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Que el alcalde de Santa Cruz de la Sierra haya decidido ir con todo en contra del paro de 48 horas convocado por el comité interinstitucional, que se conformó en Santa Cruz para exigir al gobierno central la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en el primer semestre de 2023, ha desatado una crisis en el gobierno municipal que no solo le afecta a Jhonny Fernández. También tiene impacto negativo en el ya vapuleado sistema democrático nacional, y no apenas local, como muchos sostienen ya sea por ignorancia o por un juego político que apuesta a mostrar a Santa Cruz, una vez más, como el malo de la película. Una ignorancia o un juego al que alimentan muchos, y no solo Fernández.
Por supuesto que por ahora, tras las primeras repercusiones vistas en la capital cruceña, el más golpeado es Fernández. Basta ver la ola de indignación desatada en su contra, sea en las redes sociales o en la calle, a la que se suman las primeras renuncias de algunos de sus colaboradores más cercanos e incluso las propias reacciones del alcalde que dejaron de parecer solo muestras de soberbia o triunfalismo, para ser percibidas como señales más bien de miedo, por no decir de pánico ante el posible cierre anticipado de su gestión. No se puede interpretar de otra manera, por ejemplo, la rueda de prensa convocada para denunciar agresiones en su contra, pero señalando como víctima a su hija, embarazada.
Pero más allá del impacto directo que está sufriendo el alcalde, tanto en su imagen como en su gestión, ya blanco de una seguidilla de denuncias por corrupción -a la que se añade ahora la provocada no solo por su rechazo al paro, sino por la movilización de sus bases e incluso de funcionarios municipales para romper la medida-, está también el que provoca por añadidura en todo el movimiento ciudadano y político que se reactivó en Santa Cruz para exigir Censo en 2023. No hay duda que con el desmarque de Fernández y su alineamiento a la estrategia del gobierno central, que ha pateado el Censo para 2024, la pelea para adelantar el mismo se torna mucho más difícil de lo que ya es ahora. Y de yapa complica también la articulación de una presión nacional y no apenas regional.
Él único que sale ganando con este cuadro de situación es el gobierno central, que no está dispuesto a ceder ni un milímetro, ni siquiera a dialogar y negociar plazos. Gana no solo en su apuesta para postergar, por ahora, el Censo para 2024, sino también espacios en la disputa de poder y de control territorial en la capital cruceña, sumando puntos a los ya acumulados en la toma de tierra y territorio en otros municipios cruceños. Gracias esta vez a la comedida adhesión de Fernández, y no al voto popular. Una adhesión a la que el MAS no le retribuirá con dádivas ni apoyo político en caso de un revocatorio, sino todo lo contrario: aprovechará esa y cualquier otra coyuntura para golpear aun más a la gestión de Jhonny, buscando capitalizar a su favor esta crisis y hacerse del gobierno local.
Un extremo no imposible, si consideramos cómo actúa el partido de gobierno en su afán de poder total y control político. Una actuación que finalmente afecta no apenas a Santa Cruz, sino a todo el país. Que Fernández no haya medido este impacto, o que demuestre con sus acciones que le importa poco, es imperdonable, aunque no sorprende. Quien diga estar sorprendido miente o ha estado viviendo en Marte. Jhonny fue candidato y logró hacerse del poder local gracias no solo a la suma de votos (suma bien o mal hecha), sino a una suerte de alianzas subterráneas, gestadas y consolidadas entre operadores políticos y agentes económicos a los que les interesa un bledo la democracia y menos aun el Censo. Aquí radica el problema de fondo, y no apenas en lo que haga o deje de hacer Fernández.
