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De nuevo volvemos a mirar los caminos como termómetro político. No es un hecho aislado, sino la repetición de una vieja historia: cuando las instituciones no procesan el malestar, desafortunadamente las calles y carreteras se convierten en parlamento con los altos costos que implica.
El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Democracias bajo presión”, lanzado estos días, parece escrito para esta coyuntura. Su idea central es que democracia, desarrollo humano y Estado forman una triada: si una punta falla, las otras se debilitan. Aplicado a Bolivia, la democracia no se agota en votar, el desarrollo no se resume en crecer y el Estado no puede limitarse a administrar crisis cuando ya hay conflicto.
La primera alerta del PNUD es la crisis de representación. Muchos ciudadanos sienten que sus demandas no llegan a las instituciones o que llegan deformadas por intermediarios débiles, intereses corporativos o liderazgos personalistas.
La segunda llamada de atención es la capacidad estatal. El PNUD advierte que los Estados de la región tienen dificultades para convenir y convertir decisiones colectivas en bienes y servicios al servicio de toda la comunidad.
La tercera es la polarización. El reporte señala que la diferencia democrática puede degradarse en una lógica de “nosotros contra ellos”, donde el adversario deja de ser interlocutor y pasa a ser enemigo. Bolivia conoce demasiado bien esa deriva: oficialismo contra oposición, campo contra ciudad, occidente contra oriente, etc.
La cuarta alerta es el desarrollo humano vulnerable. Cuando hay menos ingresos, menos dólares, o empleos más frágiles, desafortunadamente la protesta se vuelve más probable porque la gente siente que pierde paciencia. La democracia promete voz, pero también debe entregar seguridad, justicia y oportunidades; si no lo hace, la promesa se vuelve consigna gastada.
Hasta aquí la situación nacional se parece a la región. Pero también tiene particularidades propias. César Rojas, en su obra “Conflictividad en Bolivia (2000-2014)”, habló de la normalización de la presión social: dejamos de sorprendernos ante el conflicto y empezamos a administrarlo como si fuese mal clima, esperando que pase en lugar de prevenirlo.
Nicole Jordán es más ilustrativa en su libro “El resorte de la conflictividad en Bolivia”. Sugiere que los conflictos se comprimen, no siempre se resuelven; cuando se acumula suficiente tensión, saltan con más fuerza. Por eso el problema no es únicamente el bloqueo de hoy, sino la presión acumulada, promesas incumplidas y decisiones tardías.
A inicios de siglo, John Crabtree en “Perfiles de la protesta”, recordaba que Bolivia combina legalismo constitucional con movilización por fuera del sistema formal. Esa mezcla explica por qué tenemos leyes, elecciones y constituciones, pero también asambleas, marchas, cercos y bloqueos como mecanismos de poder.
La dimensión económica tampoco puede omitirse. Una investigación de similar época, de José Luis Evia y Roberto Laserna, mostró que los conflictos reducen la inversión y el crecimiento. En sencillo: cada bloqueo parece una victoria sectorial, pero casi todas las veces es una derrota colectiva, porque encarece alimentos, rompe cadenas logísticas, paraliza empleo y castiga sobre todo a quienes viven del ingreso diario.
¿Qué hacer entonces? No sirve negar el conflicto, ni romantizarlo, ni simplemente acallarlo: hay que prevenirlo y solucionarlo. Se requieren alertas tempranas, mediación profesional, acuerdos verificables, información transparente y un Estado en todos sus niveles que llegue antes del bloqueo.
La lección del PNUD y de nuestra propia historia es clara. No necesitamos menos democracia, sino una democracia que funcione antes y mejor que la calle. En Bolivia, la verdadera prueba no es levantar los bloqueos, sino construir instituciones capaces de evitar que bloquear sea siempre la forma más efectiva de ser escuchado. Sino el populismo de años pasados está a la vuelta de la esquina.
