Escucha la noticia
La posible abrogación de la Ley 1720 no es un acto de justicia hacia el campesino ni al indígena: es una operación política. Detrás del coro de voces que claman contra esta norma se esconden tres intereses que poco tienen que ver con el bienestar del área rural — dirigentes de la CSUTCB y la CIDOB que no quieren perder el control gremial sobre sus bases, intelectuales y académicos de izquierda que mantienen su relación clientelar a través de ONGs y entidades que ellos mismos controlan y un gobierno que va ensayándose como equilibrista para llegar al 2030 con opciones electorales,
El pecado original de la Ley 1720 fue político, no técnico. Haber sido impulsada por el empresario cruceño Branko Marinkovich — que arrastraba un conflicto altamente mediatizado sobre titulación de tierras — le dio a sus detractores un blanco fácil. Pero eso revela, ante todo, una torpeza táctica del gobierno: el tema tierra, más allá de ser un asunto vital para la economía campesina e indígena, es un terreno delicado que exige manejo estratégico. Dejarlo en manos de un actor tan expuesto mediáticamente fue un error de cálculo que sus adversarios supieron aprovechar que incluso incorporaron aspectos de índole racista en sus cuestionamientos.
Surge, sin embargo, una pregunta que nadie quiere responder: ¿dónde estaban la CSUTCB, la CIDOB, la COB y los demás actores, durante los veinte años de gobierno de Evo Morales y Luis Arce? ¿Acaso no fue en ese período que se aprobó la nueva Constitución del 2009? La Ley INRA viene desde 1996, y la Ley de reconducción comunitaria desde el 2006, con todos sus errores: como ser el fraccionamiento de propiedades medianas y grandes que hoy aparecen registradas como pequeñas propiedades. ¿Dónde estaban entonces los intelectuales y académicos para exigir que esos errores se corrijan?
Ahora salen a gritar al cielo con la Ley 1720, quienes no fueron capaces de frenar a Evo Morales ni a Luis Arce, y que más bien permitieron que el país se derrumbara en silencio. La verdad incómoda es esta: todos ellos son corresponsables de que el campesino y el indígena sigamos postrados en la pobreza desde 1953, porque siempre nos han tratado como ciudadanos de segunda categoría.
El problema viene de lejos. En 1953, quienes se beneficiaron realmente de la reforma agraria fueron los latifundistas, los que ya tenían propiedades delimitadas y tituladas. Cuando llegó la Ley INRA, si bien los territorios indígenas y las tierras comunitarias fueron una conquista legítima frente al avasallamiento de terceros, el tratamiento a la pequeña propiedad y el solar campesino fue inadecuado: puso al campesino y al indígena bajo la tutela del Estado y luego de las mismas organizaciones creadas por sus miembros, sin que tenga un margen de acción en lo económico, misma que permaneció en las normas posteriores.
La Ley 1720 no obliga a nadie a convertir su tierra de un tipo a otro. El temor que se ha instalado en las bases es un temor inducido, con tinte político, porque la norma ataca precisamente la relación prebendal entre la dirigencia de las organizaciones sociales y sus miembros. Obligar a marchar y bloquear a título de amenazar con el despojó de la tierra es una realidad que no se debe ignorar. Sostener que su vigencia favorecería a quienes fragmentaron tierras es una realidad, pero es tan inconsistente como afirmar que los autos chutos no están ligados a delitos, o que tengamos maestros enseñando sin tener vocación académica. La pregunta que habría que hacerse es otra: ¿por qué no perfeccionar la norma en lugar de perjudicar a los campesinos e indígenas que queremos usar la tierra como un activo económico, en igualdad de condiciones con cualquier boliviano?
Dar marcha atrás con la Ley 1720 sin haber consultado a quienes queremos mover la economía rural — con acceso a crédito, con proyectos agrícolas, con inversiones en turismo comunitario — es no entender las necesidades del área rural y seguir considerando a campesinos e indígenas como tontos serviles. La acción dubitativa del gobierno muestra al mismo tiempo a gobierno equilibrista que hará lo que le convenga políticamente. Desde afuera, el área rural luce pintoresca para el turista, el intelectual y el académico. Pero ellos no conocen la vida que se vive adentro. Y mientras sigamos siendo objetos de estudio en lugar de sujetos de política económica, el campo seguirá postrado en la miseria.
