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Parece un baile, pero es la descripción de los cambios políticos recientes en Bolivia. El paso al costado lo dio el ex socio de gobierno, el empresario y vicepresidente de la Internacional Socialista, Samuel Doria Medina. Esto abrió espacio para una potencial reorganización del gabinete, pero la circunstancia fue desaprovechada, quedando todo en el “enroque corto” del ex canciller Aramayo al Ministerio de la Presidencia.
Mientras tanto, Relaciones Exteriores quedó a cargo de un funcionario de segunda línea, con un perfil más propio de la “diplomacia de los pueblos” que regía en administraciones pasadas. El nombramiento de un canciller de calibre internacional sigue siendo una asignatura pendiente.
El mini-cambio de gabinete también incluyó la supresión de una cartera de nombre extenuante. Las críticas se enfocaron en la pérdida de rango ministerial de la cultura, que ya era secundaria en esa estructura, dedicada a asuntos varios. Podría ser más productivo plantear una ley de mecenazgo, que deduzca impuestos a las empresas privadas que aporten a las actividades del arte.
Lo bueno es que, después del alejamiento, el gobierno parece haber ganado agilidad en la relación con las regiones y la revisión del modelo centralista. El paso adelante mencionado en el título fue dado en Sucre la semana pasada, en el acuerdo con los gobernadores que establece, entre otras cosas, la coparticipación tributaria con las autonomías departamentales desde el 2027.
Habrá que ver, por supuesto, el desarrollo práctico de lo concertado, conociendo la inercia y las tradiciones dilatorias de una maquinaria centralista que no soltará recursos tan fácilmente. Maquinaria que tiene sus intelectuales orgánicos, de los que dicen que en tal región se piensa y en tal otra se trabaja.
Casi en simultáneo con el acuerdo, se anunció el próximo envío al Parlamento de un paquete de normas estratégicas para la reforma económica, al tiempo que se hablaba de “no negociar con políticos sino con instituciones”. Esto puede significar, en realidad, que la relación con las bancadas no pasará tanto por sus liderazgos nacionales como por las gobernaciones, quizás siguiendo el modelo del “federalismo parlamentario” argentino, donde el diálogo presidente-gobernadores suele orientar parte del voto de los legisladores.
Esto tiene un lado interesante y también un reverso evidente, que es el “divide e impera” de negociar con nueve y de alentar alianzas de unos departamentos contra otros. En cualquier caso, si el modelo de concertación presidente-gobernadores se consolida, con sus pros y sus contras, finalmente estaríamos ante un cambio significativo en el funcionamiento del sistema político boliviano, aún muy anclado en las dinámicas heredadas del régimen de los 19 años.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
