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El pasado 11 de octubre, Bolivia volvió a parar. Lo hizo después de esos 21 días que provocaron la renuncia del ex Presidente Morales y los pronósticos avizoran que volverá a parar a los pocos días que este artículo sea publicado. En los “gloriosos 21” el paro tenía como objetivo evitar que se consuma el fraude electoral y se emperne un Presidente cuya candidatura venía viciada desde el Referéndum del 21F. Hoy Bolivia para con la misión de abrogar una ley que amenaza vulnerar la presunción de inocencia y el debido proceso.
Si bien los objetivos de los paros no son iguales, el fin sigue siendo el mismo: los bolivianos no estamos dispuestos a aguantar el abuso de poder. ¿Porqué entonces hay tanta desconfianza frente a la promulgación de una simple ley y como se relaciona esta protesta con las anteriores? Las movilizaciones actuales se rebelan ante la ley 1386 que aprobó la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Nadie en su sano juicio, salvo (des)honrosas excepciones se oponen a que se investigue el dinero mal habido producto del narcotráfico, el contrabando y la corrupción. El problema es que existe una percepción generalizada que esta ley será utilizada para perseguir a quienes no comulgan con el gobierno.
Los ciudadanos se sienten en indefensión frente a un Estado todopoderoso que tiene el control absoluto de la justicia. Basta que ese Leviatán te apunte con el dedo para que secuestren todos tus bienes sin haberte podido defender en un juicio justo que respete el debido proceso, la presunción de inocencia y las demás garantías constitucionales inherentes a todo ciudadano boliviano. El problema entonces no es tanto la ley, sino el aparato de justicia. Mejor dicho, el problema es quienes controlan el sistema judicial. Ese mismo que fue utilizado para burlar la soberanía popular que determinó que un presidente no se puede volver a postular luego de dos periodos consecutivo.
El antídoto entonces es tener una justicia independiente, no solamente para asegurar que todos los ciudadanos nos beneficiemos de los principios y las garantías constitucionales frente a un proceso judicial, sino también para que sirva para poner freno frente a los abusos de poder. Por ejemplo, un Tribunal Constitucional está precisamente para eso, para hacer saber que nadie está por encima de la Constitución, no para avalar una postulación presidencial que estaba previamente vetada por la vía electoral.
La independencia judicial no es un tema que atañe solamente a los políticos opositores, sino para la ciudadanía en su conjunto se vea favorecida de un acceso a la justicia pronta, oportuna y sobre todo “justa”. Cuando un operador de justicia, en lugar de deberse a la ley se debe a quien lo puso en el cargo, se siente protegido, siente que no deben responder por sus acciones mientras cumpla con los caprichos requeridos por quienes los pusieron en el cargo.
El resultado es que nadie confía en la justicia. Esto afecta de sobremanera al desarrollo del país, ya que sin una justicia independiente, se erosiona uno de los pilares fundamentales del desarrollo: la seguridad jurídica, ya que nadie está dispuesto a invertir en lugares donde no se les asegure que su inversión esté garantizada. Por eso pienso que hoy, la tarea de la Bolivia democrática es dirigir todos nuestros esfuerzos en conquistar la independencia de la Justicia. No es una tarea fácil, ya que quienes tienen secuestrada a la justicia no están dispuestos a soltarla, pero los bolivianos hemos demostrado que cuando nos unimos por un objetivo en común no hay chicana que nos impida.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
