Transparencia, Contraloría y otras 4 entidades no hallaron sobreprecio en adquisición de 61 buses PumaKatari

Según los documentos insertos en el cuaderno de investigaciones de la Fiscalía de La Paz, el proceso de compra de los 61 buses PumaKatari en la gestión del exalcalde de La Paz Luis Revilla fue fiscalizado varias veces durante el gobierno de Evo Morales. Ninguna de las exhaustivas y morosas revisiones detectó irregularidades técnicas o sobreprecio, como lo denunció el excandidato a diputado por el MAS y exdirigente vecinal Jesús Vera.

El entonces Ministerio de Transparencia (2016), la Contraloría General del Estado, el Concejo Municipal, la Asamblea Legislativa, la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Swisscontact y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) fiscalizaron el proceso de licitación, compra y funcionamiento de los 61 buses PumaKatari, que entre 2012 y 2013 se adquirieron por 65 millones de bolivianos. Los documentos revisados por Página Siete revelan que ninguna de esas instancias halló irregularidades antes, durante o después de la compra de los PumaKatari.

“Como resultado de la revisión de los documentos que respaldan el proceso de contratación, se pudo evidenciar que se dio cumplimiento a cada uno de los procedimientos administrativos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y otras disposiciones relacionadas con el proceso de contratación de referencia”, señala la resolución MTILCC/ UIEPA/2016-0230, del 15 de septiembre de 2016. Fue firmada por el entonces viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción interino Jorge Flores Gonzales.

El documento está dirigido a Guillermo Málaga Pereira, quien denunció una serie de irregularidades y un presunto daño económico al Estado, causado durante el proceso de compra de los PumaKatari, similar a la que seis años después presentó Vera. “Por todo lo expuesto, esta cartera de Estado no cuenta con mayores elementos a los que deba realizar el correspondiente seguimiento, por lo que se procede al cierre y archivo del caso”, concluye Flores.

El documento es parte del cuaderno de investigación a cargo del fiscal Tomás Choque. Pese a esto, el funcionario declaró el martes que “existen bastantes indicios sobre la responsabilidad del exalcalde (Revilla)”.

En la imputación contra Revilla, emitida en octubre de 2022, Choque considera como prueba incriminatoria documentos como el contrato con la empresa Fabro Motors S.R.L. y las adendas que luego se hicieron. Pero no explica en qué consisten las supuestas irregularidades. Según la denuncia de Vera, condenado a tres años de cárcel por causar daños -junto a una turba- a seis PumaKatari en 2019, Revilla compró los 61 buses con un sobreprecio de 26,7 millones de bolivianos. El argumento fue copiado en la imputación.

Los controles del gobierno en la gestión de Morales llegaron al extremo de una fiscalización mecánica en 2018 por la Contraloría. En su momento, Revilla señaló que las revisiones eran hechas con “malicia” para desprestigiar la adquisición de lo que se constituyó en “un patrimonio paceño” y que éste era el proceso más fiscalizado de su gestión. Incluso se atendieron peticiones de informe de la Asamblea Legislativa.

Un documento firmado por un ingeniero mecánico de la Contraloría certifica que dos de los buses sometidos a revisión cumplen con los requisitos técnicos que figuran en las especificaciones del documento base de contratación (DBC). Tanto el informe del viceministro de Transparencia como el de la Contraloría están en poder del fiscal Choque.

Asimismo, la primera instancia de fiscalización de este proceso fue el Concejo Municipal de La Paz, en el cual había representantes del MAS, como el actual viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, que aprobaron la compra.

Por otro lado, previa a la firma de contratos y, posteriormente, durante las pruebas de campo, la cooperación internacional Swisscontact y la UMSA realizaron verificaciones técnicas.

Ambas instancias respondieron a los requerimientos fiscales, remitieron copias de los reportes elaborados por técnicos internacionales y nacionales, que midieron, entre otros puntos, velocidad, radio de giro, seguridad de los dos sistemas de freno y capacidad de pasajeros.

Precisamente el informe de la cooperación internacional, que fue solicitado por la defensa de Revilla para contrarrestar la denuncia de Vera, desvirtúa el presunto sobreprecio denunciado por este último, pues con base en las recomendaciones de Swisscontact, la Alcaldía de La Paz licitó la compra con un precio referencial de 70.052.400 bolivianos, monto que se redujo en cinco millones una vez que Fabros ganó la licitación.