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Las tropelías del universitario Max Mendoza y otros dirigentes “dinosaurios” es no solo un caso aberrante. En realidad, pone al descubierto la profundidad de la crisis que viven las universidades públicas. Si ya antes se hablaba de camarillas de poder, hoy se dice que existirían grupos mafiosos que se valen de la corrupción, la cooptación, la intimidación, el matonaje, incluso con respaldo del poder político. Todo indica que en su seno actúan operadores políticos, como Mendoza, para controlar y apaciguar una institución que tradicionalmente ha sido opositora a los gobiernos de turno, incluso temible por su talante rebelde y su fuerza movilizadora.
Lo insólito es que todo esto ocurra a vista y paciencia de la comunidad universitaria, sin que nadie reaccione o se escandalice; expresiones de indolencia que rayan en la complicidad. Esto es lo más dramático e inquietante -quizás una muestra del grado de descomposición moral en las universidades-. No es sorprende, entonces, los deplorables resultados académicos, y que nuestras universidades ocupen los últimos lugares en los rankings de universidades latinoamericanas1.
Demasiados abogados, pocos ingenieros y emprendedores
Que las universidades bolivianas califiquen tan mal en las mediciones internacionales es apenas el reflejo de una crisis de gran calado, cuyas manifestaciones son la mala formación de los estudiantes, la baja calidad del cuerpo docente, el desencuentro entre la oferta académica y el mercado profesional, la ausencia de producción científica y tecnológica.
Nuestras universidades están saturadas de estudiantes que cursan derecho, contabilidad, auditoría y otras carreras humanísticas; son carreras con escasas oportunidades laborales y alejadas de los requerimientos de la innovación y la economía del conocimiento. En la UMSA, por ejemplo, a principios de los años 2000, el número de alumnos en Ciencias Jurídicas era casi el doble del número de alumnos en Ingeniería y en Ciencias Puras; la carrera de Psicología tenía casi tantos alumnos como la Facultad Técnica que forma técnicos superiores y medios2. Es decir que lo que menos se prepara son capacidades humanas para el emprendimiento, la innovación, la tecnología, la ciencia. Hay estudios que refieren que incluso en las universidades privadas de corte empresarial, no parece que se estuvieran formando más que futuros empleados o consultores, pero escasamente talentos creativos y empresariales.
Otro estudio ilustrativo sobre la educación superior3, registra que solo el 14% de la demanda del mercado tiene correspondencia directa con la oferta de carreras en el sistema universitario; el 70% de la oferta académica carece de esa relación con el mercado profesional. Según el mismo estudio, el 45% de los alumnos tiene un tiempo promedio de estudios entre 4 y 10 años, y el 55% de más de 10 años, a nivel de licenciatura. Quienes lograban su titulación representaban un magro 14% de la población universitaria total, y el 3.2% de los nuevos matriculados. Todo lo cual da una idea de las altas tasas de permanencia, repetición y deserción estudiantil. Se anota que solo la mitad del profesorado se compone de docentes titulares; el 83% tenían títulos de licenciados, 8% de maestría y 1% de doctorado; el 77% cumplían labores a tiempo parcial, y solamente el 23% con dedicación exclusiva. No obstante el incremento del cuerpo docente, muchos de ellos debían impartir clases en aulas de más de 100 alumnos. Así y todo, ser docente es una ocupación que puede resultar apetecible, independientemente de las calificaciones y cualidades para la enseñanza.
La desconexión entre la docencia y la investigación es un mal endémico. Y si bien las universidades (específicamente la UMSA, UMSS y UGRM) concentran la mayoría de los centros de investigación en el país –algunos de prestigio-, en general la producción científica y tecnológica es muy pobre. Las universidades asignan fondos exiguos a I+D4; además, la poca investigación está a menudo desligada de la producción y las empresas, y casi no hay trabajos publicados en revistas científicas internacionales. Dentro de la escasa producción de patentes en Bolivia, el aporte de la academia es mínimo e irrelevante internacionalmente.
Masificación a costa de la calidad académica
La educación superior en Bolivia experimenta la tendencia mundial -más acusada en los países en desarrollo- de una explosión en el número de alumnos que pasan por sus aulas, y que va de la mano con la expansión de la planilla docente y administrativa, la proliferación de universidades (públicas y privadas), de facultades y carreras y de una demanda creciente de presupuesto. Si bien esta masificación ha permitido la integración de los jóvenes de clase media baja y otros estratos sociales, incluso rurales, antes excluidos, todo indica que los beneficios de esta inclusión social se han agotado, por cuanto ni las universidades ni el propio Estado han creado las condiciones necesarias para producir un avance similar en la calidad de la educación.
Al respecto, vale la pena citar las conclusiones de un estudio en Humanidades de la UMSA, pero que puede ser también válido para otras facultades: “Desde mediados de los 90, la formación ocurre en contextos masificados en los que la mayoría de los estudiantes trabaja y no puede asistir a clases regularmente…Las cátedras supernumerarias tienen altos niveles de deserción si se ejerce algún control de asistencia o si se sube la exigencia…Los alumnos en estos cursos rinden por debajo de sus potencialidades, y son muy pocos aquellos con rendimientos altos, que normalmente son estudiantes a tiempo completo…La enorme cantidad de alumnos en las aulas, sumada a la irregular asistencia y puntualidad conforman condiciones que dificultan la enseñanza y aprendizaje. Los efectos son visibles cuando los egresados tienen que titularse, debido a que no se sienten suficientemente preparados”5.
Por cierto, la deficiente formación universitaria es tributaria de la mala calidad de enseñanza secundaria, lo que obliga a flexibilizar los sistemas de admisión y, en última instancia, a bajar el nivel de exigencia académica en el nivel superior. Lo insólito es que ni las universidades ni el Estado se hacen cargo del problema, creando otras alternativas de formación profesional más cortas, económicas, prácticas y útiles para la vida laboral o también mediante cursos a distancia, virtuales y con las herramientas tecnológicas disponibles. Tampoco es una solución el inusitado aumento de postgrados, puesto que, en general, no tienen la calidad apropiada. Hoy en día, como lo saben bien los nuevos profesionales, contar con un título no garantiza conseguir empleo ni obtener un salario que retribuya la inversión en los estudios; ello, además, por la estrechez del mercado y la falta de oportunidades económicas.
La universidad rehén del corporativismo
Tal como ha quedado demostrado por diversos conflictos en las universidades del país, la universidad pública tiene un serio problema de gobernanza. Atrás quedaron los fines nobles de la autonomía y el cogobierno de defender la libertad académica, resguardar la enseñanza de la intromisión del poder político, promover el pensamiento crítico, hacer de la universidad una trinchera de lucha democrática. Esos objetivos han sido desvirtuados por la captura de la universidad, tanto por grupos políticos como por gremios e intereses corporativos empoderados. Se trata de un sistema clientelista y prebendal que ha degradado la enseñanza superior; en ese contexto la excelencia académica no cuenta. Los centros de calidad, que los hay, son islas en un mar de mediocridad.
Resistencia a la evaluación
El corporativismo ha derrotado los tímidos intentos desde el Estado, en los años 90 y siguientes, por implantar un sistema de evaluación y acreditación y vincular los recursos fiscales a los resultados de evaluaciones. De nada sirve que la Ley 3009 (de 2005) hubiera creado el Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior para coordinar procesos de evaluación y avalar la calidad de programas e instituciones académicas; este organismo ni siquiera llegó a conformarse. El Fondo de Mejoramiento de la Calidad, creado en 2001 para asignar recursos concursables a mejoras académicas en las universidades, no existe más. La respuesta del sistema universitario de montar su propio mecanismo de autoevaluación y acreditación tampoco funciona y, si lo hace, no es transparente en sus resultados, además de que no son validados por instancias independientes ni acreditados internacionalmente, salvo tal vez raras excepciones.
Estamos, pues, en el peor de los mundos. De un lado, las universidades que se escudan en la autonomía para poner a buen recaudo los privilegios corporativos, que no rinden cuentas de sus resultados académicos e institucionales y son refractarias al cambio. De otro, el gobierno, que, por razones políticas coyunturales, se rinde ante las universidades y abdica de su responsabilidad de regular y evaluar su desempeño; un gobierno pasivo y complaciente, que se limita a regatearles presupuesto, pero sin visión sobre la educación superior y desprovisto de políticas y capacidades para promover reformas que fomenten la calidad, la eficiencia y la equidad.
Apoltronadas, casi encerradas sobre sí mismas, con muy pocas vinculaciones con el sistema productivo nacional, alejadas de los centros de innovación y marginadas del proceso de internacionalización de la educación, nuestras universidades tienen restricciones severas para generar conocimiento e innovación y producir pensamiento y cultura democrática; solo escasamente pueden formar capital humano, y no son más la cantera de las élites intelectuales y políticas que puedan conducir la transformación del país.
1 Véase el estudio QS University Rankings: América Latina, que elabora la británica Quacquarelli Symonds. En éste, como en otros estudios internacionales, las universidades bolivianas quedan a la zaga de las universidades de la región.
2 Cf. María Luisa Talavera: “Procesos de admisión a la Facultad de Humanidades y sus efectos en la calidad
de la formación universitaria” en Cuadernos de Investigación, IEB, UMSA, 2007
3 Gustavo Rodríguez/Crista Weise: Educación Superior Universitaria en Bolivia, UNESCO-IESALC, 2006
4 Hace 20 años las universidades se propusieron destinar el 7% de su presupuesto a investigación, una meta que no se cumplió. Actualmente no hay información precisa sobre el gasto en investigación, aunque tendría que haber subido algo por el aporte de los recursos del IDH
5 María Luisa Talavera, Ibidem
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
