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El presidente Luis Arce ha iniciado públicamente la cuenta regresiva hacia el Bicentenario de la fundación de la República con su discurso del 6 de agosto en la Casa de la Libertad. Afirmó que se viene para el país la “segunda y definitiva independencia”. Dejó entrever que será encarada, salvo contigencias inesperadas, con el equipo ministerial que en su mayoría está con él desde hace dos años y nueve meses.
Decidió apostar por sus actuales colaboradores para llegar al 6 de agosto de 2025 con proyección política y terminar de concretar, en lo posible, la candidatura a la reelección presidencial, claro venciendo los obstáculos internos instalados por el evismo, buscando recuperar la simpatía de la población/electorado con obras, proyectos y actividades que produzcan un ambiente generalizado de celebración.
Por tanto, veremos pronto cómo todas y cada una de las acciones e iniciativas gubernamentales serán puestas bajo el paraguas comunicacional del Bicentenario y su difusión global seguramente demandará gastos importantes de recursos públicos para que se vayan poniendo en modo festejo quienes siguen en Bolivia y para los que tuvieron que dejar el país buscando un futuro mejor, y rompen récords en el envío de remesas, según Arce.
Los 200 años de independencia serán utilizados como una especie de amortiguador de los conflictos, los líos políticos internos y los problemas estructurales no resueltos. Tendremos un largo momento para que el regocijo intente eclipsar las demandas de la gente en términos económicos, políticos y sociales. Se alista una fiesta nacional que parece que no se reducirá a los actos protocolares del 6 de agosto de 2025.
Entre las temáticas de carácter estructural están por supuesto las señaladas por el mandatario en su mensaje: narcotráfico, corrupción, crisis judicial y violencia, además de los serios problemas económicos como la escasez de dólares, el agotamiento de las reservas de gas natural, el encarecimiento de precios de los productos de la canasta básica, el mantenido déficit fiscal y el ocultamiento del estado real de las reservas internacionales, entre otros.
Empezando por la lucha contra el narcotráfico, ¿cómo se pretende regionalizar el combate si Bolivia es excluida del intercambio de información clasificada y de los operativos multinacionales contra las mafias de las drogas por la desconfianza en las autoridades nacionales encargadas de la lucha contra las organizaciones narco?
Todo apunta a que el actual Ministro de Gobierno y sus tres viceministros permanecerán en sus cargos, tratando de administrar el negocio y evitando que surjan nuevos escándalos. No será para acabar con los carteles que operan en el país ni atrapar a los capos que cambian su identidad cuando les da la gana comprando documentos falsos en el país.
El narcovuelo, las narcotoneladas, las narcoavionetas, el narcobombardeo, la narcocisterna, la narcomadera y el narcofugitivo no merecen un relanzamiento de la estrategia de lucha estatal contra las drogas, obvio con nuevos ejecutores. Es suficiente, desde la perspectiva presidencial, enviar de viaje a tres viceministros para coordinar con autoridades de países vecinos y mostrar la anunciada regionalización.
En realidad, los viajes a Paraguay, Uruguay y Brasil pretenden aplicar medicina preventiva al caso Marset (decir que hubo coordinación con gobiernos de esos países), si el joven capo uruguayo es capturado en otro país y eventualmente es obligado revelar hasta dónde llegaron sus tentáculos en Bolivia y quiénes se beneficiaron al brindarle protección e impunidad.
En cuanto a la corrupción, además de los cuatro ministros que salieron del gabinete por extorsiones, tráfico de influencias, nepotismo y coimas millonarias, nadie puede garantizar que otros miembros del gabinete o de niveles inferiores no sean denunciados de actos irregulares cometidos en sus despachos o en unidades bajo su responsabilidad.
No haber promovido cambios en su equipo de ministros, a propósito de esa lacra, es una muestra de que son depositarios de la confianza del mandatario en un tema que ha golpeado duramente a su gestión desde el 8 de noviembre de 2020, y puede ocurrir lo mismo en cualquier momento, pese a que las licitaciones y contrataciones se realicen en línea, como anunció Arce en la ciudad de Sucre.
En cuanto al tema de la crisis judicial, queda claro que el factor que ha impedido una y otra vez la reforma del sistema es el Ministro de Justicia con anuncios y sabotajes al mismo tiempo, todo para que la administración de justicia boliviana siga bajo órdenes del poder político y sea la principal herramienta de persecución de opositores.
En una actitud pilatuna, Arce dejó a las fuerzas políticas que componen ahora la Asamblea Legislativa que hallen una solución concertada para la realización de las elecciones judiciales, aunque expresó su sensación de que no resolverán la crisis que atraviesa, mientras el ministro seguirá haciendo de investigador, fiscal, juez y magistrado en casos de interés del Ejecutivo.
Arce decidió no dar el golpe de timón relanzando su gestión, refrescando su equipo ministerial. Tal vez no encontró gente con solvencia y trayectoria para que asuma la conducción de las áreas sensibles en la recta final de esta gestión gubernamental. Tal vez los comandantes políticos que tiene ahora son suficientes para la conquista de la “segunda y definitiva independencia” del país. Una oportunidad perdida.
