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Ni el más optimista calculaba que la convocatoria del Cabildo cruceño iba a ser multitudinaria y menos que las conclusiones retomarían el camino de la presión para exigir, “si o si”, la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2023.
Pero Santa Cruz sorprende siempre y una vez más mostró que no está dispuesta a arriar las banderas de la rebeldía frente a un gobierno que, ingenuamente, creyó que podía quebrar la unidad regional fortaleciendo liderazgos alternativos o retomando prácticas de intimidación que no funcionaron en el pasado y que tampoco resultan efectivas ahora.
A falta de líderes y/o partidos de oposición que puedan ejercer algún contrapeso a las decisiones gubernamentales, esa región tuvo que asumir ese papel y lo hace a través del uso de un instrumento de consulta democrática como es el Cabildo.
Santa Cruz posiblemente pierda elecciones nacionales frente al MÁS, pero gana otras batallas importantes, como haber sido parte fundamental de las movilizaciones que en octubre-noviembre de 2019 lograron la renuncia de Evo Morales, luego de demostrarse nacional e internacionalmente que las elecciones de ese año fueron fraudulentas.
Además, una de las expresiones más provechosas de la rebeldía regional es haber defendido sistemáticamente y contra viento y marea su modelo de desarrollo. Es el departamento más próspero del país, el de mayor crecimiento económico, el más atractivo para la inversión extranjera local o externa, y el que genera oportunidades para los que no las encuentran en otras zonas del país.
En ese sentido, posiblemente la resistencia de Santa Cruz haya sido clave para que la economía de Bolivia no tome el rumbo desastroso de Cuba o Venezuela. Si los indicadores macroeconómicos fueron en general positivos durante los últimos años deben atribuirse también a la firmeza cruceña de no arriar sus banderas de apertura y modernidad.
El gobierno ha intentado por todos los medios deslegitimar los cabildos como instrumentos de ejercicio democrático ciudadano o de plano ha amenazado con organizar cabildos paralelos para competir por el número de convocados. No lo ha hecho porque sabe que frente a una convocatoria de casi 1.5 millones de personas en un departamento de poco más de 3 millones, lo más probable es que hubiera quedado en ridícula desventaja.
Los cabildos cruceños muestran un camino que podrían seguir otras regiones del país que no han podido canalizar políticamente sus reclamos, entre otras cosas porque las organizaciones con representación en la Asamblea son muy débiles o en definitiva no cumplen su papel, como ocurrió recientemente con la bancada de oposición que, con su ausencia en el hemiciclo, dejó la vía libre para la elección del Defensor del Pueblo.
Los instrumentos políticos siguen un itinerario curioso. Si a fines de la década de los años setenta las grandes concentraciones públicas mostraron la fortaleza de las convicciones democráticas frente a las dictaduras militares, la sociedad ha encontrado hoy, en ese mismo vehículo pacífico de protesta, la posibilidad de expresar sus demandas y exigir un cambio en aquellas políticas que la afectan.
Los alternativas de expresión democrática son válidas y legítimas, sobre todo cuando sirven para buscar que las decisiones que involucran intereses múltiples sean resultado del consenso y no, como suelen serlo, de la arbitrariedad y la imposición. La definición de la fecha del censo es precisamente un tema que no solo involucra al gobierno y que es percibido de manera diferenciada por cada una de las regiones, lo que obliga a buscar salidas que despejen suspicacias de índole diversa.
Sostener que más de un millón de personas son golpistas o conspiradores solo por pedir que el censo se realice antes constituye una ofensa y un despropósito. Ya en el pasado los gobiernos del MAS arremetieron contra Santa Cruz con acusaciones falsas y tramas maquiavélicamente armadas – como ha mostrado recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a propósito del caso del Hotel las Américas – para criminalizar las opiniones diferentes.
Si hay desestabilización es interna, como lo demuestran a diario los ataques y denuncias entre las diferentes facciones del MAS. Los golpes más duros contra el gobierno han surgido de las propias filas partidarias y de personalidades como el expresidente, Evo Morales, que no deja pasar un día sin decir que los principales colaboradores de Luis Arce son corruptos y hasta protectores políticos del narcotráfico.
Llama la atención que ante semejantes acusaciones provenientes del líder de su propio partido Arce haya preferido mantener silencio, mientras en el caso del pedido multitudinario de censo el 2023 su reacción haya sido innecesariamente agresiva y desproporcionada.
Al gobierno y al presidente también, por supuesto, le cuesta cada vez más individualizar a sus adversarios. Ya no es cuestión de atacar a un líder u otro, porque la propia sociedad ha elegido el atajo democrático para hacer escuchar su voz sin mediaciones políticas. Casi 40 años después de haberse recuperado la democracia en Bolivia, Santa Cruz muestra un nuevo camino.
