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El Presupuesto General del Estado (PGE) es el epicentro del manejo fiscal de un país. El presupuesto público es el registro sistemático de los ingresos y gastos del Estado que reflejan los planes económicos, sociales y políticos del gobierno central. Por tanto, el presupuesto refleja las intenciones del gobierno de favorecer a ciertos sectores de la sociedad o a ciertos grupos o “élites” dominantes.
El tratamiento presupuestario está sujeto a una serie de procesos y procedimientos que son de obligatorio cumplimiento para los que ejercen funciones en el aparato público.
Como es sabido, el 30 de octubre de 2026 el ministro de Economía del actual Gobierno entregó el PGE 2027 a la Asamblea Plurinacional para que sea analizado, consensuado y discutido por los “honorables parlamentarios” de la patria. La Constitución Política del Estado, en su artículo 158, punto 11, establece que los parlamentarios deben discutir y aprobar el PGE en un plazo de 60 días; caso contrario, el proyecto será aprobado tal como lo presentó el Gobierno. Esto significa que, como máximo el 30 de diciembre de 2026, el PGE debe ser aprobado por nuestros parlamentarios.
La famosa propuesta del 50-50 consiste en una nueva distribución de la coparticipación en los siete impuestos nacionales entre el gobierno central y los 9 departamentos (actualmente se distribuyen en 75% gobierno central, 20% municipios y 5% universidades públicas). Esta propuesta electoral surgió en el pasado proceso electoral realizado el 17 de agosto de 2025 y posteriormente en la segunda vuelta electoral realizada el 19 de octubre del mismo año, donde el ganador fue el candidato Rodrigo Paz con un 54,49% contra el 45,51% obtenido por el candidato Jorge “Tuto” Quiroga. Es necesario recordar que en la primera vuelta electoral los que ofrecieron la distribución en la coparticipación fueron Tuto Quiroga con el 62-38 y Samuel Doria Medina con el 50-50; hasta ese momento Rodrigo Paz no tenía un planteamiento claro, aunque en la segunda vuelta electoral lo hizo ya en forma más explícita y se decantó por el 50-50. Al ser el ganador del balotaje en la segunda vuelta electoral, debería dar cumplimiento a su oferta electoral.
Si revisamos los datos del Ministerio de Economía, la recaudación tributaria “efectiva” (no se coparticipa de la recaudación en títulos valores) es aproximadamente de Bs 47.600 millones. Conforme con los datos del PGE 2027, en el mismo se contempla un PGE 2027 consolidado de Bs 335.140 millones. Por lo que en la distribución del 50-50 solo estaríamos discutiendo una distribución del 14,2% aproximadamente del total del PGE.
En ese sentido, en el actual PGE 2027, por un principio de responsabilidad histórica, ya se debería haber incorporado la propuesta del 50-50, algo que no se ha hecho pese a haber sido una propuesta electoral; pero hay que entender que una cosa es la propuesta de la campaña electoral y otra ya es el ejercicio pleno del poder: son dos aspectos muy diferentes.
En ese sentido, los 60 días de discusión y aprobación del PGE 2027 en la Asamblea Plurinacional, cuyo plazo fenece antes del 30 de diciembre de 2026, serán vitales para incorporar o rechazar esta propuesta. Lo correcto es que esta discusión pase por mesas técnicas para realizar un costeo competencial, es decir, cuantificar el costo de cada competencia que se va a transferir a cada departamento y en función de eso establecer los recursos necesarios para financiar esa responsabilidad o competencia. Algo que vemos muy difícil de realizar si no hay la voluntad política de todos los que hacen política y que están ejerciendo funciones y mandato público.
Algo que es muy importante y necesario aclararles a nuestros amables lectores es que el 31 de julio de 2013 (hace 13 años), cuando estuvimos en el Comité Pro Santa Cruz ejerciendo la primera Vicepresidencia junto a un selecto grupo de profesionales economistas que por honestidad intelectual debemos nombrar —Carlos Hugo Barbery, economista; José Abel Martínez, economista; José Luis Parada Rivero; Carlos Schlink Ruiz y Eliane Capobianco por la Gobernación de Santa Cruz; Oscar Azogue y Fernando de La Barra por la UAGRM; Manuel Medina y Omar Cossío por el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, y Rubén Darío Cuéllar y mi persona por el Comité Pro Santa Cruz—, presentamos a Bolivia el documento PROPUESTA DE PACTO FISCAL PARA BOLIVIA, la primera propuesta en el país que contemplaba una nueva distribución de los impuestos nacionales entre el centralismo gubernamental y los 9 departamentos. En dicho documento se estableció que la nueva distribución de los recursos de coparticipación tributaria sería de 50% para el centralismo gubernamental y el otro 50% para los departamentos, distribuido de la siguiente forma: 25% para los municipios, 7% para las universidades públicas y 18% para las gobernaciones (entidades que por primera vez se beneficiarían de dicha coparticipación). Esa propuesta era válida para esos momentos.
Como es sabido, en la actualidad la distribución de la coparticipación tributaria fue establecida en la Ley N.º 1551, Ley de Participación Popular de 1994, que contempló una distribución de 75% para el gobierno, 20% para los municipios y 5% para las universidades públicas. Dicha distribución sigue vigente desde hace 32 años hasta hoy.
Pero la gran pregunta sería: ¿y de dónde salió el 50-50? En aquella oportunidad, la Gobernación de Santa Cruz junto a la Fundación Konrad Adenauer habían realizado un estudio sobre costeo competencial y, por cálculos aproximados, la Gobernación cruceña podría asumir todas las competencias transferidas en forma abusiva por Evo Morales y el masismo si hubiesen podido lograr una coparticipación como la que fue establecida en el documento que presentó el Comité Pro Santa Cruz, el cual fue elaborado por ese selecto grupo de profesionales citados líneas arriba.
A estas alturas del partido, y por un acto de justicia, corresponde iniciarles un juicio de responsabilidades a Evo Morales, Lucho Arce y al séquito de masistas por haber vulnerado su propia Constitución Política del Estado (CPE), que entró en vigencia el 7 de febrero de 2009; el artículo 305 señala que toda transferencia de competencia debe estar acompañada de los recursos económicos y financieros para su ejercicio. Evo Morales promulgó esta CPE y, junto a su partido, el MAS, se encargaron de violentarla y vulnerarla. Bueno, pero eso es harina de otro costal; debería ser una tarea para nuestros parlamentarios, padres de la patria.
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