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Por definición, el ejercicio del poder en una democracia liberal no es un monólogo, pero tampoco puede permitirse ser un coro infinito sin director. Nos encontramos ante la tensión clásica entre dos lógicas que, aunque a menudo se presentan como antagónicas, son en realidad las dos caras de la misma moneda de la gobernabilidad: el decisionismo y el dialoguismo.
La contradicción fundamental radica en la temporalidad y la fuente de autoridad. El decisionismo, de estirpe schmittiana, prioriza la verticalidad y la celeridad. El gobierno debe decidir para existir. Aquí, el tiempo es un recurso escaso; la deliberación se percibe como una parálisis externa, que diluye la responsabilidad.
Por el contrario, el dialoguismo se asienta en la búsqueda de consenso. Su lógica es horizontal. Para el dialoguista, una decisión sin consenso no es una política pública, sino un decreto con fecha de caducidad. La contradicción es insalvable si se mira desde los extremos: el decisionismo puro deviene en autocracia electiva, mientras que el dialoguismo absoluto degenera en la impotencia institucional o, peor aún, en el veto generalizado de las minorías (bloqueocracia).
A pesar de sus diferencias, ambos conceptos convergen en un punto crítico: la necesidad de estabilidad. Un gobierno que sólo decide por decreto termina por fracturar el sistema de partidos y la paz social. Un gobierno que sólo dialoga termina por perder la confianza de los ciudadanos que demandan resultados.
La convergencia se produce en la arquitectura institucional. La decisión requiere de un marco previo de diálogo (la ley) y el diálogo requiere de un horizonte de decisión (el cierre del debate). Aquí es donde debemos ser precisos. No se trata de una mezcla amorfa, sino de una secuencialidad estratégica. Un gobierno nacional eficaz debe ser dialoguista en la fase de diseño y decisionista en la fase de implementación.
La deliberación no es sólo un imperativo moral, es un mecanismo cognitivo. El diálogo con la oposición y la sociedad civil permite identificar los “puntos ciegos” de una política antes de que sea aplicada. Una vez agotado el debate razonable, el gobernante debe ejercer la autoridad. En una democracia, el disenso es legítimo, pero la obstrucción sistemática es patológica. El decisionismo actúa como el cirujano que interviene cuando la consulta médica ha terminado.
Si el decisionismo ignora el diálogo, el sistema sufre de hiper-presidencialismo y erosión institucional (lo que vivimos con creces durante casi 20 años). Se gobierna para la facción, no para la nación. La legitimidad de origen se agota rápidamente si no se renueva con legitimidad de ejercicio.
Si el dialoguismo se convierte en un fin en sí mismo, es el triunfo de los grupos de presión sobre el interés general. Un gobierno que no puede decidir es una administración que no gobierna.
En última instancia, la política es el arte de gestionar esa tensión. El buen gobierno no es aquel que elige uno sobre el otro, sino el que sabe cuándo la complejidad del problema exige la pluralidad del diálogo y cuándo la urgencia de la crisis demanda la unidad de la decisión. El decisionismo proporciona la energía y el dialoguismo, el mapa.
