Política

Human Rights Watch observa uso político de la justicia en los gobiernos de Morales, Áñez y Arce

La organización emitió su informe mundial 2022 que abarca a casi 100 países.

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Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2022, sostiene que el expresidente Evo Morales socavó la independencia judicial durante su gobierno. Del mismo modo señala que el gobierno de Jeanine Áñez promovió casos contra opositores con cargos infundados y que el gobierno de Luis Arce respalda acusaciones, sin la evidencia necesaria, contra Áñez, informó Página Siete Digital.

En ese documento, Human Rights Watch analiza las condiciones de Derechos Humanos en casi 100 países. Lo primero que señala de Bolivia, en un capítulo dedicado al país, es que  el sistema judicial nacional “sufre los efectos de la interferencia política desde hace años”.

En ese marco, da cuenta de que el expresidente Morales “socavó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder”.  Durante su gobierno -se lee en el informe- los fiscales presentaron cargos contra varios de sus adversarios que, aparentemente, respondían a motivaciones políticas.

Subraya que alrededor del 80% de los jueces y fiscales aún son “transitorios”, lo cual “aumenta el riesgo de que tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y así poder permanecer en el cargo”.

Respecto al gobierno de transición, el informe de Human Rights Watch indica que la administración de Áñez “presionó a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses”, dando lugar a investigaciones penales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva contra más de 150 personas vinculadas al gobierno de Morales. “En muchos casos parecían responder a motivaciones políticas”, señala Human Rights Watch.

En el reporte se rememora que después de ganar las elecciones de octubre de 2020, Arce sostuvo que el sistema de justicia debería ser independiente de la política y que a fines de ese año  estableció una comisión de expertos para plantear reformas.

“Sin embargo, en febrero de 2021, el presidente Arce decretó una amnistía que permitía la impunidad por delitos graves y parecía haber sido diseñada para favorecer a sus simpatizantes”, indica Human Rights Watch.

Se suma a ello que en marzo de 2021 las autoridades detuvieron a Áñez y a dos de sus exministros por terrorismo y otros cargos, en relación a su supuesta participación en “un golpe de Estado” contra Morales en noviembre de 2019.  “Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y no halló pruebas de que Áñez hubiera cometido actos de terrorismo o genocidio”, se lee en el Informe Mundial 2022.

El informe  también da cuenta de que en agosto de 2021 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicó un informe en el cual puso de manifiesto la falta de independencia del sistema judicial. “En respuesta, el gobierno de Arce revocó el decreto de amnistía de febrero de 2021.

En octubre, su gobierno firmó un acuerdo con organismos de la ONU para reformar el sistema de justicia, que incluye recibir recomendaciones de expertos nacionales e internacionales”, se agrega en el reporte de Human Rights Watch.

El informe de esa entidad ubica a Bolivia junto a Argentina, Perú y Guatemala, donde se detectó “diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos”, lo que amenaza el sistema democrático.

El informe observa que  Bolivia tan solo ha juzgado a unos pocos de los funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, “en parte porque las Fuerzas Armadas se han negado a compartir información en algunas ocasiones”.

Human Rights Watch también se refiere a la temática libertad de expresión y acceso a la información. Señala que el informe de la GIEI documentó decenas de ataques físicos contra periodistas  de policías, soldados y manifestantes durante las protestas relacionadas con las elecciones de 2019.  “El informe concluyó que las autoridades no habían realizado investigaciones adecuadas sobre estos ataques”, agrega.

Según el documento, la Asociación Nacional de la Prensa dio cuenta de casos de violencia contra periodistas de policías o manifestantes en 2021.

HRW expresa que aunque la Constitución reconoce el derecho de acceso a la información, Bolivia no cuenta con una ley para implementar ese derecho. “El gobierno informó que estaba trabajando en un proyecto de ley de acceso a la información, pero al 3 de noviembre de 2021 no lo había presentado”, concluye.


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