Arce ratifica Cumbre de Justicia para marzo pero no dice nada sobre el sistema de selección de magistrados
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El presidente Luis Arce, en el acto de inauguración del año judicial 2022 en Sucre, cuestionó este lunes los males del sistema de administración de justicia que deben ser extirpados mediante una reforma judicial, por lo que ratificó la realización de la tercera Cumbre de Justicia en marzo de este año, pero no se refirió al cuestionado mecanismo de selección de postulantes a los más altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
Arce identificó tres problemas principales en la administración de justicia: la retardación, la corrupción y la enorme carga procesal, advirtiendo que “el modelo de gestión judicial es obsoleto, discriminador y excluyente, privilegia a algunos pocos y perjudica a la mayoría del pueblo boliviano”.
“Tenemos el deber patriótico e histórico de atender la necesidad de diseñar un modelo de justicia que se adapte a las nuevas realidades de la sociedad boliviana, esto significa también reflexionar y cuestionar profundamente aspectos del sistema judicial, para fortalecer la cultura de paz y las prácticas de diálogo que nuestros ancestros utilizaban para lograr soluciones perdurables”, añadió el Presidente.
En ese sentido, Arce sostuvo que se llevará adelante la Cumbre Nacional de Justicia en marzo de este año, como anunció el ministro Iván Lima, en la que podrán participar universidades, colegios de abogados, juristas, jueces, movimientos sociales, autoridades e instituciones para rediseñar el sistema judicial.
El mandatario añadió que el Ministerio de Justicia está trabajando en una propuesta escuchando todas las voces de la sociedad civil organizada.
Sin embargo, no mencionó como parte de las debilidades del actual sistema judicial boliviano el distorsionado sistema de selección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agrario, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional que ha servido para que el MAS elija entre sus militantes y afines a los aspirantes que luego son sometidos a votación popular.
“En promedio, solo el 46 por ciento del total de proceso fue resuelto en los dos últimos años, el 62 por ciento de los juzgados está en las capitales y la ciudad de El Alto, el restante 38 en provincias, un total de 175 municipios no tiene juzgados, lo que implica que 1.300.000 bolivianos no tienen disponibilidad de acceso a la justicia en su jurisdicción”, reprochó el jefe de Estado.
Detalló que en la justicia ordinaria un 49 por ciento de los jueces son de carrera, 48 por ciento transitorios y el restante 3 por ciento está acéfalo; asimismo, el 65 por ciento de privados de libertad, más de 11.000 personas, permanece con detención preventiva, por demoras en sus procesos.
“Se prioriza lo administrativo por encima de la administración de justicia, propiamente, pero también se observa leyes que han quedado obsoletas y no acompañan las necesidades de justicia pronta para el pueblo boliviano, por ejemplo, la Ley del Órgano Judicial que establece una vacación obligatoria de 25 días, cuando existe en nuestro sistema una elevada mora procesal, tendríamos que revisar esta y otras normas para dar mayor celeridad a los trámites en nuestra justicia”, dijo el primer mandatario.
En ese sentido, Arce sugirió este lunes revisar la norma que otorga 25 días a los administradores de justicia, considerando que esa es una contradicción frente a la carga procesal que arrastran los tribunales del país, que perjudican a la población.
