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En la línea de las entregas anteriores, abordamos el gobierno u Órgano Ejecutivo, aclarando que el Estado es el todo, y el ejecutivo o gobierno es una pieza clave de ese monstruo grande y poderoso. Por tanto, no son sinónimos, gobierno y Estado, como suele confundirse a menudo. El Órgano Ejecutivo está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, y los ministros de Estado (art. 165 CPE). Los ministros son designados exclusivamente por el primer mandatario en base a múltiples criterios como la confianza, la capacidad, la experiencia, compromisos partidarios, preelectorales, etc.
El modelo presidencialista viene de la Constitución norteamericana de 1787, y de ahí se extrapoló a los países Latinoamericanos. A diferencia del sistema parlamentario, donde se comparte el poder entre el ejecutivo y el legislativo, en el sistema presidencial la jefatura del Estado y del gobierno la tiene el Presidente y fue concebido en sus inicios como el instrumento de unidad para la conservación del Estado.
Las nacientes repúblicas estuvieron fuertemente influenciadas por la teoría de la separación de poderes y la soberanía popular, ideadas y consolidadas con las revoluciones inglesa, americana y francesa. Los revolucionarios franceses, con sus ideales políticos de “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, estaban persuadidos de que el éxito y la consolidación de sus conquistas revolucionarias, estaban íntimamente ligadas al hallazgo de nuevas fórmulas de administración pública que les permitieran fortalecer el poder y acabar con el caos administrativo heredado del Antiguo Régimen.
El Estado boliviano adoptó la centralización político-administrativa de origen francés. La primera Constitución del Libertador Simón Bolívar de 25 de noviembre de 1826, siguió este modelo político, que fue desarrollado y consolidado en la Ley de organización provisional del poder ejecutivo de 19 de junio de 1826. El Presidente de la república ―decía Simón Bolívar― viene a ser en nuestra Constitución, como el sol que, firme en su centro, da vida al Universo. Dadme un punto fijo, y moveré el mundo proclamo y ese punto fijo consideraba que era el Presidente. El modelo marca con claridad dos elementos: el Presidente como símbolo de la unidad del Estado y figura institucional incuestionable; y el Vicepresidente el encargado de la gestión de gobierno, del día a día, de la responsabilidad de la administración directa por eso su rotación y alternabilidad.
En el sistema “presidencialista”, el Presidente de la república es el órgano que, entre los “poderes del Estado”, ejerce el poder coactivo con mayor claridad y decisión, ya que él es el encargado de hacer cumplir las leyes y las sentencias de los otros dos órganos. A tiempo de comparar el sistema presidencial y el sistema parlamentario, el mexicano Jorge Carpizo advertía que no existe una forma universal de gobierno que sea la mejor, que diferentes condiciones de desarrollo social y económico, así como político hacen que un sistema de gobierno sea más adecuado en un país que en otro, y que unos funcionan mejor que otros, dependiendo de una serie de factores.
La estabilidad política, el crecimiento económico y cierta bonanza (billetera mata galán), son determinantes para la funcionalidad de cualquier diseño político (presidencial, parlamentario o semipresidencial). La dinámica económica viene a explicar, en parte, no sólo que el sistema presidencial funcione en Bolivia, sino que el expresidente Evo Morales haya gobernado 14 años (ininterrumpidamente) y buscado reelegirse tres veces, perforando la Constitución. En realidad, no hay poder ejecutivo débil con un presupuesto fuerte, y musculoso porque el Presidente siempre saldrá con cierta facilidad de las “turbulencias” políticas, que son imprescindibles en todo régimen democrático.
El presupuesto general del Estado es el instrumento perfecto que tiene el Presidente para generar y concentrar el poder político y económico, máxime cuando administra y tiene a su disposición al menos el 88% del total de los ingresos programados, y tan solo el 12% se distribuye a 360 instituciones autónomas (gobernaciones, alcaldías municipales, universidades públicas, comunidades indígenas). También resulta determinante contar no sólo con partidos políticos fuertes, debidamente institucionalizados y competitivos sino también con líderes honestos (no caudillos que quieran eternizarse en el mercado del poder) y con profunda vocación democrática y sensibilidad social. La eficiencia del sistema político depende igualmente de la clase dirigente, los partidos y actores políticos y la sociedad civil en su conjunto.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
