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Bolivia ha fracasado en el desarrollo de la institucionalidad que caracteriza a un estado moderno. La ineficiencia, la corrupción y la inexistencia de un estado de derecho, caracterizan una falla nacional que deteriora la vida de las personas, convirtiendo a las instituciones estatales en una amenaza y un obstáculo para la libertad, la seguridad y el progreso. Este es el gran desafío para lo que nos queda del siglo XXI, construir instituciones que garanticen efectivamente las libertades individuales y generen un estado que ofrezca condiciones propicias para el progreso y la prosperidad de quienes habitan el territorio nacional.
El 2025 cumpliremos 200 años de la fundación de la República de Bolivia y ni siquiera existe un ambiente de análisis y debate público sobre cómo llegaremos al Bicentenario, cuáles son los problemas estructurales que nos convierten en el país más atrasado de Sudamérica y uno de los más empobrecidos del continente.
En mi opinión, la falta de instituciones es una de las principales causas de nuestro subdesarrollo. Las instituciones, como nos enseñó el premio nobel de economía, Douglas North, no son sólo las entidades públicas ni las normas escritas, como la Constitución y las leyes, sino especialmente las reglas no escritas que rigen nuestro comportamiento social, las conductas que compartimos y las que condenamos, el grado de tolerancia frente a la corrupción, por ejemplo; en el fondo el nivel de cultura ciudadana y el grado de exigencia de la sociedad civil frente a los gobernantes.
Sin embargo, también las instituciones son las entidades públicas, la calidad de las leyes y el grado de respeto de autoridades y ciudadanos frente a las normas. En todos estos campos nos aplazamos.
Las entidades públicas, no cuentan con una carrera de servicio civil que profesionalice los servicios públicos en base a la meritocracia, procesos abiertos de selección de los funcionarios, transparencia y acceso libre a la información pública, así como rendición de cuentas efectiva frente a la sociedad civil. Cuando cambia una autoridad, alcalde, gobernador o presidente, cambian todos, desde los niveles más altos hasta los niveles más sencillos.
La Constitución fue fruto de un proceso fallido en el cual la falta de voluntad de construir un auténtico pacto social que incluya y represente al conjunto de la sociedad y los departamentos de Bolivia, socavó las bases estructurales que deberían constituir los cimientos de una nación boliviana que se integra en su diversidad. Peor aún, las leyes posteriores ni siquiera respetan la Constitución que dicen desarrollar. La carencia de un Tribunal Constitucional independiente abre las puertas para que se aprueben leyes, decretos y resoluciones que violan la Constitución y las garantías que en ella se establecen, sin que los ciudadanos tengan un tribunal al cual acudir para encontrar una protección efectiva a sus derechos.
Consecuentemente, la mayor parte de los bolivianos vive fuera de la legalidad. El hecho de que alrededor del 80% de los bolivianos se vean obligados a trabajar y subsistir en la informalidad, es la mejor prueba de que el Estado, en lugar de ser visto como un aliado de los ciudadanos, es percibido como una amenaza y un obstáculo para la prosperidad individual y colectiva, un estado opresor, que asfixia a los ciudadanos y a sus emprendimientos, mediante un sistema generalizado de recaudación paralelo que no genera ingresos para las arcas estatales sino para sus administradores.
Esta visión contradice el mito sobre el cual se ha construido el relato político boliviano desde hace más de un siglo, por el cual somos pobres siendo ricos, porque los otros (colonizadores, transnacionales, etc.) se aprovecharon de nuestros recursos naturales. Se ha impuesto en la educación y en la cultura, el relato de que nuestras riquezas naturales serían suficientes para que todos vivamos de ellas.
La realidad, es que la principal culpa es nuestra, la incapacidad de construir un estado institucionalizado en los ya casi 200 años de historia republicana. Esto ha sido de los gobernantes en su mayoría marcados por la demagogia y el populismo, pero también del pueblo, porque los políticos no vienen de otro planeta, sino que son fruto de la sociedad de donde salen y a la cual reflejan. Construir una nueva cultura ciudadana será el principal desafío si queremos cambiar el destino de Bolivia en este siglo XXI.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
