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30.000 hectáreas de coca en Bolivia: instalarán 24 campamentos de erradicadores en tres regiones

Funcionarán 16 instalaciones en el Chapare, 6 en los Yungas y 2 en Apolo.

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Los cultivos de coca se acercan por segundo año consecutivo a las 30.000 hectáreas, según proyecciones del monitoreo anual de Naciones Unidas que fueron reveladas al inicio de las operaciones de erradicación de este año. El Gobierno prevé eliminar, hasta diciembre, 10.000 hectáreas de esas plantaciones excedentes, informa este martes el diario El Deber de Santa Cruz.

El presidente Luis Arce inauguró el 10 de marzo la campaña anual para la eliminación de la coca ilegal y la “racionalización” de esos cultivos en áreas donde la Ley 906 de la Coca y el Decreto 3318 lo permiten. En el caso del trópico de Cochabamba se puede producir hasta un cato (1.600 metros cuadrados) del arbusto, mientras que el límite legal para el país es de 22.000 hectáreas. Sin embargo, esa disposición no se cumple desde 2017, cuando la ley entró en vigor.

En Cochabamba, los campesinos pueden producir hasta 7.700 hectáreas y en Yungas de La Paz el límite es de 14.300 hectáreas. Allí el control no está regido por el cato, sino por la propiedad ancestral.

En un contacto con El Deber, un oficial del Comando Estratégico Operacional (CEO), unidad formada por militares y policías que está a cargo de la erradicación, señaló que la campaña comenzó “con un énfasis en las áreas protegidas, porque los primeros datos del monitoreo de Naciones Unidas proyectan más de 30.000 hectáreas”.

El año pasado, la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) señaló que los cultivos de coca pasaron de 25.500 hectáreas en 2019 a 29.400 hectáreas en 2020. A partir de 2011, el país registró una “tendencia decreciente” de la superficie cultivada hasta llegar a las 20.200 hectáreas en 2015, mientras que desde 2016 hubo una tendencia al alza que puede ratificarse este año.

Lo técnicos de la Unodc concluyeron en diciembre las tareas de medición de los cocales de 2021. Esta labor contó con el respaldo de imágenes satelitales y concluirá en el curso de los próximos meses con la consolidación de la información antes que el informe sea presentado en junio próximo.

Pero, el dato anticipado del incremento de cocales también provocó la reacción de Evo Morales, líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, quien solicitó un mayor presupuesto para la lucha contra el narcotráfico. “Hemos dejado (el Gobierno) con 22.000, hasta 23.000 hectáreas de coca. Nos dejaron con 35.000 hectáreas en 2005. En 2006 asumió por primera vez la presidencia del país.

El año pasado, según datos de Naciones Unidas, otra vez pasamos de las 30.000 hectáreas”, afirmó el político el pasado fin de semana en Sacaba. Expresó así un pedido de su sector para que el Gobierno eleve el presupuesto para la erradicación de coca en lugares no permitidos.

El general Augusto Antonio García, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, precisó que para las tareas de erradicación se instalarán 16 campamentos en Chapare y seis en Yungas, además de otras dos instalaciones en el municipio de Apolo. “La Fuerza de Tarea Conjunta de Chapare tiene previsto enfocar su trabajo en áreas protegidas, Carrasco, Amboró, el Isiboro Sécure y la reserva forestal Choré”, remarcó el jefe militar en el acto con el que comenzó la eliminación de la coca ilegal.

Tal como ocurrió en 2021, para este año, el Gobierno desplegará 1.750 efectivos militares, policiales y civiles para la erradicación y asignó 107 millones de bolivianos para cumplir con esas tareas. Morales no precisó el porcentaje del incremento solicitado, pero afirmó que se requieren helicópteros y logística para transportar a militares hasta las zonas alejadas donde los cultivos parecen haber escapado del control social de sus bases.

“Sindicalmente y socialmente hacemos respetar, pero no siempre todos (acatan). Segundo, y lamento mucho, hay coca en los parques, como en el Carrasco. Esto requiere de desplazamiento del personal, porque a pie los soldados llegarían en dos o tres días. Hemos comprado seis helicópteros Superpuma y me dijeron que estaban abandonados por falta de mantenimiento y eso necesita presupuesto”, reclamó Morales.

Hace un año, cuando se retomaron las tareas de erradicación de cocales, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuestionó la gestión transitoria de Jeanine Áñez por la falta de mantenimiento de esos helicópteros. Ahora, reafirmó esas críticas, pero no precisó si las naves están o no operables. Eso sí, elevó el tono de sus denuncias contra Áñez, la expresidenta que este fin de semana cumplió un año de detención preventiva acusada por el MAS de dirigir un gobierno “de facto”.

“Usaron como pretexto a la pandemia para encapsular a esta región, destruyendo piscinas de pesca, evitando el paso de gasolina y también el cierre de servicios bancarios. Introdujeron comida dañina para la Fuerza de Tarea Conjunta con contratos nuevos de catering”, denunció la autoridad.

Del Castillo estuvo el fin de semana en La Asunta, la región de los Yungas de La Paz para iniciar la erradicación. El domingo, los productores le reclamaron por obras.

Omar Ramírez, secretario de Relaciones de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, informó que el ministro “incumplió una promesa para debatir con los productores” en un ampliado, pues tuvo que “irse apresurado ante la molestia” de los campesinos. “Las bases y la dirigencia de las centrales no aceptaron el ingreso inconsulto de la Fuerza de Tarea Conjunta”, afirmó.

“Estamos de acuerdo en reducir cultivos de coca, en virtud a la Ley 906, sin embargo, en la misma normativa señala que el Estado fomentará el desarrollo integral con obras y proyectos productivos en las comunidades donde se va a reducir la coca, lo que implica que el presupuesto de 11 millones de bolivianos, provenientes de la Unión Europea, lamentablemente a la fecha no se invirtió ni un peso y muchas familias se quedarán sin sustento”, afirmó el dirigente campesino.

El informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) señaló que en los últimos dos años la cantidad de coca se incrementó “por la inestabilidad política de Bolivia y la pandemia que frenaron las actividades de erradicación y ha disminuido la racionalización”.

“No necesitamos de la guerra internacional contra las drogas para que el movimiento campesino y cocalero contribuya a la disminución de los volúmenes de producción de la hoja de coca”, señaló Luis Arce el 10 de marzo.

Pero, el JIFE consideró que, tras las restricciones provocadas por la pandemia, “los cárteles aumentaron el tamaño de los envíos para compensar las pérdidas”. De este modo, comenzaron a reportarse un número “sin precedentes” de cocaína boliviana y peruana confiscada en su intento de llegar al mercado de la Unión Europea.


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