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La defenestración del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, y la huida del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, confirman la existencia de una estructura mafiosa en estas instituciones que son fundamentales para el sistema judicial.
Que Roger Mariaca haya sido designado con más de dos tercios de la Asamblea Legislativa, y Romer Saucedo haya logrado la mayor votación popular, no garantiza un mínimo de decencia en el desempeño del cargo, pues ambos han sido imputados como cabecillas de una organización criminal. Esta imputación coincide con las reiteradas denuncias públicas en el sentido de que había un manejo mafioso en el poder judicial. Lo que nadie imaginaba era que las principales autoridades encargadas de combatir el crimen organizado eran quienes liderizaban esas bandas criminales.
La peor herencia de los gobiernos del MAS (2006-2025) es la desinstitucionalización del Estado, y la configuración de una estructura criminal que continúa agazapada todavía intacta y funcionando. Esta lucha necesita de una firme voluntad política, compromiso ciudadano, predicar con el ejemplo, etc. En esta cruzada resulta imprescindible el fortalecimiento institucional y una depuración rigurosa del sistema judicial, garantizar la separación de poderes, la libertad de expresión, la transparencia, funcionarios honestos, entre otros elementos. La corrupción es un monstruo de mil cabezas que, lejos de erradicarse, sigue avanzando y haciendo metástasis en el Estado boliviano.
La clase política tiene que hacer un gran pacto por la justicia para resolver la crisis del sistema judicial y combatir el crimen organizado. Sin embargo, la reforma judicial exige una reforma constitucional (impedida mientras dure el estado de excepción) para cambiar el sistema de la designación de las principales autoridades judiciales. Hay que advertir, no obstante, que la solución no pasa solo por cambiar a las principales autoridades judiciales. El verdadero problema es mucho más serio y complejo de lo que aparenta. Hay que cambiar no solo el sistema de designación de las principales autoridades judiciales, e imponer en todos los niveles la meritocracia, sino fundamentalmente hay que fortalecer el Órgano Judicial, el MP, la policía y el sistema carcelario. Y este fortalecimiento pasa por reconocer los cargos vitalicios, imponer exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y la evaluación periódica de forma que se cualifique la formación y capacitación permanente de los jueces. Se necesita institucionalizar la carrera judicial para terminar con los jueces a carrera.
Lo más urgente es, sin embargo, restituirles su independencia e imparcialidad a los jueces, porque un sistema judicial sin estas garantías básicas termina minando la institucionalidad democrática, genera corrupción, pobreza, y permite que se imponga el crimen organizado y la impunidad. La infiltración del narcotráfico pone en duda la viabilidad y sostenibilidad del Estado. De hecho, la seguridad jurídica y ciudadana dependen del fortalecimiento institucional. También se necesita una asignación económica fija al Órgano Judicial que, en ningún caso, debe estar por debajo del 3% del total del presupuesto general. Nadie en su sano juicio puede entender el sistemático decrecimiento de los recursos económicos de los últimos 20 años, que bordea apenas el 0,50% del presupuesto general del Estado.
Con la finalidad de devolverle la confianza a la ciudadanía se tiene que mostrar resultados concretos; es decir, revertir la retardación de justicia, introducir tecnología de punta, y ampliar la cobertura judicial, implementar los jueces de paz, dependientes de los gobiernos municipales, así como los jueces itinerantes a lo largo y ancho del territorio nacional. De la misma forma, se necesitan reformas legales que permitan, por un lado, la oralidad en todos los procesos judiciales y, por otro, promover los métodos alternativos de resolución de controversias, que permitan descomprimir el sistema judicial en todo sentido.
En resumen, autonomía económica, corrupción generalizada, retardación de justicia, pérdida de confianza y credibilidad, falta de oralidad en todos los procesos, capacitación permanente y selección de los mejores profesionales son algunos de los grandes desafíos que debe resolver el Estado para comenzar un verdadero proceso de reformas y tener a mediano plazo un sistema judicial independiente, fortalecido, confiable e imparcial. El cambio tiene que ser sistémico e integral, que comprenda aspectos políticos, económicos e institucionales. La clase política tiene que dar la talla, así como los órganos del poder público y la sociedad en su conjunto. Se trata de una oportunidad excepcional para comenzar la necesaria reforma estructural del poder judicial.
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