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Bolivia cumple 201 años. Comparto una idea del regalo perfecto en esta ocasión: un banco central independiente en todo el sentido de la palabra.
Esta noción no es exclusiva de nuestro país. Argentina debate una reforma para reforzar la autonomía de su banco central y restringir el financiamiento al Estado. En Estados Unidos, las presiones políticas sobre la Reserva Federal recordaron que incluso las instituciones más consolidadas pueden ser vulnerables.
Ambos casos plantean una pregunta relevante para Bolivia: ¿quién debe proteger el valor de la moneda cuando las urgencias del Gobierno chocan con la estabilidad económica?
La independencia del banco central no es un lujo tecnocrático. Es una defensa del salario, los ahorros y el poder adquisitivo de la población. Cuando el Estado enfrenta déficits persistentes, aparece una tentación conocida: recurrir al banco central para financiar gasto público, sostener empresas estatales o cubrir obligaciones inmediatas. El alivio puede ser rápido, pero la cuenta llega después mediante inflación, pérdida de reservas, devaluación o deterioro financiero.
Un banco central independiente debe poder utilizar sus instrumentos sin recibir órdenes del Gobierno. Esto no significa aislamiento. La política monetaria necesita coordinación con la política fiscal y conocimiento de la realidad productiva. Sin embargo, coordinar no equivale a subordinarse. Cuando las necesidades del Tesoro determinan cuánto debe prestar o emitir el banco central, ya no existe una verdadera política monetaria: existe dominancia fiscal.
La razón es sencilla. Los gobiernos suelen tener incentivos para estimular la economía en el corto plazo, especialmente antes de elecciones, durante una recesión o cuando cae su popularidad. El beneficio político aparece primero; la inflación y la pérdida de confianza llegan después. La autonomía monetaria funciona como una regla de autocontrol democrático: limita hoy decisiones que podrían perjudicar mañana a toda la sociedad.
Pero la palabra independencia escrita en una ley no basta. Se requieren nombramientos transparentes, autoridades profesionales, mandatos estables, causales objetivas de remoción y libertad para utilizar los instrumentos monetarios. También debe existir autonomía financiera, para impedir que el presupuesto, el capital o las utilidades del banco central sean utilizados como mecanismos de presión. Y, la independencia debe ir acompañada de transparencia y rendición de cuentas.
La restricción al financiamiento público es igualmente decisiva. Las eventuales excepciones deberían tener montos máximos, plazos, condiciones de devolución y autorización expresa. Una excepción indefinida deja de ser excepcional y se convierte en una puerta permanente para trasladar los desequilibrios fiscales al banco central.
La experiencia latinoamericana muestra que estas instituciones importan. Los países que fortalecieron la autonomía de sus bancos centrales limitaron el crédito al Gobierno y dieron prioridad a la estabilidad de precios, logrando reducir la inflación y consolidar mayor credibilidad.
Bolivia conoce el resultado contrario. La hiperinflación de los años ochenta fue monetaria en su mecanismo inmediato, pero fiscal en su origen. Déficits, deuda y aguda contracción formaron una combinación destructiva. La Ley 1670 de 1995 contribuyó a restablecer la estabilidad, pero una institución puede debilitarse por más que su norma permanezca formalmente vigente.
La erosión suele ser silenciosa. Ocurre mediante excepciones crecientes, reducción de la información pública, nombramientos opacos o coordinación subordinada con el Ejecutivo. La autonomía permanece en el papel, mientras la capacidad real de actuar desaparece.
El mejor regalo monetario para Bolivia no consiste en crear más dinero. Consiste en evitar que el poder político lo utilice para resolver sus urgencias. La independencia del BCB no protege a los técnicos de los políticos; protege a los ciudadanos del uso político de la moneda.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
