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El 19 de abril, con la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores en cinco departamentos, habrá concluido una larga etapa electoral que ha abarcado prácticamente todo el 2025 y el primer cuatrimestre del 2026, con la apuesta de la ciudadanía por un profundo cambio político, económico y social frente a la crisis causada por el autoritarismo estatista y populista que gobernó el país durante las gestiones del MAS. El sistema político se enfrentará al inmenso desafío de lograr al cambio que la mayoría de los bolivianos demanda.
Pasadas las elecciones en los tres niveles del estado, Bolivia se volverá a mirar a sí misma y en el espejo verá reflejados tanto sus sueños como sus frustraciones, su inmenso potencial como sus carencias, las virtudes de un pueblo emprendedor, sufrido y trabajador, y al mismo tiempo las miserias de una cultura en la cual la corrupción, lamentablemente, se ha convertido en el principal factor de movilidad social y ha penetrado a todos los niveles estatales y estratos sociales.
El sistema político tiene por delante la responsabilidad y la misión de reconstruir la institucionalidad estatal para garantizar las libertades y los derechos fundamentales, limitando y distribuyendo el poder con el propósito de evitar que en el futuro se puedan repetir un nuevo periodo dictatorial o autoritario que conculque las libertades individuales. Debemos pasar de la democracia de fachada a la democracia real y efectiva, en la cual los funcionarios públicos sean servidores del ciudadano y no aquellas autoridades que hacen del poder un elemento de extorsión y chantaje permanente.
Esta reconstrucción democrática exige que de una vez por todas se institucionalice la justicia de tal forma que los límites al poder que caracterizan a una democracia sean efectivos y la mejor forma de lograrlo es asegurar la rendición de cuentas de quienes, sabiendo que el poder debe ser temporal, tengan claro que deberán responder por los actos de corrupción en los cuales incurran, algo que el estado boliviano, doscientos años después de la fundación de la Republica aún no logra conseguir.
Obviamente, una base fundamental del cambio que se debe lograr es pasar del estado omnipresente en la política y la economía, a un estado que se concentre en las funciones esenciales que la sociedad civil y los ciudadanos por sí mismos no podrían resolver. Se debe entender que un estado fuerte no significa un estado ampuloso que asfixia a los ciudadanos con las cargas que les impone a los ciudadanos, tanto las legales como las ilegales derivadas de la corrupción. De qué sirven tener tantas empresas y entidades públicas sino se puede garantizar seguridad y justicia para la gente común, cual es el la principal razón de ser del mismo estado.
Obviamente, la reforma económica es imprescindible. Los veinte años de masismo han dejado un estado gigantesco para el tamaño de la economía, con condiciones adversas para la inversión y la iniciativa privada, con la mayoría de la población refugiándose en la informalidad para poder sobrevivir frente a la increíble presión que significan la gran cantidad de regulaciones, multas y cobros que derivan de las inspecciones que distintas entidades gubernamentales realizan.
El país es inviable con el nivel actual de gasto público, el cual debe reducirse estructuralmente y liberar la energía del emprendimiento que caracteriza a nuestra sociedad para crear empleo formal que genera las oportunidades de progreso y prosperidad, individual y colectivo, que sólo el desarrollo basado en la inversión privada puede garantizar de forma sostenible.
Frente a la magnitud del cambio que el país necesita, el sistema político es demasiado débil. Se encuentra desestructurado, fragmentado y desorientado. Veinte años de autoritarismo, en los cuales se procuró establecer una hegemonía de pensamiento único y de fachada democrática en las cuales las instituciones fueron vaciadas de contenido y la sociedad civil corrompida y presionada para que no desafíe al poder, no serán fáciles de superar, pero es la gran responsabilidad de quienes tendrán a su cargo los gobiernos nacionales, departamentales y municipales.
La sociedad civil hizo su parte, luchó por la democracia y logró recuperarla. Ahora les toca a quienes han recibido el mandato ciudadano de gobernar demostrar que son dignos de ese voto y de esa confianza, renunciando, en primer lugar, al abuso de poder y a la corrupción, en los hechos, no en los discursos.
Será imprescindible construir los espacios de diálogo político y social que permitan concertar acuerdos básicos que le permitan a Bolivia superar la crisis y recuperar su viabilidad como nación que se integra en sí misma y en la comunidad internacional de naciones democráticas. La primera responsabilidad la tienen los gobernantes.
