Señales desde el poder sobre violación a los derechos humanos y libertades democráticas en Bolivia
Un recuento de Brújula Digital sobre las últimas arremetidas del Gobierno.
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La vulneración a libertades democráticas como a la libre circulación, a la protesta, a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento, y otros se vieron vulnerados en los últimos días.
El portal informativo Brújula Digital realizó un recuento de estas señales que en algunos casos llamó la atención de organismos internacionales.
Arrestada por no “portar” cédula de identidad
La pasada semana, una mujer fue arrestada por la Policía en la zona Villa El Carmen de La paz porque no portaba con ella su carnet de identidad.
En esa zona se registran constantes enfrentamientos entre la Policía y productores de coca de Adepcoca que demandan el cierre de un mercado ilegal que funciona al amparo del Gobierno.
Un video registrado por la agencia fotográfica APG muestra el momento del incidente cuando policías armados con equipos antimotines acosan a la víctima.
“Tiene que portar su cédula de identidad, no porta su cédula arrestada por no portar. Tiene derechos, pero también tiene obligaciones y su obligación es portar su cédula de identidad como boliviana” se le escucha al policía que ordena su arresto.
Como ella otras personas también son obligadas a presentar ese documento de manera obligatoria pese a que la ausencia de ese documento no puede ser penalizada ni mucho menos puede derivar en un arresto.
La Policía ingresa a domicilios y alojamientos sin orden de allanamiento
La pasada semana, un grupo de policías también ingresó a un domicilio particular en la misma zona para arrestar a varios cocaleros de Yungas.
Los efectivos del orden no tenían orden judicial para realizar ese procedimiento.
La Constitución boliviana señala que “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial”.
Días después, los policías ingresaron a alojamientos de la zona de Villa Fátima para llevarse arrestadas a las productoras de coca Guillermina Huayhua y Zulma Apaza.
“Hay dos compañeras, socias productoras de la hoja de coca de la comunidad de Santiago 7 Lomas que han sido sorprendidas en el alojamiento mientras estaban descansando. En una batida de los efectivos de la Policía han ido requisando sus documentos y sin tener ninguna contemplación han sido llevadas a la Felcc”, denunció el jueves a Radio Yungas el presidente de la Regional San Juan Tocoroni Conchitas, Federico Asencio.
Los detenidos fueron presentados públicamente y “sentenciados” de “delincuentes”
El ministro de Gobierno, responsable de dar seguridad a los bolivianos y alto jefe de la Policía Boliviana presentó a los detenidos en una conferencia de prensa a 24 personas que fueron aprehendidas y los identificó como “delincuentes”.
Sin un proceso previo y sin respetar el principio de inocencia, Eduardo Del Castillo dio por hecho que los arrestados cometieron delitos.
Además, justificó el ingreso a domicilios particulares sin una orden judicial.
“Si vemos que en algún domicilio se comete un delito en flagrancia, la normativa permite reaccionar de manera inmediata, sea gente con explosivos que quiere matar a policías, evidentemente vamos a actuar, no vamos a tolerar la violencia en territorio nacional”, explicó.
La misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) Bolivia, expresó su preocupación sobre el uso “excesivo” de la fuerza de parte de la Policía contra los cocaleros de Adepcoca.
“Violencia en conflicto cocalero exige acción constructiva de las autoridades, respetando derecho a protesta pacífica. Preocupan uso excesivo de fuerza y exhibición pública de detenidos, contrarios a obligaciones DDHH. El diálogo respetuoso es el camino para buscar soluciones” indica el pronunciamiento.
El comandante general de la Policía, Orlando Ponce, contradijo al organismo internacional y justificó la acción de las unidades que dirige.
“Considero que no es así, ni siquiera es proporcional. Los gases tienen un efecto pasajero, que no es letal, simplemente es un efecto disuasivo. Sin embargo, la dinamita genera lesiones, genera muerte. Entonces, ni siquiera estamos ejerciendo un uso similar a la fuerza que ellos están haciendo”, explicó.
El conflicto ya lleva dos semanas con duros enfrentamientos que han puesto en zozobra a los vecinos de Villa El Carmen, Villa Fátima y otras; sin embargo, el Gobierno aún no cierra el mercado ilegal de coca del dirigente Arnold Alanes.
Privados de comida y agredidos
Los productores de coca detenidos en los enfrentamientos con la Policía llegaron al extremo de declararse en huelga de hambre en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de El Alto pese a que un juez dictó detención domiciliaria.
Los detenidos denunciaron que fueron impedidos de acceder a comida y a la comunicación con familiares, y abogados.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo también verificó que 11 de 25 personas arrestadas están policontusas debido a que fueron golpeadas por policías en el momento de su detención.
Diputada de oposición detenida por la Policía en Santa Cruz
Durante el paro cívico de 48 horas en la ciudad de Santa Cruz fueron detenidas varias personas, entre ellas una diputada de la fuerza política Creemos.
La bancada parlamentaria del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho denunció que la diputada Haidy Eliana Muñoz fue detenida por la Policía en inmediaciones del Plan 3.000.
La parlamentaria, quien participaba de la movilización ciudadana, denunció que al punto de bloqueo llegó un contingente policial fuertemente armado con gases lacrimógenos y equipo antidisturbios para romper el punto de bloqueo.
Fue subida a la patrulla policial con violencia pese a que alegó que fue operada recién hace 10 días y la Policía intentó quitarle el teléfono celular donde tenía registrado el desbloqueo violento.
La Constitución boliviana señala que diputados y senadores no pueden ser perseguidos o arrestados en ninguna materia si la cámara a la que pertenece no da licencia.
Un diputado es agredido y reducido en la Felcc
El diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca denunció que la pasada semana fue agredido y reducido por un policía en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz cuando buscaba tomar contacto con los cocaleros detenidos en la zona de Villa El Carmen.
El legislador llegó a las oficinas policiales y mientras buscaba contacto con alguna autoridad policial para obtener información sobre la situación de los detenidos fue agredido violentamente. El legislador realizaba la transmisión de su visita con su móvil, pero el aparato le fue incautado y cuando reclamó por esa acción intentaron arrestarlo.
Pero Roca se resistió al arresto entonces fue reducido al piso con violencia como se observa en los videos que circulan en las redes sociales.
Un ministro encabeza grupos “de choque” para desbloquear en Santa Cruz
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, encabezó grupos “de choque” o irregulares de su partido (MAS) para desbloquear las avenidas y rotondas como parte del paro cívico de 48 horas en contra de la postergación del censo nacional de población y vivienda.
El funcionario público fue observado y filmado mientras dirigía disfrazado con un poncho de lluvia de color amarillo, al ser identificado dijo que no había visto ningún tipo de violencia pese a los ataques a los bloqueadores.
La autoridad tiene denuncias en su contra por esas acciones que supuestamente, según dijo, forman parte de sus funciones. Además alquiló maquinaria pesada para desbloquear las calles en esa ciudad.
La Constitución garantiza el derecho a la protesta; sin embargo, es frecuente que el MAS mediante grupos “de choque” (en algunos casos armados) reprimen las movilizaciones haciendo el trabajo de las fuerzas del orden del Estado.
El Estado envía espías a protestas “opositoras”
La reunión entre autoridades del Gobierno central, la Gobernación, la Alcaldía, el INE y otras entidades por el censo nacional de población y vivienda que se realizó ayer en Santa Cruz se vio marcada por un incidente que generó tensión.
Dos agentes de inteligencia de la Policía, vestidos de civiles, se infiltraron entre las personas que realizaban vigilia frente a las instalaciones de YPFB donde se realizó el encuentro.
El comandante de Radio Patrullas 110 de esa región, Marco Cortez, confirmó que los dos agentes policiales pertenecen a la unidad de inteligencia de la Policía.
Son los funcionarios policiales Nils Chávez (sargento) y Juan Carlos Coronel (mayor) y tenían la misión de proporcionar información de lo que acontecía en afueras del edificio de YPFB.
Los infiltrados fueron descubiertos por las personas que realizaban vigilia en el sector y retenidos junto a un vehículo particular en la se halló un rifle de aire comprimido.
El Gobierno monitorea de manera constante las protestas que considera opositoras y en los conflictos por el mercado ilegal de coca en la zona Villa El Carmen llegó a infiltrar al director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuentas, quien se hizo pasar por periodista que realizaba cobertura del conflicto.
Consultado sobre el uso irregular de una credencia de prensa para labores de inteligencia, el superior de Cuentas, Ismael Téllez, respondió: “Obviamente, tiene que ir a verificar. A mí no me sirve un director que esté sentado en su escritorio. Yo necesito un director que esté en las calles monitoreando el conflicto, previendo el conflicto”.
La prensa otra vez bajo ataque
El exministro de presidencia y hombre fuerte de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, reapareció la pasada semana en la presentación de un libro en la que tildó a los medios de comunicación de “cloacas mediáticas” que supuestamente ejercen un “gansterismo mediático”.
En sintonía con los dichos de Quintana, el fiscal Junior Flores presentó una acusación contra dos destacados periodistas Andrés Rojas y Adriana G. por, supuestamente, haber contratado a un periodista con un salario mayor al que le correspondía cuando ambos se desempeñaban en la red Bolivia TV durante el gobierno de Jeanine Añez.
La Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por la acusación presentada contra los periodistas por supuesto daño económico al Estado.
“Nos preocupa el proceso penal iniciado por @FGE_Bolivia (Fiscalía) contra dos periodistas y cuatro exfuncionarios de un canal público por pagar un sueldo supuestamente mayor que el permitido a otro periodista (…). La pena máxima por los delitos imputados a las seis personas es de 10 años de prisión. La Fiscalía también solicitó su detención preventiva por 6 meses” tuiteó.
A esto se suma la preocupación expresada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por la asfixia económica del periódico Los Tiempos que durante el gobierno de Luis Arce no recibió ni una pauta publicitaria.
Un NIT para dar “legalidad” a la APDHB del MAS
Después de que la Asamblea de Derechos Humanos del MAS no logró posicionarse frente a la APHB, dirigida por Amparo Carvajal, ahora pretende legalizar su constitución mediante un NIT de Impuestos Nacionales.
Esta estrategia daría paso a la toma física del inmueble donde funciona la Asamblea en la avenida 6 de Agosto de La Paz.
