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Será seguramente una larga batalla la que nos espera sobre la sesión legislativa que, a media luz y con improvisadas brigadas de fumigadores al acecho, aprobó la cesación del mandato de los magistrados autoprorrogados y algunas otras leyes más que están a la espera de su promulgación en el despacho del presidente Luis Arce.
Como van las cosas, la pelea entre “arcistas” y “evistas” se produce ahora sobre un territorio de interpretación legal. Unos dicen que la sesión de marras fue ilegalmente convocada y que, por lo tanto, no corresponde dar curso a ninguna de las normas emitidas y los otros, una suma coyuntural de asambleístas del MAS leales a Evo y de oposición, pertenecientes a las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos, abogan por su aplicación inmediata.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que hasta hace no mucho tiempo había guardado un estratégico equilibrio entre las cabezas partidarias –Morales y Arce–, ha optado finalmente por respaldar ahora al líder cocalero, de quien incluso dijo debe ser el que encabece un proyecto de unidad para 2025.
Rodríguez, a quien se ve también como una posible alternativa para superar las diferencias que han “desangrado” al instrumento político, decidió colocarse del lado de las “bases” y no de la burocracia gubernamental que promueve la reelección del presidente.
Arce pasó de ser presidente a apagar incendios. Las puertas de la Casa del Pueblo se abrieron para casi todos los sectores que ejercen presión. Estuvieron los transportistas y posiblemente sean varios los que sigan el mismo ejemplo. El contagio será inmediato y, como en los lejanos tiempos de la UDP, es muy posible que los movimientos sociales, sobre todo los de la línea evista “capturen” frecuentemente la principal sede del poder político.
Lo más probable es que las pugnas legislativas, por la naturaleza y alcance del tema que las provoca, escalen hacia un conflicto de mayor tamaño y que los que hasta ahora se han producido sean solo pequeñas escaramuzas antes del combate más importante.
Algunos dirigentes del MAS vinculado a Morales han advertido ya que “es muy difícil evitar que la gente tome las calles”, una amenaza que podría pasar al terreno de los hechos en los próximos días, de persistir la posición gubernamental de respaldar la continuidad en el cargo de los magistrados que ya llevan seis meses ocupando inconstitucionalmente esos cargos.
El presidente camina por la cornisa, no solo porque el cuadro económico es más que crítico y por lo inminente que parece un desabastecimiento total de combustibles, sino porque el “manejo jurídico” de la política está dejando un rastro sospechoso que compromete la estabilidad democrática.
YPFB está en quiebra dijo recién un asambleísta del oficialismo y confirmó que las deudas de la para estatal están cerca de los 300 millones de dólares y no hay de dónde sacar plata para cubrirlas. En suma, ya no hay crédito para Yacimientos, lo que más temprano que tarde podría reflejarse, esperemos que no, en una situación caótica.
Arce dejó de administrar el país y ahora son las fuerzas en tensión –social y electoral– las que orientan el rumbo de la política y las decisiones. Estamos ante un gobierno sin timón y expuesto a un temporal de pronóstico nada alentador.
