OpiniónEconomía

¡Exprópiese!

Antonio Saravia

Economista

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No dan pie con bola. No hay seriedad, no hay rumbo, no hay visión. Las empresas públicas, todas inservibles, siguen vivitas y coleando; la burocracia masista permanece inamovible y tan campante como siempre; la gastadera no ve frenos significativos; lo controles de precio y los cupos a la exportación se mantienen imperturbables; la cancillería navega a la deriva; Evo Morales sigue libre y riéndose de todos; y, claro, las colas por combustibles crecen y crecen enroscando a las ciudades y generando bronca generalizada. No hay luz al final del túnel.

Es que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. El gobierno se boicotea a sí mismo. Veamos el caso de hidrocarburos En un esfuerzo por superar el problema de los combustibles y alejarse del monopolio de YPFB, Rodrigo Paz emitió en junio el DS 5644 autorizando explícitamente la importación privada de los mismos y su venta interna a precios de mercado. El decreto hace lo sensato, pero aclara que la importación privada necesita una autorización de la ANH que, por supuesto, pide varios requisitos y procedimientos reglamentarios. Ahí empieza el boicot interno. Muchos de esos requisitos y reglamentaciones son extremadamente difíciles de cumplir.

Una de ellas la Resolución Administrativa RAN-ANH-DJ-UGJN No. 0031/2026 del 24 de julio de este año. En esta resolución, la ANH provee un reglamento para la intervención preventiva de empresas reguladas. Como lo oye, ¡intervención preventiva de empresas! ¿Cuáles?

La resolución invoca la Ley 3058 de Hidrocarburos de 2005 que dispone que 1) un principio del régimen de hidrocarburos es la “continuidad,” lo cual obliga a asegurar el abastecimiento y la prestación de los servicios de transporte y distribución de combustibles de manera permanente e interrumpida, y 2) las actividades de transporte, refinación, almacenaje, comercialización, distribución de gas natural por redes, suministro y distribución de productos refinados constituyen “servicios públicos.” Esto último es muy importante. La cualidad de “servicio público” hace que cualquier empresa involucrada en algunas de estas actividades sea una empresa regulada por la ANH y, por lo tanto, pasible de intervención.

Y aquí empieza lo macabro.

De acuerdo con el Artículo 3 del Anexo de esta resolución de la ANH, si el ente regulador considera que una empresa regulada ha puesto en riesgo la continuidad y la normal operación del servicio, la podrá intervenir designando un interventor que administre y opere la empresa regulada. ¿Y qué se entiende por poner en riesgo la continuidad y la normal operación del servicio? De acuerdo con la norma esto se entiende como “cualquier circunstancia, omisión o evento de orden técnico, operativo, financiero, legal o administrativo, atribuible o no a la empresa regulada, que ponga en peligro, amenace con interrumpir o afecte efectivamente la prestación continua, regular y eficiente de los servicios o el suministro de productos en el sector de hidrocarburos.”

¿Se da cuenta de la barbaridad que esto significa? Si la ANH considera (unilateralmente, por supuesto) que una empresa privada importadora de combustibles pone en riesgo la continuidad del servicio, el ente regulador la puede intervenir sin mayores remilgos nombrando a un interventor para que la administre y opere. Un abuso digno del famoso “exprópiese” que el dictador Chávez ordenaba al pasear por las calles de Caracas y encontrarse con empresas que no eran de su agrado.

Pero es peor. Como resalto en negritas arriba, la norma dice que no importa si la circunstancia que hace que se ponga en riesgo la continuidad del servicio sea de responsabilidad o no de la empresa regulada. Es decir, una empresa importadora de combustibles que cierre por unos días porque no recibió las cisternas de combustibles por un problema logístico ajeno a su voluntad, o porque se le cayó el sistema informático, o porque está esperando un desembolso para pagar a sus proveedores, será pasible de intervención sin derecho a pataleo.

Pero hay más. El Artículo 7 dice que la resolución que disponga la intervención de una empresa regulada deberá dejar bien claro que “la remuneración mensual del interventor y del personal, será cancelada con recursos provenientes del flujo de caja generado por la empresa intervenida.” ¡Hostias! No solo que te pueden intervenir cuando a ellos les parezca y aun sin que tengas la culpa, sino que además ¡le tienes que pagar el sueldo al interventor!

Y sigue. El Artículo 8 dice que “la ausencia del representante legal de la empresa intervenida no impedirá la intervención preventiva.” Es decir, te pueden quitar tu empresa aun sin la presencia de tu abogado. ¡Hasta un criminal tiene derecho a un abogado y a un juicio justo!

Como ven, la resolución administrativa No. 0031/2026 de la ANH es una resolución expropiadora y abusiva que frena cualquier incentivo de importar combustibles o trabajar de forma privada en cualquiera de los eslabones de la cadena hidrocarburífera. ¿Qué empresario privado se animará a entrar a este negocio con esta espada de Damocles suspendida sobre su cabeza? Con este tipo de normas el gobierno suprime el mercado privado y nos fuerza a quedarnos con el monopolio de YPFB (es tan burda la resolución que no sorprendería que ese haya sido el verdadero objetivo de la norma). Sienta además un pernicioso precedente al declarar empresas reguladas a aquellas que se dediquen al negocio de combustibles porque este se define como un “servicio público.” ¿No es acaso la provisión de cualquier bien o servicio por parte de un privado un servicio público? ¿No provee un servicio público quien vende zapatos, comida, turismo, educación, etc.? Este precedente abre la puerta, por lo tanto, a que en el futuro las empresas que produzcan cualquier otro bien o servicio sean también pasibles de intervención estatal.

Este tipo de cosas solo pasan en países con gobiernos dictatoriales que no confían en el dinamismo del mercado para solucionar problemas de la cadena de suministro. En un mercado competitivo, las empresas hidrocarburíferas tendrán incentivos propios a mantener la continuidad del servicio porque de lo contrario sus clientes se moverán a la competencia. Es el mercado el que disciplina a los vendedores. Pasa en cualquier país del mundo y con cualquier producto. Duele comprobar que el gobierno y sus burócratas no lo entiendan y hagan resucitar a Chávez.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Antonio Saravia

Economista

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