Un año del 11J en Cuba
El día en que un pueblo poco entrenado en la protesta social acudió pacíficamente a las calles. Una jornada que ha puesto en relieve la falta de democracia y la violación de derechos humanos en la Isla.
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Por Johanna Cilano1
Este último año hemos visto la consecuencia democrática de algunas de las protestas masivas que conmocionaron Latinoamérica desde 2019. En el caso chileno, la protesta derivó en un acuerdo para una asamblea constituyente coronada con la elección presidencial de Gabriel Boric bajo las banderas de una izquierda diferente. En Colombia, Gustavo Petro ganó la segunda vuelta de la elección presidencial, llevando a la izquierda colombiana por primera vez al poder nacional. Lo hizo de la mano afrodescendiente de Francia Márquez, reivindicando al sujeto popular, tradicionalmente discriminado.
En esa ola de protestas, se recriminó a los malos gobiernos y se exigieron mejores servicios y más derechos. También se rompió el mito de la excepcionalidad cubana. El 11 de julio de 2021, cientos de miles de personas salieron a las calles en más de sesenta ciudades de la Isla contra el régimen que ha sido la vaca sagrada de la izquierda latinoamericana. La emergencia sanitaria del covid-19, la escasez de medicinas y alimentos, la permanente crisis económica agudizada por las medidas de la administración de Donald Trump, se unieron a reclamos de libertad y cambio político en las calles cubanas. Un pueblo poco entrenado en la protesta social acudió pacíficamente a las calles, a las instancias de gobierno, a los símbolos del poder político y económico.
La ola de protestas
La respuesta del régimen cubano fue inmediata. La represión directa a los manifestantes. Represión física, encarcelamientos, criminalización. Junto a ello, la negativa a aceptar cualquier legitimidad y autonomía en las protestas. Una maquinaria represiva sofisticada, con sesenta años de experiencia, se ha desplegado de manera masiva y permanente en los últimos 12 de meses. Su blanco han sido jóvenes artistas e intelectuales, madres y mujeres, personas de los barrios más racializados, empobrecidos y marginados.
El Colectivo Justicia 11J, un grupo de activistas dentro y fuera de Cuba, ha documentado, denunciado y acompañado a las víctimas de la represión de las protestas y sus familiares. El subregistro de víctimas se realiza en las precarias condiciones de existencia para la sociedad civil cubana independiente bajo el hostigamiento y persecución de la seguridad del Estado. Ha dado cuenta de 1484 detenciones. Esto obliga a las autoridades cubanas a informar sobre la situación de menores de edad detenidos y las más de 600 condenas emitidas por tribunales cubanos.
Más de mil ciudadanos han recibido peticiones fiscales en Cuba por delitos fuertemente cuestionados en la región. Desórdenes públicos, desacato, injurias a la autoridad, ultraje a los símbolos patrios, instigación a delinquir, incluso sedición. A estas personas, principalmente jóvenes pobres y racializados, se les ha aplicado con máximo rigor el derecho penal. Según la doctrina de derechos humanos, esta debe ser la última instancia a la cual acudir ante las expresiones de protesta social. Las peticiones fiscales, para los casos más graves, han llegado cerca de los treinta años de privación de libertad.
Estado represor
La represión desatada no solo alcanzó a los manifestantes, sino también a disidentes. Un ejemplo es José Daniel Ferrer, expreso de la primavera negra. Fue sometido a un cuestionado proceso judicial en 2020 y encarcelado al intentar salir de su casa el 11 de julio de 2021. Su familia ha denunciado insistentemente las precarias condiciones en que se encuentra —sometido a aislamiento—, así como la violación constante de su derecho a visita y a comunicarse con sus familiares.
También alcanzó a dos de las figuras más relevantes del activismo cubano en los últimos años, los artistas y miembros del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo. Ambos han sido condenados en las últimas semanas a 5 y 9 años de privación de libertad por delitos de marcada significación política. Una vez más los tribunales cubanos colocan por encima de la libertad de expresión y el derecho de manifestación la dignidad de los símbolos patrios, las instituciones y los dirigentes del país, en franca violación de los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.
Chile y Colombia son ejemplos a los cuales siempre acuden los defensores del régimen cubano cuando se denuncia la represión desatada. Tras el 11 de julio, Boric y Petro se han pronunciado abiertamente por la necesidad de libertad y amnistía para los detenidos por las protestas sociales que sacudieron ambos países. En Cuba, las autoridades no solo han llevado el punitivismo penal a extremos. También han perseguido, hostigado y criminalizado los intentos posteriores de articulación como la iniciativa Archipiélago y la Marcha Cívica por el Cambio. Incluso, los reclamos más humanos, ligados a la conformación de un movimiento de madres y familiares de los presos políticos, han sido perseguidos.
El nuevo código penal
En abril pasado, el Parlamento cubano aprobó un nuevo código penal. Es una norma producto del momento, que le ofrece al régimen herramientas que le permiten legalizar la arbitrariedad; profundizar la criminalización a medios independientes, periodistas y activistas de derechos humanos; inhibir la articulación ciudadana a partir del asociativismo civil. Una norma regresiva, que mantiene la pena de muerte, la vaguedad en los tipos penales, así como la persistencia de figuras reconocidas internacionalmente como susceptibles de ser utilizadas con fines políticos contra opositores y disidentes.
En mayo pasado, se reportaba que habían ingresado a fronteras norteamericanas 115.000 cubanos en los últimos siete meses. Esto es solo una parte del éxodo nacional del último año, que ha incluido la salida de activistas, artistas, periodistas independientes y disidentes. A los exilios forzosos de Hamlet Lavastida, Katherine Bisquet, Carolina Barrero, se unen a los impedimentos de retorno de Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola. Síntomas de un régimen que expulsa y excluye la pluralidad, la diversidad de pensamiento, el reconocimiento de las disidencias.
Reescribir la historia
A un año de las protestas, el régimen cubano mantiene también un activo esfuerzo de reescritura de la historia. Esto incluye la negativa a reconocer legitimidad a las propuestas, llamándoles disturbios. Comprende la criminalización y el castigo ejemplarizante a los participantes, y el despliegue de una agenda performática que incluye reuniones por sectores organizados de la sociedad —las tradicionales organizaciones de masas—, giras por los barrios y recuperación del espacio público. A ellos se unen aliados de cierta izquierda —de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos— con la celebración de eventos y visitas. En estos, la épica de la Revolución Cubana, el heroísmo frente al imperio y el cruel bloqueo cumplen la función de pared narrativa a cualquier cuestionamiento a la falta de democracia y la violación de derechos humanos en la Isla.
A un año de las protestas, el activismo cívico y la disidencia política cubanas en la Isla existen menguados por exilios, encarcelamientos y represión. El 11J politizó también a una parte del exilio cubano apático e individualista, que descubrió que es sujeto político de un país. Que es parte de una nación que, por sesenta años, ha sido apropiada por una oligarquía y un régimen que se declaran revolucionarios.
Cuba es hoy una Isla atravesada por profundas y múltiples crisis. Se le suma el dolor de la represión y el recuerdo del grito de libertad que, a decir de una manifestante, les quitó el ropaje del silencio. Una experiencia liberadora. Una transformación que no tiene vuelta atrás. La diversidad y la pluralidad de la nación y de su exilio es hoy aún más contrastante con el poder monolítico de hombres blancos y militares que ejercen el control.
1Abogada y politóloga. Doctora en historia y estudios regionales. Investigadora nivel C del Sistema Nacional de Investigadores de México. Miembro de la Red de Politólogas. Fundadora y codirectora de Gobierno y Análisis Político AC (GAPAC). Posdoctorante en la UNAM, ENES León.
*Este artículo fue publicado originalmente en dialogopolitico.org el 07 de julio de 2022
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
