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Cuando estudié economía en la década de los noventa en la Universidad Tomás Frías de Potosí sólo aprendí teoría. Y no fue por mal diseño curricular o negligencia docente. Simplemente no había datos.
Hoy la enseñanza de la economía y otras ciencias sociales es cualitativamente distinta. No sólo comprendemos conceptualmente, sino podemos contrastar esas percepciones teóricas con la realidad.
En los cursos de microeconomía pido a mis estudiantes de la Business School de la Gabriel René Moreno, que analicen un mercado específico, tomando como referencia los efectuados por la Autoridad de Empresas.
A su turno, las veces que me tocó dictar los cursos de estadística, mis alumnos aprendieron a usar la Encuesta de Hogares que recaba el INE y descubrir que hay información prácticamente de todo.
Por ejemplo, en la época de la pandemia podíamos saber cuántas personas contaban con agua, jabón y servicios de salud. Y con otra versión de la encuesta, podemos estimar cuántos casos y tipos de acoso escolar habría en el país.
Y en macroeconomía, que es mi especialidad, mis alumnos deben hacer simulaciones en programas específicos (Excel, Matlab/Octave y R) de los modelos vistos en clase. Y su trabajo final es armar la información macroeconómica boliviana con el formato estándar de organismos internacionales y proponer políticas públicas.
Para resumir, hoy las ciencias sociales, especialmente la economía, cuentan con información muy valiosa que la pueden usar para comprender las diversas realidades y precisar con mayor entendimiento los males que aquejan a la población.
Pero poco a poco estamos en penumbras y, por tanto, sin brújula.
Pese a que podríamos tener la información respectiva, no conocemos públicamente qué ha pasado con la actividad productiva en los primeros cinco meses del año. O, al menos el primer trimestre del año, donde además podríamos comprender la evolución del consumo y la inversión. Esto contrasta con los indicadores semanales de actividad y gasto que están usando otros países con la ayuda de información masiva.
Por otra parte, desconocemos de forma pública qué pasó con la pobreza, la desigualdad, los ingresos familiares y una infinidad de datos de los hogares en 2022, pese a que en años anteriores en esta fecha ya se tenía a disposición esa base estadística.
Paradójicamente, la Ley 1405 de Estadísticas Oficiales de noviembre de 2021 dispone que las estadísticas deben cumplir ciertos atributos. El artículo 15 destaca la oportunidad y puntualidad; e indica que debe “desarrollarse dentro de los plazos establecidos o planificados, de manera que sus resultados sean oportunos para la toma de decisiones”.
Eso no se ve en las estadísticas que mencioné previamente.
Un caso más extremo es el de las variables externas, en especial las reservas internacionales. Hasta hace unas semanas nuestra referencia era el 8 de febrero; y ahora es el mes de abril. Estamos mirando lo que pasó hace tres meses.
Entiendo claramente la preocupación oficial porque cada dato puede (y va a) ser malinterpretado o explicado siguiendo otros intereses, pudiendo afectar eventualmente la confianza de la población.
Pero no podemos seguir así. Es la peor alternativa porque disminuye la confiabilidad no sólo en las autoridades, sino en la información y quienes la elaboran. Desafortunadamente necesitamos esas piezas de realidad, esos “pedazos verdad, que no se jactan de precisos, sino de útiles”, como lo dice Walter Sosa en su libro “¿Qué es (y qué no es) la estadística?”.
Considero que, en general, las estadísticas oficiales cumplen con los otros atributos de Ley como exactitud, fiabilidad, coherencia y comparabilidad, pero están perdiendo dos aspectos como son la pertinencia y la relevancia.
¿De qué nos sirve tener información desfasada si ya no será pertinente para la toma de decisiones públicas y privadas?
Estamos a meses del operativo estadístico más importante, el Censo, y lo peor que puede pasar es más opacidad en la información pública y menor confianza.
¡Fiat lux: hágase la luz!
