“La autonomía de la justicia es un valor fundamental en democracia y debe ser el fin de la reforma judicial”

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó 36 recomendaciones para que el Estado atienda a todas las víctimas de la crisis de 2019. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Joel Hernández visitó esta semana La Paz y Sucre para hacer seguimiento a esas recomendaciones. Este jueves conversó con el diario El Deber de Santa Cruz, antes de dejar del país.

¿Por qué no vino a Santa Cruz? Aquí también murieron personas en la crisis de 2019
Este es un programa de la mesa de seguimiento del informe del GIEI. Está concentrado en La Paz y Sucre, dedicado a tener un contacto con autoridades y la sociedad civil. La Comisión (CIDH) es la que da un seguimiento a los sucesos de Santa Cruz, tiene sus labores de monitoreo, pero eso ya rebasa el mandato de esta mesa.

¿Qué es lo que se evalúa? ¿Se toma en cuenta la voz de las víctimas sin atención?
Tres ejes. El primero es la reparación a las víctimas. El segundo va con la investigación sobre los sucesos que ocurrieron en Bolivia ente el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Hay un tercer nivel sobre las políticas públicas, enmiendas legislativas para evitar la repetición de los actos que afectaron a Bolivia en ese periodo.
Ahora bien, nos encontramos al término del primer año de nuestro mandato. Estamos elaborando un informe de medio término en el que veremos cuál ha sido el avance del estado de cumplimiento de las recomendaciones, en el que veremos cuáles son los aspectos faltantes con el propósito de impulsar su cumplimiento.

¿Cuáles son esos faltantes?
No puedo adelantarlo. Estamos en una etapa de recolección de información. Mi presencia aquí fue para tener reuniones con las autoridades competentes, pero también con distintos grupos de víctimas, de personas que se sientan afectadas. Estamos tomando nota sobre las medidas emprendidas, pero también saber cuáles son las expectativas de la sociedad civil que fue afectada.

¿Cuáles son los plazos?
La mesa de seguimiento está en funcionamiento por dos años.

¿Cuál es la sensación que tiene al término de esta visita?
Me voy satisfecho porque el informe del GIEI es ampliamente conocido en el país. Se conocen sus recomendaciones.
Hemos observado un clima de polarización; se observa una situación compleja entre los distintos actores y poderes públicos. Este es un contexto que se debe tomar en cuenta para poder entender mejor la situación actual.

¿Su visita coincidió con la movilización ciudadana que busca la reforma judicial? ¿Qué puede hacer la CIDH?
Constato el consenso nacional sobre la necesidad de avanzar en una reforma. No es un consenso nacional nuevo, se viene generando hace tiempo a través de distintos gobiernos y distintos actores.
La CIDH es respetuosa de las decisiones de las autoridades nacionales. Compete a la sociedad y al Estado establecer arbitrios para llevar a cabo esta reforma.
Es importante que para que avance esta reforma exista la voluntad política de todos los involucrados para poder avanzar en esa dirección y se tome en cuenta la visión de la sociedad civil, de la academia y las mejores prácticas. Además, se deben cumplir los estándares de Derechos Humanos que se han desarrollado a escala internacional y en independencia judicial. La autonomía de la justicia es un valor fundamental en toda democracia y ese debe ser el fin último de una reforma judicial.

¿Qué le ha dicho la hija de la expresidenta Jeanine Añez y dirigentes de la oposición?
Ha sido una oportunidad para explicar el rol que juega la CIDH; es importante que todos sepan cual es el límite y los alcances del mandato. Han sido reuniones muy francas y de diálogo. Espero que todos nos hayamos beneficiado de este intercambio.

¿Piensa volver al país?
Forma parte del mecanismo acordado. Tenemos previstas dos visitas de alto nivel. Esta es la primera del año. Están contempladas otras visitas a Bolivia.