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- La cuestión de la gobernabilidad se ha reinstalado como un problema fundamental de la vida nacional. Los desafíos de gobernabilidad vienen desde la crisis de 2019, marcando una etapa política de incertidumbre. Esto nos retrotrae a una faceta recurrente en la historia boliviana, y que se ha expresado como un problema crónico de inestabilidad.
Pero la cuestión de la gobernabilidad es mucho más que solamente inestabilidad política. Implica la ruptura de un marco común de convivencia; supone, también, la ausencia de mecanismos institucionales para la resolución de conflictos; la inexistencia de espacios de diálogo y soluciones negociadas; y, por tanto, la prevalencia de la fuerza, la presión, la intimidación. En un clima de crispación política y social, cualquier conflicto menor puede trastocarse en un choque de trenes. Sucedió esto con la cuestión del Censo.
Nuestro país está dividido y polarizado; una polarización que es política e ideológica, pero también social y territorial. Una polarización que pone de manifiesto un conflicto de poder sin vías de salida y en el que ninguna de las principales fuerzas confrontadas tiene poder suficiente para imponerse por completo, aunque sí poder de veto; es decir, capacidad de contener a la otra parte. El resultado es una situación caótica en la que las decisiones no se toman, o se toman tarde o simplemente se diluyen y pierden eficacia.
El modelo de gobernabilidad autoritaria, vigente por más de una década, está resquebrajado. Y tanto más por la guerra interna del MAS. Y también por un presidente débil, preocupado más de batir a sus enemigos que de gobernar; obsesionado por reproducirse en el poder. Todo ello configura una crisis de gobernabilidad que, sin duda, es el máximo escollo para hacer frente a la crisis económica en pleno proceso de desarrollo.
- El país fracturado que tenemos, y que subyace a la crisis de gobernabilidad, deja entrever un segundo problema capital: la cuestión de la construcción de la Nación boliviana; del Estado-nación, como una construcción incompleta, en cierto sentido trunca, y que en los últimos tiempos se expresa (ante todo) como un problema de Identidad Nacional.
En efecto, la Identidad Nacional sufre el ataque simultáneo de fuerzas que cuestionan la validez y legitimidad de una identidad boliviana. Las principales fuerzas que perpetran este ataque son, en primer lugar, el etnonacionalismo del MAS; un nacionalismo de base étnica, principalmente aymarista, que intenta recrear un tipo de identidad boliviana basada en la pertenencia a los pueblos y culturas indígenas. Una segunda fuerza es el corporativismo que pone por delante la defensa (a rajatabla) de intereses particulares, por encima de cualquier noción de bien común. La tercera fuerza que socava la identidad nacional es un regionalismo exacerbado, presente sobre todo en ciertos sectores de la sociedad cruceña, que perciben a Bolivia, y en particular al occidente, como un lastre para el progreso cruceño.
Bolivia (históricamente) ha tenido notorias dificultades para consolidar una Identidad Nacional común; a los bolivianos nos cuesta fraguar una idea y un sentido de nación, de comunidad nacional. Con la excepción de determinados momentos de nuestra historia (tal vez en la fundación de la República, o en algunos conflictos bélicos, claramente durante la Revolución Nacional, y en los años 80 con la lucha y conquista de la democracia moderna. Excepto por esos momentos, la dinámica dominante ha sido más bien de segregación, de dispersión, fragmentación y polarización. Esto explica nuestras dificultades para crear una Identidad Nacional fuerte, consistente, robusta; capaz de prevalecer sobre las identidades particulares, y de contrapesar las corrientes centrífugas y disgregadoras del Estado Nacional.
¡Qué duda cabe!, el ascenso del MAS (y su proyecto del Estado plurinacional), qué duda cabe, constituye el mayor reto a la Identidad Nacional boliviana, definida en términos de una ciudadanía común antes que definida en términos étnicos o culturales. El concepto del Estado plurinacional comporta, justamente, la idea de un país refundado a partir de nacionalidades diversas y con derechos preferentes para los indígenas y los movimientos corporativos populares y, por tanto, con ciudadanías distintas. Es decir, de un país concebido desde la diferencia y la diversidad, y no desde la integración de la diversidad. El resultado es una sociedad fracturada y polarizada, que no encuentra un marco de convivencia, de gobernabilidad democrática, y mucho menos de cohesión social en torno a un proyecto de desarrollo nacional.
- Es verdad que el país ha avanzado en Inclusión Social. Indudablemente, en ello ha sido muy importante el papel del MAS y el empoderamiento político de sectores cholo-indígenas y rurales. Y si bien resta mucho camino por recorrer para consolidar la inclusión económica y social, ahora mismo, diría que un problema más acuciante es la cohesión social.
Esto nos remite otra vez a la cuestión nacional. Y es que los bolivianos tenemos marcadas dificultades para asumirnos como Nación; como comunidad nacional: los lazos de unión, solidaridad, lealtad recíproca, identidad colectiva, y aquello que podría denominarse conciencia nacional, están erosionados y debilitados. Prevalecen, en cambio, la fragmentación social, la conformación de facciones y grupos autorreferidos e identitarios, que dan más importancia a sus diferencias que a lo que tienen en común con otros; vale decir, identidades diferentes que en muchos casos están fundadas más en el resentimiento, el temor y la desconfianza.
También es perceptible que esta fragmentación se solapa con la polarización política, y ambas tendencias socavan la cohesión social. Y sin cohesión social pocas cosas pueden funcionar en un país. De hecho, esto obstruye la posibilidad de instaurar una democracia sólida y estable.
- La Identidad Nacional juega un papel fundamental en la democracia. La democracia es un contrato implícito entre los ciudadanos y su gobierno y entre los mismos ciudadanos. Por ejemplo, en los años de la llamada Democracia Pactada, se gestaron consensos básicos sobre el sistema económico, la institucionalidad política y electoral, el papel del Estado, los derechos sociales, el reconocimiento de la diversidad étnico-cultural. Hubo ciertos acuerdos que le dieron estabilidad al régimen democrático. La Asamblea Constituyente, por el contrario, falló en recrear el contrato social para revitalizar el sistema democrático y edificar un Estado social y descentralizado, respetando el pluralismo. El resultado no ha sido más democracia, sino menos democracia, y un país fracturado.
Y es que, para que la democracia funcione, el contrato social debe ser percibido como legítimo, porque expresa un acuerdo o una idea compartida sobre la naturaleza del régimen de gobierno. Este consenso amplio es más fácil de lograr cuando la Identidad Nacional es robusta y cohesiona a la sociedad. Así lo demuestra la experiencia histórica. En cambio, cuando una parte relevante se siente ajena o excluida, descree y cuestiona las bases del régimen político, la democracia pierde legitimidad y se torna frágil. El problema es más grave aun cuando no hay una visión común sobre democracia. De hecho, en Bolivia, frecuentemente la democracia tiene significados muy diferentes, dependiendo de los sectores sociales y políticos. De ahí por qué hay muchos que se sienten más inclinados a no reconocer los resultados del juego democrático.
- Otro aspecto de la cuestión nacional tiene que ver con la brecha de desarrollo que se ha abierto entre Santa Cruz y las otras regiones. Este es otro problema complejo y potencialmente peligroso para la integridad del Estado boliviano. Si el desplazamiento a Santa Cruz de trabajadores, empresas y recursos humanos prosigue al ritmo de las últimas tres décadas, la brecha se hará creciente, con la consecuencia de que el balance de poder entre oriente y occidente se romperá (definitivamente) a favor de Santa Cruz, reconvertida en centro económico y geopolítico dominante, mientras las otras regiones quedan relegadas y con menor incidencia en las decisiones nacionales.
Un país con desigualdades profundas podría no ser viable, quizá ni siquiera Santa Cruz, que eventualmente colapsará en sus posibilidades de acoger y brindar trabajo y servicios básicos. Adviértase, que ya actualmente Santa Cruz es epicentro de muchos conflictos sociales, lo cual tiende a socavar una de las claves de su crecimiento: la estabilidad y seguridad para los negocios.
- La tarea histórica pendiente es la construcción de la Nación Boliviana; esto es, la consolidación de una comunidad nacional, que se reconozca y actúe como tal, por encima de otras colectividades o identidades parciales o más limitadas, como son los grupos étnicos, regionales, corporativos, religiosos, de género. Y es que la idea y el sentimiento de nación, suscita lazos de unidad, lealtad, solidaridad, confianza y compromisos fuertes, más allá de las diferencias naturales en la sociedad.
Así pues, dar un renovado impulso al proceso de construcción nacional, fortaleciendo la identidad común de los bolivianos, es una condición imperiosa para restaurar el sistema democrático y para sentar cimientos sólidos de un proceso de desarrollo económico, social y político. Relanzar la idea de la Nación Boliviana y de su engrandecimiento, como un objetivo superior de la sociedad, debe ser la marca y la razón de ser de un nuevo proyecto político (alternativo al MAS, y distinto y contrario a cualquier otro proyecto o postura política disgregadora de la nación). Este enfoque (pienso) debe permear el contenido del nuevo proyecto político, que tendría así una fuente de legitimidad, entroncando con la historia y generando vínculos emocionales con la gente.
Se trata, entonces, de plantear una visión de país que dé expresión democrática a su diversidad socioeconómica, geográfica y cultural, pero, y, sobre todo, que promueve la integración, la cohesión social, la articulación de la diversidad en una comunidad nacional definida por una cultura y una historia comunes, tanto como por la perspectiva y la voluntad de construir un futuro compartido. Y en ese sentido, no puede ser sino un proyecto nacional con vocación de modernidad; que asume los valores de libertad individual, economía abierta, integración al mundo, democracia representativa, cultura de legalidad, justicia independiente, Estado para la gente, gestión pública meritocrática, descentralización, sociedad civil autónoma.
- El relanzamiento de un proyecto nacional democrático supone, por tanto, articular un nuevo Contrato Social entre el Estado, los ciudadanos y las regiones. Un contrato social alrededor de un modelo económico, un modelo político y un modelo desarrollo humano. Es decir, forjar acuerdos básicos sobre la dirección de la economía, las instituciones políticas, el Estado de derecho, un sistema de protección social fiscalmente sostenible, las reformas impostergables en educación y salud. Estos consensos, razonablemente amplios, son condiciones necesarias para superar el quiebre y la fragmentación de la sociedad y, en consecuencia, para asegurar condiciones de estabilidad y gobernabilidad sin las cuales ningún proceso de desarrollo es posible. Un claro ejemplo de ello es la dificultad, hasta ahora insalvable, de explotar el litio.
Pero la idea de un nuevo contrato social también puede ser vista como una estrategia política para articular una nueva mayoría ciudadana; para lograr una victoria estratégica en 2025, y para sustentar la gobernabilidad democrática de un nuevo ciclo político. Esta articulación política, claro está, no será el resultado de un acto puntual (como una Asamblea Constituyente). En todo caso, parece más probable que lo sea como fruto de un proceso de avances sucesivos, como los que podrían darse mediante la reforma judicial o un Pacto Fiscal en 2024.
Esta visión de país requiere, cómo no, de un liderazgo político con visión estratégica y con un discurso de recuperación y proyección de la nación boliviana. Pero también puede ser imprescindible el liderazgo de una región; pienso sobre todo en Santa Cruz, como la expresión de una Bolivia moderna y democrática, en la que convergen gentes de todas las regiones y estratos sociales. Y que, por tanto, está llamada a jugar un rol protagónico en la construcción de un proyecto de desarrollo nacional, entroncada en la historia, pero también apuntando a la modernidad.
