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El municipio de Entre Ríos, en el trópico cochabambino, ha sido tomado por el narco. En los primeros días de mayo Erick y Joed, dos jóvenes veinteañeros, fueron ejecutados en dos nuevos hechos de sicariato en el país. Erick fue acribillado con 21 disparos junto a la carretera y Joed murió enmanillado y con un disparo en la cabeza. Los crímenes se cometieron días después del magnicidio perpetrado el 30 de abril en la capital cruceña contra del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, aparentemente por disputas de tierras.
Duele decirlo, pero son los últimos de una larga lista de víctimas de todas las clases sociales, jerarquías institucionales y niveles económicos. Son la expresión de uno de los momentos más delicados de nuestra historia reciente en materia de seguridad. El problema ya no es solamente la expansión del narcotráfico, sino el enraizamiento de la cultura de la impunidad que ha convertido al país en territorio fértil para el asentamiento de organizaciones criminales extranjeras, redes de sicariato y economías ilegales cada vez más sofisticadas.
En lo que va de este año, como sociedad, hemos acumulado decenas de ejecutados, atravesados no solo por la crueldad del crimen organizado en todas sus modalidades —tráfico de drogas, armas, seres humanos, minerales, carburantes, activos y conciencias—, sino por la impunidad que ha transformado a la estatalidad en cómplice de la barbarie del siglo XXI. El crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno periférico; es un factor estructural que está contaminando instituciones, distorsionando la economía y erosionando peligrosamente la convivencia social.
Los ajustes de cuentas, las ejecuciones selectivas y los hechos de sicariato ya no son episodios excepcionales. Forman parte del paisaje informativo cotidiano. La presencia de grupos vinculados a carteles brasileños, mexicanos y colombianos confirma que Bolivia ya no es país de tránsito o producción, como se decía en gobiernos anteriores. Es hoy un espacio de logística criminal, de protección territorial y de lavado de activos —casos maletas y Banco Fassil— con un Estado que no tiene voluntad de investigar, procesar ni sancionar a quienes operan esas estructuras.
Estamos en medio de la cultura de la impunidad, principal incentivo del crimen organizado. Cuando los responsables del tráfico de drogas, asesinatos por encargo o redes de legitimación de ganancias ilícitas rara vez terminan condenados, el mensaje que recibe el mundo criminal es simple: en Bolivia el riesgo es bajo y la rentabilidad es alta. Y allí donde no existe sanción, el delito se convierte en modelo de ascenso económico y poder territorial.
La normalización de la violencia destruye lentamente la sensibilidad colectiva. Las nuevas generaciones comienzan a convivir con la idea de que el dinero fácil, el poder armado y la actividad ilegal constituyen mecanismos legítimos de movilidad social. El narco no solo trafica cocaína; también lo hace con los símbolos del éxito.
Vehículos de lujo, ostentación de dinero, manejo de armas, protección política y capacidad de intimidación con grupos violentos terminan aniquilando los valores vinculados al trabajo, la educación o la institucionalidad democrática. Cuando una sociedad pierde la capacidad de indignarse frente al crimen, comienza a perder su cohesión moral. También duele decirlo, pero esto ya está sucediendo en el país.
La impunidad está degradando la médula del Estado: policías infiltrados, fiscales condicionados, jueces vulnerables y políticos dispuestos a proteger intereses ilegales están dando paso a un fenómeno aún más grave que la corrupción: la captura parcial o total de instituciones públicas por redes criminales. Hay que recordar que el narco llegó a tener ojos y oídos en el despacho del Ministerio de Gobierno a través de un ayudante de órdenes.
El crimen organizado prospera donde la institucionalidad es frágil y la polarización política consume toda la energía del sistema democrático. Mientras el debate público se reduce a disputas partidarias, los criminales avanzan ocupando territorios, penetrando economías locales y tejiendo relaciones con sectores de poder. En América Latina hay suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando la política subestima el poder corrosivo de las organizaciones criminales.
El problema de Bolivia no es únicamente criminal. Es profundamente político. Distintos gobiernos desde fines del siglo XX prefirieron administrar el problema antes que enfrentarlo estructuralmente. La ausencia de reformas en la justicia, la politización de las instituciones de seguridad y la debilidad de los sistemas de inteligencia hicieron del país un espacio de expansión de las mafias, como la organización criminal de Sebastián Marset que decidió convertir a Santa Cruz en su centro logístico.
Como sociedad, necesitamos abandonar la negación colectiva. Además de reconocer que el crimen organizado transnacional ya opera en el país con capacidad financiera, territorial y logística, hay que reconstruir las instituciones y volver a tener la capacidad de indignarnos ante la violencia sicarial. Sin justicia independiente, sin depuración policial, sin sistemas modernos de inteligencia criminal y sin cooperación internacional efectiva, cualquier iniciativa antidrogas será retórica política.
Es urgente recuperar la idea de autoridad legítima del Estado, no mediante discursos grandilocuentes, sino a través de instituciones que investiguen, sancionen y protejan a la gente de las bandas criminales. La lucha contra la impunidad no puede reducirse a operativos televisados. Debe traducirse en condenas y ruptura de las redes de protección política.
Cuando un país sucumbe ante la cultura de la impunidad, el crimen organizado deja de ser una amenaza externa y se transforma en parte del sistema.
