Dos líderes políticos se suman al rechazo de diez sectores al proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas
Este jueves de pronunció Samuel Doria Medina. Ayer lo hizo Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana.
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Samuel Doria Medina, empresario y jefe político, pidió este jueves la suspensión del tratamiento del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas en la Asamblea Legislativa para evitar un “gran conflicto”. Ayer, el principal dirigente de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, sostuvo que esa norma es inconstitucional y es un instrumento de “persecución y chantaje” contra la sociedad boliviana.
“Lo más sabio sería que el MAS suspenda su tratamiento en el Senado y evite un gran conflicto”, señala el mensaje de Doria Medina en su cuenta de Twitter. Agrega que “el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas tiene tantos problemas y es tan riesgoso que ya ha generado la oposición generalizada de la población”.
Al menos diez sectores del país cuestionaron el contenido del proyecto de Ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados y debe ser considerado en el Senado porque el gobierno controlaría todas las actividades de la sociedad a través de la Unidad de Investigación Financiera.
Francisco Figueroa, principal dirigente de los gremialistas a nivel nacional, anunció este miércoles la realización de un paro en todo el país el 11 de octubre en caso de que la administración de Luis Arce insista con la aprobación del proyecto de Ley
Mesa señaló en sus redes sociales que la propuesta oficialista es “inconstitucional” y dotará al MAS de otro instrumento para la “persecución y chantaje”, además de amenazar los derechos de gremiales, periodistas, transportistas, comerciantes, iglesias, ONG y otros sectores.
La iniciativa legislativa del masismo contempla que no se podrá invocar secreto profesional, reserva o de confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comerciales, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otros, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras, que depende del Ministerio de Economía, exija información dentro de sus atribuciones.
