Bloqueos provocan perjuicios y caos en dos carreteras y en la sede de gobierno
Los motivos son diferentes y las autoridades no logran levantar los bloqueos.
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La carretera internacional a Perú, la departamental entre Santa Cruz y Beni, y el centro de la ciudad de La Paz están bloqueados por diferentes motivos. Perjuicios para los transportistas y caos vehicular en la sede de gobierno son las consecuencias de las medidas de presión por un nuevo conflicto de tierras, la exigencia de una doble vía y el pedido de anulación de contratos de transporte de carburantes a grandes empresas, además de otras protestas.
El bloqueo en la ruta que une la ciudad de El Alto con la localidad fronteriza de Desaguadero cumplió su cuarto día de protesta y ha dejado varados a centenares de camiones que transportan productos desde y hacia el Perú. Los dirigentes campesinos de Desaguadero se mantienen firmes en que el gobierno construya la doble vía que tiene diseño final concluido.
Exigieron la presencia del presidente Luis Arce o del vicepresidente David Choquehuanca para negociar la construcción de la obra, descartando la posibilidad de conversar con ejecutivos de la Administradora Boliviana de Carreteras o autoridades del Ministerio de Obras Públicas.
En el caso del bloqueo de la carretera ente Santa Cruz y Beni, en el sector de Ascensión de Guarayos, la medida se cumple desde este domingo a raíz de un nuevo conflicto de tierras entre interculturales que tomaron un predio denominado La Colombiana del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher y un grupo de personas que los atacaron con petardos y armas de fuego el sábado cerca de la medianoche.
Producto del ataque, Franklin Delgadillo de 22 años perdió la vida por un disparo de arma de fuego. El bloqueo de la carretera se realiza con el féretro colocado en plena cinta asfáltica exigiendo que la Fiscalía y la Policía investiguen y capturen a los responsables de la muerte de Delgadillo. Una mujer ha sido aprehendida por la muerte de Franklin Delgadillo.
El centro de La Paz amaneció bloqueado por cisternas que fueron dejadas en la céntrica avenida 16 de Julio para exigir a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que anule el proceso de contratación que califican de “discriminatorio” porque afecta a 1.000 empleos directos.
“Nosotros estamos acatando esta medida porque nos sentimos discriminados por parte de YPFB. Nos están dejando a 1.000 familias sin trabajo de manera directa y más de 5.000 empleos indirectos por esta discriminación que estamos sufriendo”, señaló uno de los conductores de cisternas que participan en la movilización.
Pero eso no es todo. Hubo otros bloqueos y marchas en otros puntos de la sede de gobierno. Propietarios de vehículos indocumentados efectuaron una marcha que llegó a inmediaciones de plaza Murillo exigiendo la legalización de más de 200.000 vehículos denominados chutos y afectados por el incumplimiento en la entrega de locales comerciales en una galería bloquearon el sector del nudo Vita que sirve de acceso a la populosa avenida Buenos Aires.
