Grupo de Trabajo para Nicaragua, integrado por los representantes de varios países y al cual nunca quiso recibir; las propuestas de negociación y establecimiento de canales de comunicación entre la Secretaría General de la OEA; y la negativa a adoptar las recomendaciones de diferentes resoluciones aprobadas tanto por el Consejo Permanente como por la Asamblea General. Las tensiones con el foro hemisférico subieron de tono cuando Nicaragua anunció su decisión de retirarse de la OEA en octubre de 2021.

Propuestas de mediación

Los ofrecimientos de Argentina y México, a mediados del 2021, también fueron rechazados agriamente, dando lugar a que ambos gobiernos llamaran a sus embajadores. Las tensiones con Argentina se incrementaron en enero de 2022, cuando al acto de investidura de Ortega asistió como invitado a Moshen Rezai, un alto funcionario iraní acusado ante la justicia argentina como responsable por el atentado contra la mutual judía Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

Otros países con los que el gobierno de Ortega ha protagonizado tensiones diplomáticas desde el 2021 y que se prologaron hasta 2022 son Costa Rica, Colombia, España y el Estado Vaticano. En estos tres últimos, luego de varios intercambios fuertes, la cancillería nicaragüense decidió retirarles las credenciales diplomáticas, expulsando prácticamente a los representantes diplomáticos. Decidió retirar a su embajador en Madrid. La Santa Sede, una vez que trascendió la noticia de la expulsión del nuncio, confirmó la noticia en una nota, en la que lamentó la decisión de Nicaragua.

En diciembre de 2021 el gobierno de Ortega rompió relaciones con Taiwán, una de las pocas representaciones diplomáticas con quien había mantenido relaciones cordiales y de quien recibía fondos de cooperación. La ruptura se produjo de manera intempestiva y sin antecedentes de tensión. Acto seguido, Ortega restableció las relaciones diplomáticas con la República Popular de China esperando encontrar en el país asiático un aliado que le dé acceso a fondos de apoyo financiero y respaldo político.

Aislamiento del régimen

La política exterior de autoaislamiento seguida por Daniel Ortega lo ha dejado con pocos aliados, que cuentan además con una reputación democrática comprometida; entre ellos, Cuba, Venezuela, Bolivia, México, Irán, Rusia y China. Enfrentado a un escenario de prolongación de la crisis política interna, falta de legitimidad nacional e internacional por los cuestionados resultados electorales que le aseguraron su continuidad en el poder, y presionado por los efectos económicos de la crisis, el régimen está urgido de encontrar aliados que lo provean de respaldo político frente al rechazo de la comunidad internacional y le faciliten salvavidas de apoyo económico. Sus esperanzas se habían centrado en Rusia y China, a los que consideraba apoyos críticos para hacer frente a las sanciones que le han impuesto Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza. Sin embargo, la comprometida situación de Rusia por la invasión a Ucrania y la reservada posición de China han truncado sus proyectos.

La gran interrogante es si el régimen mantendrá el autoaislamiento o buscará restablecer las buenas relaciones con la comunidad internacional. La reacción a la denuncia de Arturo McFields en la OEA parece indicar que mantendrá su rumbo solitario.

1Socióloga y bloggera. Investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Nicaragua.

Este artículo fue publicado originalmente en dialogopolitico.org el 04 de abril de 2022.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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