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La economía boliviana atraviesa una fase de inflexión caracterizada por el deterioro simultáneo de sus principales fundamentos macroeconómicos. Lejos de tratarse de fluctuaciones coyunturales, los indicadores actuales revelan la consolidación de desequilibrios estructurales que han sido postergados durante más de una década. En este contexto, la discusión económica ya no debería centrarse en si existe o no una crisis, sino en la magnitud de sus efectos y en la velocidad con la que se están reduciendo los márgenes de maniobra para su corrección.
Uno de los elementos más preocupantes es la convergencia entre recesión e inflación creciente. Este fenómeno, típicamente identificado como estanflación, plantea un desafío particularmente complejo para la política económica, ya que limita la efectividad de los instrumentos tradicionales. Por un lado, el crecimiento nulo o negativo —e incluso la contracción marcada en los sectores de enclave— reduce la generación de empleo y deteriora los ingresos reales. Por otro, la aceleración de los precios erosiona el poder adquisitivo profundizando la caída del consumo y retroalimentando el ciclo recesivo.
Desde una perspectiva macroeconómica, la inflación observada no puede entenderse como un shock aislado, sino como el resultado de presiones acumuladas por años. Entre ellas destacan el persistente déficit fiscal, la creciente monetización de éste y la progresiva reducción de reservas internacionales. Este conjunto de factores ha debilitado los anclajes nominales de la economía, incrementando su vulnerabilidad frente a shocks externos y deteriorando las expectativas de los agentes económicos.
En este marco, la política salarial adquiere una relevancia crítica. Los incrementos salariales decretados —y los recientes pedidos de la COB— en ausencia de mejoras en productividad generan distorsiones que terminan trasladándose a la estructura de costos de las empresas y su consecuente “pase a precios”. En economías con alta informalidad —como la boliviana— este efecto se amplifica, pues, mientras el sector formal enfrenta mayores costos laborales, el sector informal absorbe parte del ajuste vía precarización o pérdida de empleo. El resultado agregado es una reducción del salario real, pese al aumento nominal, y un deterioro adicional en la competitividad.
A ello se suma el detrimento del frente externo. La caída en la disponibilidad de divisas, asociada tanto a menores exportaciones netas como a un uso intensivo de reservas, ha generado tensiones en el sistema cambiario y en la capacidad de financiamiento de la economía. Este contexto impacta en el riesgo país y encarece el acceso a financiamiento externo, limitando aún más las opciones de política económica.
Las proyecciones de organismos internacionales, en particular el reciente emitido por el FMI, refuerzan este punto de vista. Los escenarios planteados para los próximos años anticipan un entorno de negativo a bajo crecimiento, inflación elevada y aumento del desempleo. Más allá de la precisión puntual de estas estimaciones, su relevancia radica en la consistencia del mensaje: El modelo económico anterior sigue vigente y enfrenta restricciones crecientes que comprometen su sostenibilidad en el mediano plazo.
En términos de política pública, el principal desafío radica en la secuencia y credibilidad de los ajustes necesarios. La consolidación fiscal aparece como un componente ineludible, pero su implementación requiere un equilibrio delicado para evitar profundizar la contracción económica en el corto plazo. De igual forma, la recomposición de reservas internacionales y la normalización del mercado cambiario demandan señales claras que contribuyan a restablecer la confianza de los agentes económicos.
Asimismo, resulta imprescindible avanzar en reformas estructurales orientadas a mejorar la productividad, diversificar la base económica y mayor libertad económica. Sin estos cambios, cualquier intento de estabilización tendrá efectos transitorios y estará sujeto a nuevas —y tal vez mayores— presiones en el futuro. En este sentido, el rol del sector privado y la generación de condiciones adecuadas para la inversión adquieren una importancia central.
Sin embargo, más allá de las herramientas técnicas disponibles, el principal obstáculo continúa siendo de naturaleza política e institucional. La postergación sistemática de decisiones necesarias ha incrementado los costos del ajuste y reducido el espacio para una transición ordenada. En economía, los desequilibrios no desaparecen por omisión; por el contrario, tienden a ampliarse hasta que su corrección se vuelve inevitable.
Bolivia aún dispone de una ventana de oportunidad para encarar estos desafíos, pero, dicha ventana se estrecha conforme se deterioran los indicadores y se consolidan expectativas negativas. En este contexto, reconocer la existencia y profundidad de la crisis no constituye un acto de pesimismo, sino una condición necesaria para garantizar su resolución.
Porque, en definitiva, la sostenibilidad económica no depende únicamente de variables cuantitativas, sino también de la capacidad de una sociedad para enfrentar sus restricciones con realismo, y hoy, más que nunca, el mayor riesgo no es la crisis en sí misma, sino la persistencia en minimizarla, y la velocidad para resolverla.
